Lo trasladaron como otras tantas veces. Salió de Patrulleros de Caroní, su reclusorio, como un preso común custodiado por efectivos de esa comandancia. Dos horas antes de la audiencia el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González, mandaba mensajes de texto a sus familiares.
La primera audiencia de juicio no podía ser perfecta. Pocos minutos después de llegar, en un acto informal, se les informó a González y a sus abogados que la audiencia sería diferida: la juez Magda Hidalgo, del Tribunal Penal Sexto de Juicio, no asistió a la primera audiencia.
Algunos trabajadores y dirigentes sindicales permanecían afuera, esperando conocer si este viernes habría sentencia. La noticia no tomó por sorpresa a sus defensores, Frank Silva e Italo Atencio. “Recordemos que este es un juicio político”, dijo Silva sin mayor sorpresa vía telefónica.
Informalmente los abogados se enteraron de una posible nueva fecha, el 18 de septiembre. “¿Qué podemos decir? Esto es una nueva arbitrariedad, no hay que olvidarse que este es un caso político”, reiteró Silva.
El laborista considera que en menos de 20 días un caso como el de Rubén González podría ser resuelto, pues deben evacuar al menos 170 testigos, de los cuales más de 120 pertenecen a la defensa de González.
“No convenía promover todos esos testigos antes de las elecciones, daba tiempo. Lo que nos queda es seguir esperando y dar un voto de confianza”.
Secuestro público
Mientras González esperaba la audiencia de juicio, trabajadores y organizaciones de derechos humanos se concentraron en Caracas, frente a la Fiscalía General de la República para manifestar solidaridad con el dirigente ferrominero.
Armando Guerra, dirigente sindical despedido de Hidrocapital y quien participó en esta protesta, manifestó que la situación del defensor de los trabajadores es un “secuestro”.
“Es una forma de agonía que le están dando a Rubén González, precisamente para mantenerlo en esta situación porque de esta manera lo están aislando de los trabajadores, lo están aislando del proceso sindical y así mantienen desinformados a los trabajadores. Prácticamente es un secuestro, de su hábitat natural que era la convivencia con los trabajadores y la pelea por el respeto a la contratación colectiva.
Para Guerra se está aplicando una fórmula de “terror” a los trabajadores. “Es buscar que los trabajadores en Guayana se desmovilicen, por otro lado, está el problema electoral, donde tratan de desvincular las candidaturas obreras del proceso de los trabajadores”.
Alguna organización
El dirigente de Sintraferrominera, Omar Marcano, explicó que no hay grandes movilizaciones porque dentro de la empresa hay amenazas. “La gente de Ciudad Piar está molesta y hay un gran sector en Puerto Ordaz que también lo está, pero los gerentes amenazan a los trabajadores”.
Cree que los trabajadores se organizarán para dar una respuesta más contundente a la criminalización de la protesta y a la detención de su dirigente.
Un “SOS” a la OEA
El Sindicato Único de Empleados Públicos (Sunep-CVG) invita a todas las organizaciones sindicales, especialmente a los directivos y trabajadores del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera) a firmar este próximo lunes, en la sede de Sunep, la carta en la que se le solicita a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adherir la causa de Rubén González a la queja interpuesta por Sunep-CVG (caso 2.763).
La misiva dirigida al director general de la OIT, dice así: “La situación procesal del compañero Rubén González ha sido denunciada ante el Comité de Libertad Sindical, en el marco del caso 2.763. La decisión de diferimiento del juicio penal significa que se prolonga aún más la privación de libertad de Rubén González, quien el 24 del presente mes de septiembre va a cumplir un año de prisión. Se produce también, por cierto, cuatro días después de la muerte en cautiverio hospitalario del productor agropecuario Franklin Brito, quien sucumbió sin resultados a una larga huelga de hambre”.
“Queremos solicitar el pronunciamiento más categórico posible del Comité de Libertad Sindical contra este nuevo diferimiento de la decisión del proceso penal que se sigue a Rubén González, que por inercia lo mantiene en prisión”.
El documento coloca de “gravedad” la restricción a la libertad del dirigente. “Es grave porque se mantiene así la amenaza que pende sobre los trabajadores o dirigentes sindicales que sientan la tentación de protestar por la violación de sus derechos laborales.
Por todo esto es preciso que de una forma o de otra se ponga fin cuanto antes al proceso de Rubén González y a todos los demás procesos seguidos a trabajadores y dirigentes sindicales en espera de sentencia. Por ello solicitamos que se haga un llamamiento urgente al gobierno para que haga cuanto esté a su alcance a fin de que el Ministerio Público retire los cargos formulados contra trabajadores y dirigentes sindicales por haber realizado manifestaciones de protesta, y se ponga fin a los procesos penales intentados contra ellos”.
