En la zona industrial de San Carlos, donde el asfalto es un lujo y salir con los zapatos llenos del barro recién mojado por la lluvia es casi inevitable, se encuentra el galpón en el que se almacenan las piezas con las que se podrían ensamblar al menos 600 casas importadas de Uruguay.
A pocos metros de allí se ve una losa escondida entre la grama. Eso es lo que queda de la estructura modelo que fue presentada por primera vez durante una visita del presidente Hugo Chávez a Cojedes en 2006.
Era una de las 12.193 viviendas prefabricadas (17% para emergencia o refugio y 87% urbanas) que debían construirse en el plazo de un año, en varios estados del país, según el convenio que el Estado firmó con la empresa Unión Metalúrgica Industrial del Sur S. A., Umissa.
La Contraloría General de la República detalló en su informe de gestión de 2009 -presentado en agosto de este año- que sólo hay 11 de esas estructuras en pie, en tres puntos del país.
Winston Barón, coordinador del convenio en la entidad llanera, recuerda claramente ese número. De la almacenadora salieron los materiales para esas casas. “Se mandaron a La Guaira, Punto Fijo y Fuerte Tiuna”, evoca después de hacer una pausa.
Pagos hechos sin justificativos, material de las casas guardados en galpones y otros que aún se encuentran en los puertos y aduanas son parte de las irregularidades que han rodeado el desarrollo de este acuerdo.
El despacho de Clodosbaldo Russián recomendó al Ministerio de Vivienda tomar una decisión: rescindir el contrato, exigir su cumplimiento de acuerdo con las condiciones establecidas o efectuarle las modificaciones que consideraran necesarias.
En su informe, la Contraloría se queja de la “poca documentación para verificar el cumplimiento de este convenio”.
Señala que Petróleos de Venezuela, a través del fondo binacional Bolívar-Artigas, pagó a Umissa 45% (70,69 millones de dólares) de los 155,47 millones de dólares establecidos en el contrato.
El déficit nacional de viviendas, cercano a 2 millones de casas, obligó a Chávez a decretar la emergencia hace tres semanas. Desde entonces aprobó recursos, propuso a Fuerte Tiuna como sede para un desarrollo habitacional y prepara una ley para la intervención de tierras urbanizables.
El convenio con la empresa uruguaya, sin embargo, no ha representado una solución para los venezolanos sin vivienda después de cuatro años de suscrito.
En Cojedes se supo poco sobre estas casas, pese a que el ex gobernador de la entidad Johnny Yánez Rangel, para entonces presidente de la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios, encabezó la negociación.
En las veredas terrosas del barrio El Retazo de San Carlos, los niños juegan descalzos en los pozos donde se confunden las aguas negras con las blancas. Pocas casas son de bloque; la mayoría se sostiene con palos y planchas de zinc.
Irma Ruiz, vocera del consejo comunal del sector y dirigente de base del PSUV, se enteró por casualidad hace tres meses de la existencia de las casas uruguayas.
Junto con unos vecinos recorría galpones para ubicar uno donde pudieran instalar una empresa socialista, hasta que se llevó una sorpresa: “Entramos y vimos materiales de construcción, pocetas, techos. Nos sentimos indignados porque eso lleva años ahí guardado y nosotros no tenemos viviendas dignas. Nadie le informó a la comunidad que esas casas que le compramos a los uruguayos estaban ahí”.
El consejo comunal de El Retazo calcula que se necesitan 700 viviendas para sustituir los ranchos. Las mujeres de ese barrio quisieron tomar el galpón donde se guardan los kits de las casas que llegaron del sur. Una veintena de ellas se fue hasta el local, llamó a los medios y logró que la secretaria del gobernador Teodoro Bolívar las atendiera.
“Nos prometieron que nos entregarán esas casas muy pronto”, dice Ruiz, esperanzada. En Cojedes hacen falta 30.000 viviendas, según cálculos del alcalde de San Carlos, José Ramón Moncada. En la capital de la entidad el déficit ronda las 4.000.
En la Asamblea Nacional tampoco asoman detalles del acuerdo binacional. Fuentes parlamentarias aseguran que no se expuso el impacto económico ni la planificación del proyecto. La ley aprobatoria del convenio bilateral, publicada en la Gaceta Oficial número 38455, no brinda los pormenores del acuerdo comercial.
Aunque prefiere reservar su nombre, un diputado oficialista señala: “Unos dicen que no se instalaron las casas porque el material era contaminante. Otros porque no estaban completas.
Eso es responsabilidad de quienes hicieron la evaluación. No puedes hacer un convenio y después decir que los materiales no son aptos”. El parlamentario hace referencia a las denuncias que circularon, apenas se firmó el contrato, sobre la posibilidad de que las casas contuvieran una sustancia nociva como el asbesto o que fueran de fácil combustión, hechos que Umissa negó en esa oportunidad.
Las autoridades de Cojedes sabían poco más. Julio Hernández, diputado del Consejo Legislativo de esa entidad por el partido Podemos, señala que el ex gobernador Yánez Rangel no presentó el proyecto ante el parlamento local.
Asegura que nunca se habló de los terrenos destinados para la construcción de las casas uruguayas o del dinero que tendría que invertir ese estado. “Guido Antonini Wilson, el hombre del maletín, y Yánez Rangel establecieron una triangulación para comercializar esas casas. Se usó el nombre del estado Cojedes para la negociación. Las pusieron en un depósito en la zona industrial de San Carlos y aquí no se construyó nada. Esas casas en realidad iban dirigidas a Carabobo, fueron negociadas con el ex gobernador Luis Felipe Acosta Carlez”, afirma.
La Contraloría encontró un vínculo con Carabobo: allí funcionan tres depósitos de los kits de viviendas, dos en Valencia y uno en Puerto Cabello.
Sin embargo, no registró ninguna casa del convenio construida en esa entidad. En Ciudad Ojeda, estado Zulia, está otro de los almacenes.
Los puertos venezolanos se han convertido en depósitos para las viviendas uruguayas. Barón dice que los kits no están completos porque hay piezas que aún se encuentran en los muelles, pese a que la importación comenzó en 2006.
“De Cojedes estamos mandando las partes, pero el material de iluminación aún no ha llegado. Faltan terminaciones, algunos tornillos. Acá lo que hay son las estructuras de metal y las paredes”.
Como pasó con el caso de la comida de Pdval, las piezas de las casas uruguayas llevan años reposando en contenedores en Puerto Cabello.
La Contraloría hace mención en su informe del aviso que le hizo el Seniat al Ministerio de Vivienda: en la aduana principal de Puerto Cabello había mercancía consignada a nombre de esa cartera “expuesta a daño, pérdida y deterioro”. El contrato suscrito con Umissa establecía que el Ministerio de Vivienda debía encargarse de recibir el material en puerto venezolano y de nacionalizar los productos.
“Esta situación evidencia falta de coordinación entre ambos organismos oficiales para la nacionalización de la mercancía; así como fallas de supervisión en la ejecución del referido convenio”, concluyó el máximo órgano de control.
A mediados de 2007, Umissa cesó el envío de contenedores con los kits por dificultades con la logística portuaria venezolana. “Hubo un cuello de botella en la salida de los contenedores del puerto. Para entonces la planta producía diariamente los kits para 50 casas y se acumularon demasiados.
En Venezuela no se construían al mismo ritmo que se recibían. Era más rápida la fabricación aquí que la instalación allá”, señala vía telefónica Eduardo Burgos, dirigente de la Unión Uruguaya de Trabajadores Metalúrgicos y empleado de Umissa.
Precisa que los envíos han tenido varias interrupciones desde entonces y que se reiniciaron en febrero de 2010. “Estamos mandando 2 contenedores por día con los componentes. Llevan todo: pintura, clavos, tornillos, arandelas”. Pero las casas siguen sin construirse.
Desde Montevideo, Burgos señala otro de los problemas que ha complicado el desarrollo del convenio: “Allá ha habido muchos cambios de ministros”. La alta rotación de funcionarios fue señalada por la Contraloría General como una de las dificultades que tuvieron en su investigación sobre el convenio con Uruguay.
El acuerdo comercial con Umissa fue firmado durante la gestión de Luis Figueroa y desde entonces el ministerio, que ha sufrido fusiones y divisiones, ha tenido a la cabeza a Farruco Sesto, Jorge Pérez Prado, Ramón Carrizález, Diosdado Cabello y, actualmente, Ricardo Molina.
El Viceministerio de Planificación del Ministerio de Vivienda es el encargado de la implementación del convenio con Uruguay, sin embargo, en esa oficina remiten al despacho del ministro para brindar cualquier información al respecto. La solicitud de El Nacional no fue respondida.
En el galpón de San Carlos, la semana pasada cinco trabajadores cargaban paredes y vigas en una gandola con destino a Caracas.
Hace 15 días, Barón recibió la orden del Ministerio de Vivienda de despachar hacia la capital 80 kits de viviendas para la atención de los damnificados por las lluvias de las últimas semanas.
Barón señala que los materiales fueron enviados a militares, a quienes los uruguayos han formado para el ensamblaje rápido de las estructuras. “Para tener capacidad de reacción si hay un desastre natural”, agrega.
Además de los militares, funcionarios cubanos en Venezuela han usado las casas importadas como oficinas itinerantes porque son fáciles de armar y desarmar.
A un lado del viaducto Caracas-La Guaira se levanta la ciudad socialista Camino de los Indios, un proyecto urbanístico a cargo de la constructora cubano-venezolana Alba Bolivariana.
El informe de la Contraloría señala que en ese lugar hay cuatro casas uruguayas en pie, aunque esos no son los terrenos previstos para edificarlas. Luego de media hora de ascenso por la montaña en rústico, se llega a la única de esas viviendas prefabricadas que está instalada seegún trabajadores de la obra.
La casa está armada, pero sin techo. Las paredes anaranjadas (de anime recubierto con láminas de madera) están desconchadas, expuestas a los sablazos de un sol playero. La madera de los acabados y algunas de las piezas de aluminio están arrumadas cerca de la puerta. “Las primeras las trajeron hace dos años. Llegaron en unos paquetes y se arman sencillo, como un lego, en unos siete días”, dice Antonio, un trabajador de la obra.
Junto con dos compañeros, indica que las casas uruguayas sirvieron como oficinas provisionales para el personal cubano y del Ministerio de Vivienda que trabaja en el lugar.
Unos aseguran que en algún momento los cubanos instalaron tres, otros que fueron cuatro, como señala en su informe la Contraloría. “Los cubanos y la gente del ministerio luego las desmontan para instalarlas en otra parte de la montaña donde están trabajando”.
Antonio revela que el material de las otras viviendas prefabricadas ensambladas allí fue desechado. Toma una lámina de madera del montón, mira hacia los lados y susurra: “Mi rancho de zinc, que está más arriba en la montaña, lo he arreglado con material de aquí que iban a botar. A mí una tablita de estas sí me hace falta”. Él es de los pocos venezolanos que ha visto piezas de las casas uruguayas.
Por: Adriana Rivera
Fuente: El Nacional 18.10.2010
