Mientras todas las ONG estaban atentas a la sanción de la temida Ley sobre Cooperación Internacional, la Asamblea Nacional tiene previsto aprobar hoy en primera discusión el proyecto de Ley para la Protección de la Libertad Política y la Autodeterminación Nacional, que en la práctica limita el financiamiento y la acción de estas asociaciones ciudadanas.
El texto ha sido elaborado por la Comisión de Defensa del Parlamento, solo consta de 10 artículos y en su exposición de motivos define su objeto en estos términos: «Proteger el ejercicio de la libertad política y la autodeterminación nacional ante cualquier injerencia extranjera a través de ayudas económicas o aportes financieros que puedan estar destinados a atentar contra la estabilidad y funcionamiento de las instituciones democráticas, así como normar la protección del Estado ante la participación de connacionales o extranjeros en el territorio nacional que, bajo el patrocinio de venezolanos, organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos, desacrediten, irrespeten, vilipendien o agravien a las instituciones del Estado, su funcionamiento y a sus representantes».
El artículo 4 de la citada herramienta legal establece: «el patrimonio y demás ingresos de las organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos, deben ser conformados exclusivamente con bienes y recursos nacionales». Es decir, ni partidos ni ONG podrán recibir aportes del extranjero para desarrollar sus actividades en el país.
En caso de que incumplan esa disposición, los infractores «serán sancionados con multa equivalente al doble del monto recibido», señala el artículo 6 de la propuesta.
En el artículo 8, referido a la «injerencia extranjera», expone: «Los representantes de organizaciones con fines políticos, representantes de las organizaciones para la defensa de los derechos políticos o particulares que inviten a ciudadanos u organizaciones extranjeras para que, bajo su patrocinio, emitan opiniones que ofendan las instituciones del Estado, sus altos funcionarios o atenten contra el ejercicio de la soberanía, serán sancionados con multa comprendida entre 5 mil a 10 mil unidades tributarias».
Adicionalmente, sobre los responsables de esas organizaciones se impondrá una «inhabilitación política por un lapso entre 5 a 8 años».
14.12.2010 Pedro Pablo Peñaloza. El Universal
