En esta oportunidad difundimos la última entrega sobre el libro Impunidad policial en Venezuela 2000-2009 de Pablo Hernández Parra, miembro del Comité de Víctimas Contra la Impunidad de Lara (Covicil), una investigación parcialmente apoyada desde Provea como un aporte a la discusión necesaria sobre uno de los principales problemas del país.
En diferentes documentos del Covicil -organización popular de la región centro-occidental del país- se han planteado la hipótesis de la existencia de un “círculo de la impunidad”, tesis que Hernández desarrolla en el texto. Este círculo estaría conformado por la triada Cuerpos policiales-Fiscalía-tribunales. Según el diagrama, dentro de la policía estarían enquistados grupos que, bajo el amparo de funcionarios de mediano y alto rango, participan en diferentes delitos. Uno de los argumentos de esta afirmación lo constituye el reconocimiento del ministro del Poder Popular de Interior y Justicia, Tareck El Aissami acerca de la participación de policías en hechos irregulares en un porcentaje estimado entre el 15 y el 20%. Con estos datos el profesor y activista universitario saca cuentas: si existe una cantidad de 130.000 funcionarios y funcionarias en los cuerpos de seguridad pública se considera, en consecuencia, que 26.000 hombres y mujeres, entrenados por el Estado, participan en hechos delictivos. Sin embargo, Hernández sostiene que por cada funcionario involucrado directamente en una violación a los derechos humanos existen por lo menos 2 cómplices indirectos en los propios cuerpos policiales. Su conclusión es preocupante: “-la cifra- asciende con facilidad a no menos de 80.000 funcionarios delincuentes, cómplices conscientes o encubridores de delitos, que se hacen la vista gorda por temor a represalias, porque saben que su superior regional o nacional es el jefe o está involucrado con la banda, o porque tienen intereses creados en la organización delictiva”. Por ello, en base a su propia experiencia y experticia, el Covicil ha sostenido que la principal banda de ejecutores de secuestros, asaltos, extorsiones y homicidios se encontraría dentro de los cuerpos policiales del Estado venezolano.
La segunda estación del “Círculo de la impunidad” estaría conformada por la Fiscalía y los tribunales, Hernández afirma: “¿Quiénes son los encargados de ponerle precio a los delitos? Indudablemente los encargados de “administrar el negocio de la justicia” que no son otros que los fiscales y jueces, en unión con las consabidas mafias de abogados y bufetes que “tranzan en la bolsa de la justicia y los tribunales” el precio de los más diversos delitos, sin importar en absoluto la inocencia o culpabilidad del acusado”. Para sostener esta frase, se recuerdan cifras de las actuaciones del Circuito Judicial Penal del estado Lara. En el año 2007 el 68% de los detenidos por algún delito salieron en libertad. Los años siguientes los números aumentaron. En el 2008 se remontó a 70% y para el 2009 la cifra repuntó al 87%. Al discriminar sobre detenidos en flagrancia, para el año 2007 de cada 4 personas aprehendidas 3 salieron en libertad. La conclusión es lapidaria: “En las cárceles están los pobres que no han podido pagar al policía que lo detuvo, al fiscal que lo acusa o al juez que lo sentencia”.
Según describe el libro, existiría entre funcionarios y delincuentes comunes diferentes tipos de relación de aprovechamiento mutuo: “Los delincuentes en libertad quedan bajo control de los cuerpos policiales y militares. Se forman bandas o se convierten en cajeros bancarios de los funcionarios”. La frase suena dura, sin embargo la data para dicha hipótesis ha sido recopilada de los casos llevados por el propio Covicil a lo largo de su trayectoria. Cupertino Mujica, uno de los promotores actuales del comité, se acercó a esta iniciativa popular porque estaba siendo víctima de lo que en la región se conocen como “cajeros bancarios humanos”, ciudadanos que han sido inculpados de delitos por funcionarios, generalmente el tráfico de estupefacientes, los cuales cada semana son visitados por los agentes de la ley para quitarles determinadas sumas de dinero. Mujica, junto al Covicil, denunciaron la situación y el 12-03-10 un tribunal declaró su inocencia, después de tener años sometido a un régimen de presentación y hostigamientos e intentos de extorsiones por parte de quienes teóricamente deberían hacer cumplir la ley.
Precisamente lo valioso de Impunidad Policial en Venezuela 2000-2009 es que sistematiza la subjetividad popular de una organización concreta sobre el tema. El Covicil no solamente ha acompañado casi 400 casos de la región. Además, uno de sus colaboradores, Mijail Martínez Niño, fue asesinado en un hecho que al arribar este mes a su primer aniversario no existen aún sanciones para sus autores materiales o intelectuales. El texto debería ser de lectura obligatoria para los funcionarios y funcionarias tanto de la Fiscalía como de la propia Defensoría del Pueblo, no sólo para que avalen o refuten las tesis, sino para que coordinen políticas para revertir los aspectos más apremiantes y ásperos que conjugan el verbo impunidad en Venezuela.
Si usted desea contactar con el autor de esta investigación, o adquirir una copia, puede escribir al email [email protected]
