La desacreditación y criminalización de las organizaciones sociales por parte del gobierno del presidente Hugo Chávez fue cuestionada por el partido Patria Para Todos (PPT) que insistió en que estas son parte indispensable de la democracia participativa y protagónica que, supuestamente, promueve la revolución bolivariana pero que en realidad pretende «debilitar cualquier resquicio de empoderamiento autónomo de la sociedad».
La candidata por el Circuito 3 de Caracas, Margarita López Maya, señaló que este Gobierno escoge ciertas ONG «para primero desacreditarlas, luego criminizarlas para que se les abra un juicio y debilitarlas hasta hacerlas irrelevantes, quieren hacerlas aparecer como si cometieran algún delito por recibir financiamiento internacional».
En una rueda de prensa en la sede del PPT, la profesora López Maya indicó que en el marco de la campaña electoral se han registrado acciones contra organizaciones de trabajadores, de vigilantes de derechos humanos, de promotores culturales y de desarrollo comunitario que reflejan «lo mucho que este Gobierno, y el partido de Gobierno, se han apartado del proyecto respaldado en el año 1999».
Un caso emblemático, ilustró, es el de Rubén González, presidente del sindicato de Ferrominera, detenido aun por haber ejercido el derecho a huelga.
«Un estado polarizado, donde se confunde al Estado con el Gobierno y ambos con el PSUV, y que parece que ya no considera como ciudadanos con derechos humanos a quienes disienten de sus puntos de vista, se añade la criminalización a ONG que vigilan el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información», indicó antes de agregar que el PSUV ha denunciado a más de 20 organizaciones civiles como Provea, Sinergia, y Cofavic.
Además, manifestó que se trata de una arremetida del PSUV «contra toda expresión de independencia o autonomía de la sociedad que «evidencia la vocación totalitaria del modelo de socialismo del siglo XXI que están adelantando». López Maya aseguró que es «totalmente legítimo» el financiamiento internacional». «El accionar de las ONG forma parte de la necesaria contraloría social», añadió.
Para López Maya la Fiscalía ha sido «cómplice» al llegar al extremo de exaltar al Poder Central y dejar desprotegidos a ciudadanos que no están con el PSUV. Expresó que si alguna ONG quebranta la Ley debe ser investigada individualmente sin descalificar a otras. (Sara Carolina Díaz, El Universal, http://www.eluniversal.com/2010/09/09/pol_art_ppt-rechaza-acoso-de_2032314.shtml)
