A las 11:00 de la noche del primero de octubre, Edgar Farías empezó a notar cómo entraba el agua por cada grieta del rancho en el que reside en el sector Sabana Linda del Core 8. Como pudo, montó el colchón en unos ladrillos y allí permaneció junto a su esposa e hijo esperando a que disminuyera la intensidad de la lluvia que los acompañó hasta la madrugada.
Al siguiente día, las barracas de la barriada se encontraban entre las aguas debido a la inestabilidad del terreno. Los niños seguían jugando, la situación no los sorprendió, pues con cada aguacero la situación narrada se repite.
A pocos metros de Sabana Linda, en Villa Orinokia, Ana Cedeño contó las maniobras que tuvo que emprender cuando a causa de las precipitaciones movió los enseres de un sitio a otro para evitar que se mojaran.
Un bebé recién nacido y su joven madre danzaron esa noche de cuarto en cuarto en busca de un sitio “seguro”, al menos en el que las goteras dejaran colar el agua sin afectarlos. Al siguiente día se dejaba ver en el pequeño rancho una cama junto a la desvencijada cocina. Dos colchones más en una reducida habitación y cantidad de enseres por doquier. Todos acostumbrados.
En ambos casos está presente la violación del derecho a una vivienda digna, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) que establece en el artículo 25 que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.
El artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece, por su parte, que “toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos”.
Diversos han sido los planes gubernamentales en materia habitacional, pero la deuda crece profundizando el drama de las familias. De acuerdo con cifras del sector inmobiliario, el sector público construyó 11 mil casas entre enero y septiembre de 2010, una cifra que dista en más del 70% de los registros de años previos.
Paso acelerado
Aunque el mandatario nacional, Hugo Chávez Frías, ha manifestado en diversas oportunidades que el déficit habitacional es un problema de Estado, el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat recibirá Bs. 2.073,6 millones en el 2011, monto que representa tan sólo el 1% del presupuesto nacional y el 0,2% del Producto Interno Bruto.
Las emergencias generadas por los aguaceros de los últimos días, sin embargo, han obligado al Ejecutivo a acelerar el paso y a desembolsar recursos para la compra de viviendas construidas o por finalizar a fin de atender la contingencia.
La construcción habitacional en esta etapa de la administración central se ha dado a paso de morrocoy, pues durante el gobierno del presidente Hugo Chávez se ha edificado la menor cantidad de viviendas de los últimos periodos presidenciales. Entre 1999 y 2008 se edificó un promedio anual de 34 mil 832 casas, pese a que el sector privado ha señalado que se requiere al menos 200 mil viviendas al año.
El drama se ha acrecentado. Andrés Pagola, representante de la Asociación Provivienda Hijos de Manoa, declaró recientemente que en 1999 había 405 asociaciones proviviendas en Ciudad Guayana; en el 2010 sólo quedan 267 organizaciones. “Han desaparecido 40% de las asociaciones por la falta de respuesta y hemos presentado proyectos en todos los organismos públicos y no hemos recibido respuesta. Nos sentimos sin piernas en una competencia de patadas”, aseguró.
La existencia de seis instituciones en el municipio Caroní con competencia en materia habitacional no ha sido suficiente. Pagola mencionó entre los entes públicos en este ámbito a Ferrocasa, filial de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG); Fundación de la Vivienda de Caroní (Funvica); Gerencia de Vivienda de CVG; Instituto de la Vivienda, Obras y Servicios del estado Bolívar (Inviobras); Instituto de Vivienda y Hábitat de Caroní (Invihábitat) y el Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi).
Intenciones en letras
La cantidad de programas gubernamentales tampoco han sido la panacea. Juntos por tu casa, Barrio nuevo, Barrio Tricolor, Misión Villanueva y los anuncios de petrocasas y viviendas de madera no han logrado satisfacer las necesidades.
La situación obligó al Ejecutivo a traspasar las fronteras y a suscribir acuerdos para construcción con otros países del mundo como Portugal, Irán, Rusia, entre otros. Los convenios contemplan la edificación de 5 mil soluciones habitacionales con Bielorrusia; 10 mil con Rusia; 10 mil con Irán y 12 mil 512 con Portugal.
Las expropiaciones bajo la bandera de la estafa inmobiliaria también han estado presentes y han sido ocupados, en ese sentido, varios proyectos urbanísticos. El mandatario nacional informó esta semana, precisamente, que pudieran aplicarse medidas de expropiación a los bancos que no entreguen inmuebles a sus propietarios, pese a haber sido concluidos.
De carrera, aprobó a principios del mes 1.178 millones de bolívares para la construcción de 9.387 viviendas para enfrentar la emergencia generada por las fuertes lluvias; previamente fueron aprobados 4,1 millardos de bolívares. “Delante de todos ustedes vamos a aprobar estos recursos, ya los tenemos a la mano, solo pedimos a los entes responsables, desde la Vicepresidencia hasta Petróleos de Venezuela que no nos tardemos un día, que no perdamos tiempo”, dijo Chávez.
Diversos organismos públicos tienen ahora en sus manos recursos para la construcción de soluciones habitacionales, mismas que deben estar listas para el 2011. A un lado, el sector privado ha manifestado su disposición a edificar de la mano con el Gobierno nacional para acelerar un plan masivo de construcción, que ayude a frenar el déficit y a satisfacer las necesidades de casas dignas.
Agua potable y servicios básicos
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente es el séptimo objetivo de desarrollo del milenio, un conjunto de metas ambiciosas pero realizables fijadas por la Organización de Naciones Unidas y cuyo cumplimiento debe cristalizarse en el 2015.
Una de las metas de este objetivo es reducir a la mitad, para el 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento, relacionados con el derecho a una vivienda adecuada.
El Informe 2010 de la ONU señala que “si continuara la tendencia actual, el mundo satisfaría o incluso superaría la meta sobre agua potable en 2015. Para esa época se calcula que el 86% de la población de las regiones en vías de desarrollo tendrá acceso a mejores fuentes de agua potable”. En cuanto al acceso a instalaciones sanitarias básicas, señala que al ritmo de avance actual, el mundo no cumplirá con la meta de disminuir en 50% la cantidad de gente sin acceso a instalaciones sanitarias.
En cuanto a la creación de barrios marginales o invasiones, la ONU considera que la cantidad de habitantes de barrios marginales de países en vías de desarrollo está aumentando y continuará haciéndolo en un futuro cercano.
“Los bajos ingresos, ante el aumento del precio de las tierras, hacen que sea virtualmente imposible que los trabajadores más pobres puedan comprar tierras, lo cual contribuye también al problema de los barrios marginales urbanos”, indica la organización.
Ley de Emergencia para Terrenos Urbanos y Vivienda
Se espera que hoy se realice la segunda discusión de la Ley de Emergencia para Terrenos Urbanos y Vivienda, que permite al Ejecutivo disponer de terrenos ociosos o subutilizados para la construcción de viviendas.
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Darío Vivas, resaltó que esta ley privilegia a todos los sectores de la población: de escasos recursos, en riesgo, jóvenes parejas y, en general, a quienes no tienen vivienda propia, reseñó la Agencia Venezolana de Noticias.
