La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esa que es tan defendida y tan violada establece en su artículo 134 «Toda persona, de conformidad con la ley, tiene el deber de prestar los servicios civil o militar necesarios para la defensa, preservación y desarrollo del país, o para hacer frente a situaciones de calamidad pública. Nadie puede ser sometido a reclutamiento forzoso». Es decir, el deber que me impone la Constitución es prestar servicios civiles o militares (uno de los dos), servicios que pueden ser de defensa, preservación y desarrollo o hacer frente a situaciones de calamidad.
La Constitución da opciones, militares o civiles, nunca únicas. El artículo 56 de la Ley de Conscripción y Alistamiento Militar «Los venezolanos y venezolanas de conformidad con la Constitución de la República, tienen el deber de inscribirse en la Junta de Conscripción más próxima a su residencia o domicilio, dentro de los noventa días siguientes a la fecha en la cual cumplen la mayoría de edad. Los venezolanos y venezolanas residenciados o residenciadas en otros países, cumplirán el deber establecido en este artículo, a través de las representaciones diplomáticas o consulares, acreditadas por la República Bolivariana de Venezuela.»
La ley parte de un falso supuesto, lo que evidencia su inconstitucionalidad, la Constitución en ningún momento establece la obligación de inscripción en el Registro Militar. La invitación es a no inscribirnos en el Registro Militar, a ejercer nuestro derecho humano a la objeción de conciencia, a demandar la inconstitucionalidad de la norma que impone la obligación de Registro y sobre todo aquella que impone sanciones por su inobservancia.
Los venezolanos somos seres libres, la dignidad, la libertad y la igualdad son nuestras principales exigencias. Debemos actuar de conformidad con esas exigencias, no podemos permitir que por no estar inscritos en un Registro Militar se nos prive de derechos civiles.
La obligación de presentar la inscripción en el Registro Militar para tener acceso a derechos civiles, como por ejemplo lo es la educación, es inaceptable. Si nos inscribimos hacemos el juego, si nos inscribimos bajamos la cabeza, si nos inscribimos estamos siendo sumisos ante otra norma más que es evidentemente inconstitucional.
Una vez más queda de los ciudadanos levantar la voz y decir NO ESTOY DE ACUERDO. A mí que me vengan a multar, que recurriré cualquier acción derivada de esta ley ante todas las instancias judiciales pertinentes. JORDY ENRIQUE MONCADA CARTAYA. [email protected] @JordyMoncada
Tomado de El Universal
