La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización que desde hace 24 años acompaña y atiende integralmente a personas víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de cuerpos de seguridad del Estado, quiere reiterar su llamamiento al Poder Legislativo Nacional para que solvente la mora legislativa, frente a la ausencia de mecanismos legales que permitan sancionar y prevenir las prácticas de tortura por parte de los cuerpos policiales y militares. De igual manera expresamos nuestra profunda preocupación ante los pronunciamientos públicos de altos personeros de organismos del Estado que ante casos emblemáticos de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios policiales o militares afectan con dichos pronunciamientos el curso natural de las investigaciones correspondientes, estigmatizando con ellas a las posibles víctimas.
Los casos atendidos por nuestra organización evidencian que la tortura y otras formas de violaciones de derechos humanos constituyen una práctica que se ha mantenido sistemáticamente en el tiempo, como parte de la cultura policial venezolana, representando una de las mayores distorsiones de la función policial y atentando desde la cotidianidad de su ocurrencia contra los procesos de reforma policial que se intentan adelantar positivamente en el país y a los cuales nuestra organización ha venido apoyando comprometidamente.
Frente a esta realidad de la práctica de la tortura o de otras violaciones de derechos humanos por parte de cuerpos policiales, la acción esperada de parte de los organismos del Estado venezolano con responsabilidad en esta materia apunta a que en primer lugar se reconozca sin temores ni ambigüedades la existencia de esa realidad y en segundo orden se generen procesos de investigación exhaustiva y desprejuiciada de los casos en que ocurren estos abusos policiales, sin incurrir en expresiones apresuradas para satisfacer el requerimiento mediático, o que prejuzgando sobre los elementos sometidos a investigación puedan generar una condición de “criminalización” de las víctimas. Más allá de la situación jurídica en que se pueda encontrar una persona sometida a un proceso penal, en ningún caso esa condición puede justificar la violación de derechos humanos contra esa persona por parte de organismos de seguridad del Estado.
Solicitamos a todos los organismos del Estado con responsabilidad en esta materia agilizar la toma de medidas dentro de su ámbito de competencia, tendientes a garantizar efectivamente los derechos a la vida y la integridad personal de los ciudadanos y ciudadanas. La mejor demostración del compromiso del Estado con la defensa y garantía de los derechos humanos debe ser la transparencia investigativa y la acción positiva de sanción a los responsables y reparación a las víctimas frente a los abusos que estas puedan sufrir por parte de los funcionarios o funcionarias que deberían protegerles y garantizarles sus derechos.
Caracas, 21 de octubre de 2009
Acerca de la Red de Apoyo Por la Justicia y la Paz:
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que promueve y defiende los derechos humanos en Venezuela desde 1985. Con una perspectiva Inter y multidisciplinaria, la Red de Apoyo: 1. Denuncia jurídica y comunitariamente los casos de violación del derecho a la vida, integridad personal, libertad y seguridad personal e inviolabilidad del hogar. 2. Atiende médica, psicológica y sociopedagógicamente a las víctimas de tortura y a familiares de víctimas de abusos policiales o militares. 3. Promueve políticas públicas en materia de derechos humanos. 4. Realiza actividades de promoción y difusión, y genera procesos de educación en derechos humanos.
Difusión: Telefax: 574 19 49 / 574 80 05
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