Ciudadana
LUISA ORTEGA DÍAZ
FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN
Su Despacho.-
Luego de DIEZ MESES del asesinato de mi hijo JACINTO ELÍAS LÓPEZ VELASCO y del intento de homicidio de RICARDO MARAPACUTO, los autores y causales de tan vil hecho, continúan impunes sin que hasta ahora se haya realizado una investigación seria, responsable y profesional.
Quienes transitamos por el sendero de la impunidad, que representa el abogar por justicia, ante el Ministerio Público o el Poder Judicial, nos encontramos con un infranqueable muro de silencio; de complicidad con las actuaciones policiales , que traspasando la indolencia, conviven con el delito.
Los insondables senderos que como víctimas debemos transitar los familiares en procura de justicia, es una muestra de que la impunidad se apoderó de las calles; la muerte se adueñó de la ciudad. Cada esquina tiende a convertirse en guarida, cada negocio en una víctima más. Como si hubiese llegado para quedarse las autoridades pretenden convivamos con una desviación social que debe ser enfrentada y corregida.
He recurrido a muy diversas instancias: al ciudadano Gobernador del estado Lara; a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional; al Ministerio del Poder Popular para Interior y Justicia; la Fiscalía General de la República y diversos cuerpos de seguridad, sin haber obtenido respuestas, menos aún acciones que conduzcan al esclarecimiento de tan abominable crimen.
Las fiscalías encargadas de la averiguación, la 5ª. del Ministerio Público del estado Lara y la 52ª con Competencia Nacional, prácticamente abandonaron la investigación del hecho, dejando a las víctimas en el mayor desamparo, viendo como merman con el paso del tiempo la posibilidad real de hacer justicia.
He solicitado a través de diversas comunicaciones el cambio de fiscalías, en procura de lograr se adelante una investigación seria y responsable, que debe estar encabezada por el Ministerio Público y no por las víctimas. En más de una ocasión me he sentido burlado por la interminable madeja burocrática que los fiscales encargados del caso y funcionarios del CICPC, tienden entre las víctimas y el delito.
Podría explicarme, señora Fiscal ¿Cómo siendo el presunto autor del homicidio de mi hijo, buscado por TRES crímenes anteriores, señalados por los cuerpos policiales, con órdenes de captura emitidas por fiscalías y tribunales, y aún así continúa libre y los investigadores requieren de nuevos testimonios, retratos hablados y reconocimientos, cuando pesan sobre él órdenes de aprehensión?
De allí que el término impunidad se asocie al de complicidad. ¿Cuántos jóvenes han de morir a manos de éstos delincuentes para que se plantee su detención? ¿Porqué andan y siguen libres? me seguiré preguntando. Conociendo los cuerpos policiales su ubicación, prontuario, nombres y apodos, y aún así éste y otros tantos continúan libres ejerciendo el único oficio que conocen: ilustrar las páginas rojas de los diarios.
Mi reclamo se suma al de cientos de miles de venezolanos que han visto desmembrarse su entorno familiar y afectivo producto de la delincuencia. El delito a la vez de destruir el núcleo, conlleva enormes costos en lo social, económico, psicológico y legal, sin que el Estado prevea medidas que compensen clínica, afectiva y materialmente a las otras víctimas: padres, hermanas, tíos, primos, compañeros, que mueren inmediatamente a los nuestros.
Multiplique por cincuenta el número total de delitos y tendrá un aproximado de los afectados. Esa es una incidencia real del delito en Venezuela, al matar a un inocente, con él muere su familia. Al secuestrar a alguien, con él secuestran a su familia. Al herirlo, al atracarlo, al amenazarlo. Vea, los resultados no caben en una agenda de bolsillo.
Es el Estado quien debe garantizar nuestros derechos: vida, educación, justicia y vivienda, entre otros, pero al abandonar o incumplir sus obligaciones, estimula que sus ciudadanos busquen soluciones paralelas; de allí que resulta común oír de ajusticiamientos y linchamientos.
Resulta común que vivamos rodeados de muros y cercas electrificadas. Que reduzcamos la vida social y familiar por la inseguridad. Que obviemos denunciar cantidad de delitos por incredulidad en la Justicia. Que los cuerpos policiales crezcan a la par de la desconfianza de la población en ellos.
Cómo víctima directa requiero que alguien dé la cara en nombre del Ministerio Público o en nombre de la Justicia en nuestro país. Me preocupa que tanto silencio en torno al hecho pueda borrarlo, como común desmemoria y hasta hacer ver que nunca, nada sucedió. Y por tanto, hacerse un silencio más.
Barquisimeto, 20 de octubre de 2009.
CARLOS EDUARDO LÓPEZ FALCÓN
