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En días recientes ha aparecido el libro “Impunidad Policial en Venezuela: 2000-2009”, realizado por el profesor universitario, investigador y activista social Pablo Hernández Parra. Esta obra, que realiza un balance de la relación entre organismos policiales, violación a los derechos humanos e irregularidades en el sistema de administración de justicia venezolano es una obra singular por varias razones. Una de ellas porque es una reflexión producto de una lucha popular concreta contra la impunidad policial. Hernández ha sido uno de los promotores del Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara (Covicil), una organización que desde el año 2006 aglutina a las víctimas de abuso policial y sus familiares en la ciudad de Barquisimeto, que ante la falta de recursos para contratar abogados y abogadas que los defiendan, han ejercido lo que en las ONG llamamos “uso alternativo del derecho”: mediante la solidaridad y el apoyo mutuo, cimentados por el dolor, personas humildes han manifestado y presionado juntos contra las diferentes instituciones del Estado en la búsqueda de justicia. El Covicil, según sus propias estadísticas, ha defendido casi 400 casos, de los cuales apenas 3 de ellos han podido conseguir una condena firme contra los responsables. Es por ello que si alguna organización del país puede hablar con propiedad sobre la impunidad es precisamente este comité. El Covicil, durante su trayectoria, se ha comprometido con una red flexible y de geometría variable, que en la región centro occidental del país ha venido documentando la participación de funcionarios civiles, policiales y militares, de todos los rangos, en violaciones a los Derechos Humanos. De este trabajo cotidiano ha surgido la necesidad, de vincular los casos, desde su propia especificidad, con un contexto general que lo enmarque y que explique las razones de la oscuridad. Es por ello que esta primera sistematización -pues han anunciado la compilación y difusión de otras- intenta trazar el mapa que hace posible la existencia de la impunidad en el país, dejando la reflexión sobre el caso concreto del estado Lara para una segunda y próxima entrega. La construcción de un discurso propio derivado de las referencias, precedentes históricos y especialmente, de las propias reflexiones producto de un diálogo e interpelación colectiva, es una de las características que define a un movimiento social autónomo y beligerante. Esta condición, que pareciera un sobreentendido en el campo de las luchas populares, es inexistente en un país que retóricamente, afirma construir un proyecto socialista, de carácter bolivariano, adaptado a los avatares del siglo XXI. Ante la ausencia de una discusión, mínimamente seria y rigurosa, sobre el principal problema que aqueja al país, la inseguridad, Hernández se ha atrevido a difundir sus hipótesis, sustentándolas no solamente con su experiencia, sino en la hilación de datos y estadísticas de diferentes fuentes, destacando las oficiales. Aunque pudiéramos no compartir algunas de sus aseveraciones, es una argumentación que merece ser conocida, reflexionada y discutida. Si como primera característica de este trabajo destacamos el conocimiento creado de manera colectiva como producto de una lucha concreta, un segundo detalle a resaltar es la propia posición del autor. Esta explicación de las causas y alternativas a la inmunidad institucional concedida a los funcionarios que violan derechos humanos no es realizada desde una perspectiva liberal -el reforzamiento de las instituciones- o tradicional-autoritaria -el énfasis en políticas de naturaleza represiva. El autor se sitúa, para entablar esta discusión, desde el anticapitalismo revolucionario lo cual, para simplificar esta dimensión, para entendernos, es tanto como realizar el debate en los mismos términos desde los cuales pretende expresarse la actual racionalidad gubernamental: el énfasis en la organización de los sectores excluidos para superar el actual orden de cosas y transformar la sociedad. Es por ello que sólo conquistando el cinismo nuevos territorios puede descalificarse como “contrarrevolucionaria”. Como bien lo han aclarado otras personas la “izquierda” no es una categoría fija e inamovible que describe a los actores sociales independientemente de sus actitudes, y depende del posicionamiento permanente de estos frente a los poderes fácticos en cada coyuntura específica. Frente a la multicausalidad de la violencia en Venezuela, si alguien se encuentra a la izquierda del gobierno bolivariano ese es Pablo Hernández Parra. En tercer lugar, en un método que describe el propio trabajo del Covicil, este estudio de nueve años ha sido editado de manera independiente. Sus copias comienzan a circular en canales alternativos de difusión creados por la solidaridad de los diferentes comités de víctimas del país, y el apoyo de organizaciones como Provea y Cofavic. En este apartado debemos destacar el solidario aporte realizado por el reportero gráfico Germán Dam Vargas, miembro de la plantilla de Correo del Caroní, quien gentilmente cedió su trabajo para el libro, y cuyas impactantes fotografías constituyen la portada y contraportada del texto. En nuestra próxima entrega, para estimular su consulta, resumiremos algunas de las hipótesis de “Impunidad Policial en Venezuela 2000-2009” de Pablo Hernández Parra. Por ahora si usted desea adquirir una o varias copias, puede comunicarse directamente con el autor al e-mail [email protected] (*) Coordinador de Investigación de Provea Fuente: Coorreo del Caroní 18.10.2010 |
