El Contralor General de la República, Clodovaldo Russián, entregó el 10.08.10 ante la Asamblea Nacional la Memoria y Cuenta 2009 de su gestión. En su discurso de presentación el funcionario expresó que «Nos preocupa que todavía los informes de la Contraloría continúen siendo la escabrosa repetición del rosario de fallas y deficiencias recurrentes en la administración pública, que cargamos como una pesada herencia. Aún es materia pendiente la modernización del Estado venezolano y su transformación en el instrumento redentor que nuestros compatriotas reclaman y merecen». El Contralor recordó que persisten las prácticas de corrupción administrativa, sosteniendo que ese dinero «va a recalar en el torrente del sistema financiero capitalista, va a las principales fuentes y lugares de esparcimiento mundial, a los sistemas de tráfico inmobiliario de mayor alcurnia, entre otros. Sin embargo, con el mayor de los desparpajos y la más descarada de las hipocresías, desde esos mismos sectores se pontifica sobre la lucha contra la corrupción, se proclama quien hace más o menos en el mundo para erradicarla, e incluso que país es más o menos corrupto; pero esos sectores usufructuarios no aportan un gesto de cooperación siquiera, para repatriar capitales malhabidos y depositados en sus arcas». Sobre la práctica de la corrupción la Contraloría informó que durante el 2009 practicó 162 investigaciones administrativas; impuso 46 multas y formuló 5 reparos e inhabilitó a 70 ciudadanos para el desempeño de cargos públicos.
Recordando algunas de las advertencias realizadas en informes anteriores, se hizo énfasis en dos áreas. En el área de la vivienda reiteraron «el Estado no ha logrado la concreción de una gestión unificada en la planificación, coordinada en la ejecución, eficaz en los resultados y controlada en las adjudicaciones a los beneficiarios”. Esta situación persiste como alerta continuada para que las autoridades apliquen con urgencia los correctivos necesarios para solucionar el crónico défict habitacional, una de las rémoras de la marginalidad que el Estado no ha podido solventar con eficacia, no sólo para vergüenza de la gerencia pública, sino de frustración de las capas medias y populares de la sociedad». En materia alimentaria el Contralor recordó que «advirtió tempranamente la situación e informó concretamente de hechos, acciones y omisiones, ha continuado trabajando en el marco de sus competencias legales, para determinar y hacer efectivas las responsabilidades a que haya lugar», refiriéndose a la situación de los containers de alimentos descompuestos. Sobre esta situación recomendó «las investigaciones emprendidas por el Ministerio Público y por las instancias administrativas acerca de esos “hallazgos”, con respecto a las cuales ya han comenzado a producirse resultados, deben continuar con el mismo rigor y empeño».
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