Claudio Enrique Macías Briceño fue detenido en Maracaibo, la mañana del 7 de agosto de 2007, por funcionarios de la Policía Regional. Lo trasladaron al retén El Marite y al día siguiente fue hallado muerto. Sus familiares señalaron detención arbitraria, al precisar que no se le respetó su condición de funcionario de la DIM. Lo hallaron ahorcado en una celda del pabellón B del retén El Marite. Sin embargo, el análisis forense mostró la fractura de la columna y el desprendimiento de brazos y piernas, que presume que fue torturado dentro de las instalaciones policiales. Macías tenía un expediente policial abierto por intento de homicidio contra Mervin Enrique Lozano Dávila; por extorsión e intento de homicidio a Alexander Morán; por droga, según expediente C-433003 del CICPC, de fecha 2 de febrero de 1987. El oficio 3597 reza que también sirvió de intermediario en el robo de un vehículo. Uno de los funcionarios policiales señalados de participar en los hechos que derivaron en el fallecimiento de Macías es José Sánchez «Mazuco», quien recientemente fue electo como diputado por la Mesa de la Unidad en los comicios del 26S.
Sobre este caso, el Universal del día de hoy publica la siguiente nota:
«El 23 de septiembre, tres días antes de que los venezolanos concurrieran a las urnas para renovar la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió «solicitar de oficio» el caso relacionado con el proceso al ex secretario de Seguridad Ciudadana del Zulia, el comisario José Sánchez «Mazuco», quien resultó electo diputado en esos comicios, para revisarlo; y ya hay quienes temen que el máximo juzgado busque una manera para evitar su excarcelación.
La Sala de Casación Penal recibió el expediente este lunes y su presidente, magistrado Eladio Aponte Aponte, se lo reservó, de acuerdo con la cuenta número 176 de esa instancia.
La petición despierta suspicacias, pues más de 72 horas después de los comicios legislativos en los que el comisario fue electo por el Zulia el Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía no lo ha proclamado y, por lo tanto, no disfruta de la inmunidad parlamentaria que le permitiría dejar los calabozos de la policía política, donde permanece recluido desde hace meses acusado de homicidio, privación ilegítima de la libertad y quebrantamiento de tratados internacionales.
En predios del máximo juzgado no descartan que a Sánchez lo mantengan tras las rejas, aplicándole el mismo criterio que a los comisarios del 11 de abril de 2002, a quienes la Fiscalía procesó por estar implicados en varios asesinatos y después la Sala Constitucional dictaminó que esos hechos podían considerarse crímenes contra los derechos humanos.
La Constitución en su ar- tículo 29 establece que las personas señaladas por delitos de lesa humanidad «quedan excluidas de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía». Por esta razón, los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovis no fueron enjuiciados en libertad, pese a que tenían más de dos años tras las rejas y tampoco fueron beneficiados del perdón presidencial dictado en la Nochevieja de 2007.
«Seguramente la Sala Penal declinará la competencia en la Sala Constitucional, para que ella le aplique esta tesis a Sánchez, impidiéndole ejercer de diputado», señaló la fuente.
Este temor es compartido también por el ex decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela, Alberto Arteaga Sánchez, quien no obstante consideró que la elección del comisario no necesariamente implica que los delitos por los que le acusa vayan a quedar impunes.
«La inmunidad parlamentaria no es una medida que favorece la impunidad, pues ella lo que hace es que suspende el proceso mientras dura el período del legislador, pero una vez concluido el proceso puede reanudarse», afirmó, al tiempo que agregó: «La inmunidad no genera impunidad, porque no hay riesgo de que el caso prescriba».
Otro en la mira
Desde el TSJ también hay quien descarta un fallo desfavorable contra Sánchez, pues recuerdan que entre los diputados oficialistas electos está Róger Cordero Lara, quien fuera comandante de la Aviación y que está siendo investigado por participar en la masacre de Cantaura, ocurrida en 1982.
«Si se impide que el comisario ejerza, lo mismo debería ocurrir con el general, quien también está señalado de estar incurso en crímenes contra los derechos humanos», afirmó el informante.
Organizaciones como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) cuestionaron la decisión de los partidos oficialistas de postular al uniformado retirado». (Juan Francisco Alonso, 30.09.10, http://www.eluniversal.com/2010/09/30/pol_art_tsj-solicito-el-caso_2054319.shtml)
