“El gobierno le teme al pueblo…por eso tiene tantos soldados y policías. Tiene un miedo muy grande. En consecuencia, es muy pequeño. Nosotros le tenemos miedo al olvido, al que hemos ido achicando a fuerza de dolor y sangre. Somos, por tanto, grandes.” Sub-Comandante Insurgente Marcos, EZLN.

El reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas de Venezuela en 1999 supuso un avance positivo en la historia de segregación, explotación, marginamiento y desprecio consuetudinario que éstos padecieran desde la invasión europea al extenso territorio de Abya Yala, nuestra América. Sin embargo, la ponencia del Tribunal Supremo de Venezuela del pasado 31 de julio, a través de la Sala Constitucional, que declaró inadmisible el amparo procurado por representantes del pueblo yukpa de la Sierra de Perijá, en el estado Zulia, en contra del cacique Sabino Romero, deja prácticamente convertida en letra muerta dicho reconocimiento.

Los yukpas solicitaron que se declarara sin lugar la decisión de la Corte de Apelaciones Número 2 de esta entidad federal respecto al juicio que se le sigue a Romero, además de a otros indígenas, acusados todos de homicidio calificado y lesiones por un problema de tenencia de tierras (las cuales comprenden, por cierto, una franja de explotación de minerales de carbón, fosfato y uranio, además de ser apetecidas por hacendados), acaecido el 13 de octubre de 2009, considerando que el artículo 260 de la Carta Magna venezolana establece que “las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos (…)”, algo que se podría ampliar con la interpretación y aplicación del artículo 119 del mismo texto, al hablar del reconocimiento de las instituciones del Estado de su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, entre otros derechos inalienables. Según el reclamo de los yukpas, la justicia ordinaria penal es incompetente para juzgar este caso, basándose en lo enunciado en la Constitución y en los acuerdos internacionales suscritos y ratificados por Venezuela que le reconocen a los pueblos indígenas una jurisdicción especial, algo que ahora se pone a prueba con este amparo denegado por el TSJ.

En esta situación, los poderes del Estado venezolano estarían contradiciendo el espíritu de la máxima ley de los venezolanos, no obstante conocer que los hechos se suscitaron en un territorio indígena, siendo protagonizados por indígenas, lo cual -de aceptarse la legitimidad del reclamo yukpa- no choca con los demás derechos admitidos y garantizados constitucionalmente. Sin embargo, es innegable que aún existe un prurito clasista y conservador en las instituciones públicas de este país que les impide adecuarse a las corrientes del tiempo histórico que se vive en éste y resto de naciones de nuestra América, en especial con lo que corresponde a la total transformación de los poderes públicos, en concordancia, precisamente, con los postulados de la Constitución bolivariana.

Como escribiera, a propósito de este tema, Francisco Sierra Corrales: “Más valor y posiciones de avanzada ha tenido la judicatura Colombiana, a pesar de reinar un régimen terrorista de ultraderecha, gobernado por el narco-paramilitarismo y una constitución de democracia representativa y no obstante han tomado decisiones, en donde magistrados y jueces han enjuiciados a connotados jefes del régimen, le negaron la segunda re-elección al capo mayor y ahora le han abierto averiguación al hijo de Uribe y han destapado el caso de la fosa de la Macarena, con paracos armados hasta los dientes y las tropas yanquis de respaldo, apuntándolos al corazón o a la cabeza”. En tiempos supuestamente revolucionarios y socialistas, ésta sería la mejor oportunidad de demostrar la disposición de cambiar sustancialmente el viejo modelo civilizatorio en que nos desenvolvemos, sin las contradicciones ni las injusticias que le son característicos.-

¡¡¡REBELDE Y REVOLUCIONARIO!!!
¡¡Hasta la Victoria siempre!!
¡¡Luchar hasta vencer!!
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Homar Garcés (Aporrea, 05.08.10, http://aporrea.org/ddhh/a105419.html)

Una respuesta

  • En mi opinión, considero acertado el enfoque dado por el señor Homar Garcés al caso del Cacique Sabino Romero y sus compañeros encarcelados por el Estado venezolano, puesto que aquí muchos políticos y funcionarios del gobierno se jactan de afirmar que todo ha cambiado en este país con su pretendido socialismo. Realmente, este es un caso que podría dar pie para que el resto de pueblos indígenas luchen por que sus derechos ancestrales no terminen por ser sencillamente letra muerta en nuestra Constitución, impidiéndoseles ejercelos según sus patrones de vida.

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