Acaban de reunirse en Quito los ministros de Comercio y Relaciones Exteriores de los países del continente americano, con el propósito de deliberar sobre la marcha del proceso de integración, que se realiza desde 1994, cuando en la Primera Cumbre de las Américas el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica planteó la iniciativa de crear una zona de libre comercio que uniera a los países de la región, con excepción de Cuba, a partir del 2005.
La controversia acerca de quiénes son los beneficiarios y los desfavorecidos de los acuerdos internacionales de libre comercio lleva ya unos años. Sin embargo, a medida que se planteó la iniciativa del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y su intencionalidad de expandirse hacia otros ámbitos más allá de la liberación de aranceles, las organizaciones de derechos humanos del continente comenzaron a estudiar las consecuencias que las políticas de liberación comercial pudieran tener sobre la vigencia, goce y disfrute de los derechos humanos.
Una primera evidencia es que los partidarios del libre comercio no toman en cuenta las obligaciones y compromisos que los Estados asumieron en materia de derechos humanos. A partir de la Conferencia Mundial de Viena en 1993, la mayoría de los Estados acordaron que proteger y promover los derechos humanos era una responsabilidad primordial de la comunidad internacional de naciones. Sin embargo, si se analiza el marco constitutivo de la Organización Mundial de Comercio (OMC), se podrá apreciar que en ningún momento toma o hace referencia a la Carta de Naciones Unidas, ni menos aún al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En opinión de las investigadoras canadienses Diana Bronson y Lucie Lamarche, los Estados actúan en el plano comercial “como si el derecho mercantil internacional fuera ley suprema y no tuviera relación alguna con sus compromisos fundamentales en el terreno de los derechos humanos”. Estas mismas autoras, – partiendo de la base de que los derecho a la alimentación, a la educación, a la salud y a la identidad cultural son fundamentales para el desarrollo de la persona humana, y que los mismos son afectados negativamente por el proceso de libre comercio-, se hacen una serie de preguntas, sobre las que vale la pena que el lector reflexione como primer paso para abrir un debate nacional sobre este tema.
Algunas de ellas son las siguientes: “¿Cómo acceder a medicamentos bajo condiciones y precios convenientes si el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de propiedad Intelectual relacionados con el Comercio restringe la producción de marcas genéricas? ¿Cómo alimentarse cuando la agroindustria determina y modifica genéticamente las características de los alimentos, privilegiando la exportación al extremo de privar de ellos al mercado local? ¿ Cómo proteger el acceso al agua potable, en circunstancias que las estrategias de los Estados consisten en privatizar este recurso esencial a la realización del derecho a la salud? ¿Cómo desarrollarse económicamente como pueblo cuando el conocimiento está siendo patentado desde la partida y la educación comercializada por las empresas y países que disponen medios para ellos?”.
Es indudable que el comercio es un mecanismo que permite crear riqueza. Sin embargo, cuando se da en condiciones de desigualdad, incrementa la pobreza y aumenta la exclusión social. Por ello, para que la mayoría de la población tenga acceso a medicamentos genéricos a bajo costo y de calidad y a alimentos nutritivos y suficientes, no basta con la acción de las fuerzas del mercado, sino que resulta imprescindible la actuación proactiva del Estado. Los fines de un comercio justo y coherente con el derec ho internacional de los derechos humanos deben ser la promoción de la soberanía y el desarrollo económico, la garantía de una vida digna, el bienestar social y la reducción de la pobreza y la exclusión.
Raúl Cubas
Coordinador de Provea (1995-2001)
