A seis meses de los diversos delitos y violaciones de derechos humanos ocurridos entre el 11 y el 14 de abril de 2002, las investigaciones y procesos judiciales son insatisfactorios. Los hechos relevantes ocurridos en estas fechas, entre ellos, las muertes y el golpe de estado, siguen impunes. Tenemos una justicia lenta, débil y de escasa credibilidad ciudadana que se desnuda en su actuación frente a estos hechos. Los avances no alcanzan a satisfacer el anhelo de justicia y contribuyen a acrecentar el deterioro de las instituciones.
La debilidad institucional tiene raíces largas que abrevan en el desdén por el respeto a los procedimientos constitucionales. Por ello, el 15 de abril exigimos a la Asamblea Nacional que formulará un proceso de relegitimación de los Poderes Ciudadano y Judicial. Poderes cuyas autoridades fueron designadas por mecanismos distintos a los establecidos en la Constitución. Igualmente solicitamos a los representantes de esos Poderes que facilitaran este proceso.
Creemos que ésta es una de las moras de la Asamblea Nacional que contribuye a la debilidad de estas instituciones y con ello enrarece el actual momento nacional.
Por otra parte, la polarización política y social también afecta negativamente las posibilidades de lograr justicia en los casos de abril. Enormes e indebidas presiones, de uno y otro polo del espectro político, se ejercen hoy contra los organismos responsables, al tiempo que en la sociedad hay una valoración radicalmente diversa de esos hechos. Para citar un ejemplo: hoy no todos están convencidos de que en Venezuela hubo un golpe de Estado, pese a que las evidencias públicas desbordan cualquier mínimo necesario para un análisis imparcial. Por el contrario, algunos de quienes, desde el mundo militar, cometieron delitos, son considerados hoy como líderes políticos. El militarismo, ese del que hace gala el gobierno de Chávez y también el que vemos en la plaza Francia, es hoy uno de los obstáculos para lograr justicia.
La sociedad venezolana tiene como desafío superar los obstáculos que hoy nos expropian las posibilidades de justicia y verdad. Una exigencia que demanda temple y fiereza democrática.
Carlos Correa
Coordinador de Provea
