El pasado 26 de noviembre se cumplió un año del asesinato del joven videoactivista y defensor de los derechos humanos Mijail Martínez Niño, asesinado a las puertas de su casa en el Barrio San José de la ciudad de Barquisimeto. Mijail era miembro del Comité de Víctimas contra la Impunidad (Covicil) e hijo del ex diputado de la Asamblea Legislativa Víctor Martínez, lo que se constituye en una terrible metáfora. El joven venía documentando para un audiovisual la lucha de decenas de familias humildes de la capital barquisimetana, en contra del abuso policial y la impunidad. Además había ayudado a su padre desde sus funciones parlamentarias -cuando apoyó los primeros pasos de esta organización popular-, quien de acompañar a familiares de personas a las que se les vulneró su derecho a la vida pasó a convertirse en víctima.
El caso de Mijaíl resume el calvario atravesado por miles de familias venezolanas. Su entorno ha recorrido todas las instituciones en demanda de justicia. En todas ha encontrado la humillación, la negligencia y el silencio. Tanto Víctor Martínez como el propio Covicil han denunciado que el crimen tenía como intención silenciar las denuncias acerca de la participación de funcionarios policiales y militares de mediano y alto rango en un abanico de delitos e irregularidades. Sin embargo, su dolor no ha encontrado eco en las instituciones y sus denuncias han sido invisibilizadas por los medios estatales de comunicación, tanto los oficiales como los denominados alternativos y comunitarios. La Defensoría del Pueblo ha omitido las acciones para presionar por una investigación diligente y transparente. Lo inaudito comenzó tres días después del asesinato, cuando se publicitó la entrega de uno de los presuntos autores materiales, hecho que fue avalado por el comisario Carlos Rodríguez, jefe de la delegación regional del Cicpc ante los medios de comunicación. Sorprendentemente, Solanos (el supuesto victimario) es imputado no por el crimen que confesó haber cometido por una suma de dinero, sino por la posesión de estupefacientes, por lo que -en un giro que confirma todas las denuncias sobre los vicios presentes en el sistema de administración de justicia- es liberado bajo el beneficio procesal de presentación quincenal en tribunales. Desde aquella vez hasta cuando este texto se escribe, Jairo Solones se encuentra desaparecido.
Sin embargo, la familia Martínez no es la única que entona lamentos en la capital musical de Venezuela. El 27 de noviembre, con motivo del sexto aniversario del Covicil, diferentes madres, padres, abuelas y tías de ajusticiados y ajusticiadas por funcionarios policiales se dieron cita para, una vez más, acompañarse en su dolor. Quienes hoy, amparados en el aire acondicionado, afirman que en el país no se violan los derechos humanos como en el pasado, deberían conocer el Barquisimeto real y no ser cómplices de la orfandad y la desidia ante el dolor de las humildes familias larenses. El comunicado que circularon en virtud de sus seis años de trabajo lo expresa sin medias tintas: “Afirmamos, con base en los hechos, que la impunidad es una política del Estado, especialmente la impunidad policial y militar. Los hechos y las cifras de las mismas instituciones estadales nos han dado la razón. Constatar esta realidad sobre el papel del Estado en el fomento de esa plaga llamada impunidad, no nos llena de orgullo, por el contrario, nos señala el negro futuro para nuestra sociedad, cuando vemos que desde el Estado venezolano, a través del gobierno de turno, se extiende toda una política de sometimiento y control a partir de la macabra alianza en la que participan policías, militares, órganos de justicia, poder ejecutivo y la delincuencia que cada día se extiende y cobra más fuerza”.
Con el argumento indiscutible del testimonio en primera persona, el Covicil agregó: “Se ha cumplido un año del cobarde asesinato de nuestro entrañable amigo y compañero de lucha Mijaíl Martínez, y pese a que está suficientemente claro la autoría material e intelectual de sus asesinos, no hay un sólo detenido. Hemos acudido a todas las instancias estatales con la denuncia y no se ha realizado una sola investigación que conduzca a establecer las responsabilidades penales por este hecho que conmocionó al país, que una vez más fue testigo de cómo se arremete contra los luchadores sociales y contra sus hijos impunemente (…) En otros casos que hemos monitoreado y acompañado a lo largo de estos seis años ante el Ministerio Público y los tribunales (Esteban Javier Vargas, Juan Carlos Mellizo, Elpidio Hernández, Lennys Sánchez, José Luis Vásquez, José Luis Prado, Luis Alberto Guédez, Hermanos Pérez Heredia, Masacre de El Tostao, Masacre de Lomas de León, Masacre de Quíbor… entre tantos otros) dan cuenta del tétrico círculo de represión y coacción que ampara y fomenta la impunidad en el Estado”.
Después de un año, la impunidad en el caso Martínez ratifica los obstáculos de los sectores humildes en encontrar justicia en las instancias e instituciones locales. Sin embargo, como bien lo expresa la Constitución, los venezolanos y venezolanas tienen el derecho de acudir al sistema internacional de protección para ver resarcidos sus derechos. Es inspirador como, a pesar de los peajes y descalificaciones, el ser humano persevera en su afán de conseguir justicia social y vivir el cielo en la tierra. (Correo del Caroní, 29.11.10)
