La entrega de 192 apartamentos de las seis torres que faltan por concluir en el Conjunto Residencial El Fortín, ubicado en la avenida Intercomunal de Guarenas, estado Miranda, sobre el cual recayó la medida de intervención del Estado venezolano, está garantizada a las familias que tramitaron la compra de su vivienda.
Así lo dijo el director de Promoción y Educación del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), Néstor Velasco, durante una inspección realizada este jueves al referido complejo, donde verificó el avance de las obras en estas torres, reseñó AVN.
El conjunto residencial fue emprendido por la constructora Nueva Casarapa, perteneciente al Grupo Eiffel, y está conformado por 20 torres de ocho pisos, cada una de la cual tiene 32 apartamentos.
Precisó que la construcción de las torres 15-16 presentan 50% de avance, mientras que la 17 y 18 está adelantada en 30% y los edificios 19-20 tienen un avance de 10%.
“Estamos haciendo un trabajo articulado para que las familias tengan la seguridad de que, aún vulnerados sus derechos por la constructora, el Estado venezolano está garantizando la propiedad y la entrega inmediata de las viviendas”, señaló.
Este urbanismo forma parte del conjunto de obras que fueron objeto de la medida de expropiación por parte del Estado venezolano, publicada en la Gaceta Oficial número 39.553 de fecha 16 de noviembre, dirigida a los conjuntos residenciales, cuya construcción fue paralizada por las empresas inmobiliarias afectando de forma directa a los compradores.
El pasado domingo 14 de noviembre 46 familias, afectadas por la estafa de la empresa del Grupo Eiffel, recibieron sus apartamentos ubicados en las torres 13 y 14 del Conjunto Residencial El Fortín.
En ese sentido, Enrique Rafael Salazar, una de las personas que recibió su apartamento, contó que él había quedado en la calle luego de que entregó su vivienda como parte de pago del apartamento al Grupo Eiffel.
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Estafa heredada
El hijo de Luis Manuel Rodríguez falleció hace poco tiempo y, antes de morir, hizo todo lo posible por regalarle a su padre un apartamento en Caracas, que hasta la fecha y luego de 18 meses, no le ha sido entregado. “Mi hijo, que en paz descanse, era médico y haciendo un gran esfuerzo canceló la inicial de BsF 104 mil para adquirir un inmueble en la urbanización El Encantado, para que yo estuviera cerca de él, porque vivo en el interior.
Rodríguez contó que de la constructora Inversiones Urbania 2007, “de manera abusiva”, lo llamaron recientemente para que firmara unos documentos, porque el valor del inmueble sería incrementado. “Cuando mi hijo firmó el contrato el monto era de 261 mil BsF, un año después querían cobrar 354 mil bolívares fuertes”, agregó.
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“Constructora Corepi C.A. nos amenazaba”
José Catenacci y su esposa Reina, firmaron contrato, en 2007, de compra-venta por una vivienda en el conjunto residencial Los Pinos, ubicado en San Antonio, estado Miranda, por un monto de Bs F 236 mil. El pago de la inicial se había estipulado en 13 cuotas de 3994. “Como nos tardamos 15 días para pagar la última cuota, exigieron que les pagáramos BsF 10 mil, para poder continuar con los trámites del inmueble”. El inmueble de la familia Catenacci, debía serles entregado en septiembre de 2008 y para esa fecha, la obra estaba tan sólo a la mitad de su construcción.
“Desde ese momento, comenzamos a tomar fotos y a hacer averiguaciones”. José Catenacci y su familia, comenzaron a relacionarse con otros compradores del mismo conjunto residencial y decidieron hacer una reunión con el abogado representante de la constructora Corepi y representantes del Indepabis. “El abogado de la constructora justificaba el cobro del Índice Nacional de Precios al Consumidor (ÍNPC) o de un justiprecio, porque según él la cabilla, el cemento y otros materiales, estaban muy costosos”, explicó. Igualmente, la familia Catenacci asegura que los representantes de Corepi estaban utilizando los ataques psicológicos en contra de los compradores. “Tienen que pagar el ÍNPC obligatoriamente, porque firmaron el contrato en 2008 aceptando pagarlo; así que lo que haya pasado con la ley, no hace cambiar los acuerdos”, decían los representantes de la constructora, vía presencial y telefónica, según explicó Reina de Catenacci.
Recordó que por último dijeron, fue que “si no nos pagan el ÍNPC, no les entregamos ni los papeles para que tramiten créditos en ningún banco”.
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“Urbania 2007 nos pide retirar denuncias”
Janet Serrano, propietaria de un apartamento en el conjunto residencial El Encantado, ubicado en Macaracuay, contó que a pesar de la medidas que ha tomado el Gobierno Nacional con relación a las inmobiliarias que se han dedicado a estafar a cientos de familias a nivel nacional, Héctor Cazado (uno de los representantes de la Constructora Inversiones Urbania 2007), continúa llamando a muchos de los propietarios de El Encantado para negociar.
“Él no se cansa de pedir que retiren las denuncias hechas ante el Indepabis y, además, exige que le paguen el 20% del precio de los apartamentos, aparte de todo lo que ya se ha pagado”, explicó. Dijo que luego de mucho sacrificio y trabajo, decidió comprar apartamento en ese conjunto residencial, en julio de 2007. Cuando firmó el documento de compra-venta, leyó que en él, estaba estipulada la entrega del mismo para enero de 2009; sin embargo, hasta la fecha no ha sido culminada. “Recientemente, cuando se destapó la olla, nos dimos cuenta que, con el cobro ilegal del ÍNPC que la constructora ponía en práctica, los dueños de los 96 apartamentos que conforman el conjunto residencial, estábamos pagando casi BsF 200 mil, por encima del precio estipulado para cada inmueble”, explicó.
El Ministerio de la Vivienda en la Gaceta Oficial No. 39.553 del 15 de noviembre, publicó los decretos en los que se señala la adquisición forzosa de los complejos urbanísticos: Lomas de Urdaneta, El Encantado (estado Miranda), Mata Linda, El Fortín y San Antonio.
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“Estafas trajeron desintegración familiar”
“He conocido a familias que fueron estafadas en los diferentes conjuntos habitacionales y es doloroso ver cómo los matrimonios terminaron separados por no tener donde vivir; algunas personas se enfermaron y otras hasta murieron, esperando que les entregaran sus casas”, dijo Daniela Ramírez, propietaria de un inmueble en el conjunto residencial La Arboleda, ubicado en el estado Trujillo.
Ramírez, decidió comprar un apartamento en La Arboleda, luego de haber pasado más de 20 años ahorrando y viviendo de alquiler en alquiler.
“Tenía para pagar la inicial completa y, cuando vi la majestuosidad del apartamento, me dije: esto es lo que yo quiero para mí”, contó.
Al momento de las firmas, lo primero que llamó la atención de la familia de Daniela Ramírez, fue el tener que constituir una asociación civil con la constructora Cumberland; hecho que más adelante representó una traba para denunciar el fiasco en el que habían caído. “A raíz de la movilización de varios compradores de La Arboleda, por la tardanza en la entrega y construcción de sus inmuebles, mi familia y yo conversamos con representantes de la constructora y éstos nos hicieron la petición de otros pagos, alegando que con el paso del tiempo los costos se incrementaban. Luego les dijimos que procederíamos a denunciarlos.
En ese momento nos dijeron que si actuábamos así, nos estaríamos demandando a nosotros mismos por formar parte de su asociación civil. De inmediato, nos fuimos a buscar asesoría en el Indepabis, dijo Ramírez.
(Ciudad Caracas, 19.11.2010, http://ciudadccs.info/?p=121525)
