«Los graves riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos para el ejercicio de sus labores en Venezuela», con énfasis en medidas restrictivas al derecho de asociación, expusieron la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, Sinergia y el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic) en el 140° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se llevó acabo en Washington.
En audiencia privada, las ONG presentaron «la situación de institucionalidad democrática y defensores de DDHH en Venezuela», destaca la nota de prensa de Cofavic. «Otro ámbito expuesto fue la intensificación de la estigmatización por parte de funcionarios públicos de defensores y organizaciones no-gubernamentales así como el desarrollo de campañas sistemáticas de criminalización con amplia aquiescencia del Estado que pretenden deslegitimar la acción de los defensores de DDHH», señala el texto.
A mediados de 2009, el director de Espacio Público, Carlos Correa, fue objeto de una campaña a través de los medios de comunicación del Estado, en la cual lo acusaban de recibir dinero del gobierno de Estados Unidos.
Las organizaciones también «presentaron información sobre casos emblemáticos de violaciones de los derechos humanos a dirigentes sindicales privados de libertad o con procesos judiciales luego de haber realizado acciones de reivindicación de sus derechos laborales». Citaron el caso de Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco (Sintraferrominera), quien fue detenido tras liderar una huelga en la Ferrominera del Orinoco 24 de septiembre de 2009.
Además informaron sobre violaciones al derecho a la vida e integridad personal durante noviembre 2009 a octubre 2010 de tres defensores de DDHH integrantes de Comités de Víctimas, como Mijaíl Martínez, de 23 años, colaborador del Comité de Víctimas contra la Impunidad (COVICIL) del estado Lara, quien fue asesinado el 26 de noviembre de 2009, presuntamente por un sicario.
También presentaron «casos de múltiples muertes de integrantes de familias denunciantes de grupos parapoliciales en los estados Aragua y Portuguesa. Ocho integrantes de la familia Barrios, en la entidad aragüeña, han sido asesinados en los últimos años, presuntamente por agentes policiales.
En cuanto a la medidas restrictivas al derecho de asociación, las ONG alertaron sobre el incremento de jurisprudencia y proyectos de leyes «que contienen graves regresiones» a esa garantía «y para el libre e independiente accionar de las organizaciones no-gubernamentales». Destacaron que «esta política restrictica» conlleva: Inseguridad jurídica, eliminación de capacidad procesal, la criminalización y posible judicialización de los defensores.
Fuente: El Universal 31.10.10
