Los Estados son los únicos que pueden violar los derechos humanos. Este principio universal ha venido siendo cuestionado en los últimos años por numerosos países, los cuales consideran que las personas y organizaciones privadas también pueden vulnerar las garantías fundamentales de los hombres.
Venezuela está en el grupo de países que impulsan ese cambio, por ello no debe sorprender que la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, haya propuesto a la Organización de Naciones Unidas (ONU) abrir las puertas al enjuiciamiento de las empresas por atentar contra los derechos fundamentales y crear un organismo internacional que se encargue del conocimiento de estos casos.
El planteamiento lo formuló la funcionaria en la reunión que el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos realizó este fin de semana en la ciudad británica de Edimburgo y en la que se debatió sobre el impacto que las empresas tienen sobre las garantías fundamentales.
En conversación telefónica con este diario, Ramírez informó que «Naciones Unidas y las defensorías del Pueblo hemos estado restringidos a la vigilancia de los Estados en materia de derechos humanos, pero en los últimos años se ha venido abriendo el debate sobre la posibilidad de vigilar a las empresas. Desde Venezuela y América Latina creemos que las empresas sí violan derechos humanos, tales como los derechos laborales y sindicales, a un ambiente sano y también otros como la salud y la educación, y creemos que hay que permitir su enjuiciamiento por ello».
La defensora agregó que «es necesario crear una instancia internacional que permita procesar a las transnacionales y multinacionales para evitar que su origen pueda servir de excusa para que los crímenes que cometan en nuestros países contra trabajadores y medio ambiente queden impunes». Ramírez reconoció que el criterio que defiende todavía es minoritario en los organismos internacionales, pero saludó el hecho de que el mismo comience a ser debatido. «Esto es un primer paso.
Todavía falta mucho para que pueda aplicarse», dijo. Universalmente se sostiene que los Estados son los únicos a los que se les puede demandar responsabilidades por la violación de los derechos humanos de sus ciudadanos, por cuanto fueron ellos, a través de sus gobiernos de turno, los que suscribieron los tratados y pactos internacionales sobre la materia. En los textos los Estados se comprometieron a tomar las medidas necesarias para garantizar a todos y cada uno de sus nacionales el goce y disfrute de las garantías previstas en ellos.
El Universal 10.10.2010
