Para quien fue víctima de una dictadura militar como la sufrida por los argentinos entre 1976 y 1983, y que tuvo la suerte de ser acogido como refugiado por la Venezuela democrática a finales de la década del 70, es una obligación ética realizar todos los esfuerzos necesarios para impedir que el golpe de Estado sea aceptado como una estrategia válida para dirimir las controversias políticas y sociales que hoy enfrenta la sociedad venezolana.
Los hechos que vivimos los días 11, 12, 13 y 14 de abril, que dejaron como saldo numerosas personas muertas, heridas, detenidas y torturadas, se dieron en el marco de un golpe de Estado, afortunadamente fallido, que hasta el día de hoy no ha sido eficazmente investigado, ni los responsables sancionados por el sistema de administración de justicia.
La lenta y poco eficaz actuación del Ministerio Público en la investigación de las violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos durante esos cuatro días, la lamentable y politizada sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el antejuicio de mérito de cuatro de los militares implicados en dicho golpe, las parcializadas y contrapuestas conclusiones de la investigación parlamentaria sobre los mismos hechos, la falta de consenso y voluntad política para aprobar la creación de una Comisión de la Verdad independiente y autónoma, el reiterado llamado del gobierno a desconocer y tratar de modificar la sentencia del TSJ y la insistencia de los sectores más beligerantes de la oposición en “salir de Chávez como sea”, son hechos claros e indicativos de la debilidad de las instituciones democráticas y, más aún, de la poca conciencia democrática de la mayoría de la dirigencia política e inclusive social del país.
Como miembro Asociado de Provea, comparto los esfuerzos institucionales por lograr verdad y justicia, por crear las condiciones para un diálogo nacional incluyente y por fortalecer la vigencia del Estado de Derecho, y es por ello que creo oportuno compartir las principales propuestas contenidas en la “Declaración contra la violencia, por el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos”, como un camino para hacer efectiva en Venezuela la consigna “Nunca Más un golpe de estado”: 1) exigir a los sectores adversos y afines al gobierno nacional que procesen sus diferencias a través de los mecanismos establecidos en el ordenamiento legal vigente, los cuales garantizan el respeto a la voluntad popular; 2) respaldar críticamente todas las iniciativas, de los sectores afectos o adversos al gobierno nacional, que favorezcan el diálogo, la tolerancia, el reconocimiento del Otro, el respeto a la institucionalidad democrática y la lucha contra la impunidad; 3) solicitar a los medios de comunicación social, tanto públicos como privados, su colaboración en la creación de un ambiente social propicio para el diálogo; 4) exigir a la Fuerza Armada Nacional que no se convierta en un actor político de la vida nacional y que respete estrictamente el orden constitucional vigente; 5) comprometer nuestra voluntad para crear espacios de encuentro favorables al estímulo de la participación popular, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, los procesos de inclusión social y la vigencia plena de todos los derechos humanos.
Creo que mientras más consolidemos la democracia, en la misma medida disminuirán las amenazas de golpe. Para defenderla debemos exigir al gobierno que ejerza su rol manteniendo la sensibilidad social; y a la oposición, que utilice el disenso con madurez y no obstruya “porque sí”.
Los defensores de los derechos humanos debemos liderar los esfuerzos en procura de la unión nacional y evitar los enfrentamientos estériles entre quienes realmente quieren vivir en democracia. La defensa de la institucionalidad y la participación democrática, es la vacuna contra cualquier intento de golpe en el futuro.
Raúl Cubas
Miembro Asociado de Provea
