«En Venezuela se desconocen el número y tipo de armas decomisadas anualmente por el Estado, la cantidad de personas que tienen porte legal de armas vigente, el listado de entidades oficiales distintas a la Fuerza Armada Nacional autorizadas a portar armas, el nombre de las empresas de vigilancia privada autorizadas por el Ministerio de Interior y Justicia y el de las comercializadoras privadas de armas».
Así lo afirmó Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, durante el Foro para los Derechos Humanos y la Democracia, realizado ayer con el fin de dar a conocer el balance de los DDHH en Venezuela durante este año.
San Miguel manifestó su inquietud por la «opacidad del Estado frente a la adquisición de armas, especialmente en las ligeras que, en muchos casos, terminan en manos de la población civil». También denunció que este año el Ministerio de Defensa anunció la instalación de una fábrica que, según datos oficiales, produciría más de 50 millones de proyectiles.
«Todavía resuena en nuestra cabeza la cifra que articuló el presidente de la comisión de Defensa de la Asamblea Nacional: 14 millones de armas ilegales en manos de la población civil», añadió.
Alertó sobre una presunta compañía, adscrita a la Vicepresidencia de la República, que participa en la adquisición de nuevas armas para el país.
«Cada día vemos con mayor preocupación como el Estado hace gastos en defensa sin control, auditabilidad ni rendición de cuentas», señaló.
CÁRCELES Y DISCRIMINACIÓN SEXUAL
Tamara Adrián, de Diverlex, rechazó la inexistencia de políticas públicas y leyes que protejan a los venezolanos de la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
«Venezuela se está quedando de última en esta materia. Durante 2010, en Argentina y México se aprobó el matrimonio del mismo sexo, lo que también se está discutiendo en Brasil y ya existe en países como Uruguay, Colombia y Ecuador.
Mientras el resto del mundo avanza en el rompimiento de los prejuicios, Venezuela se ha quedado en la palestra», expresó.
Por su parte, Carlos Nieto Palma, de Una Ventana a la Libertad, precisó que este año fue el más violento en las prisiones venezolanas, que las pernoctas familiares empeoraron la situación, los funcionarios del Ministerio de Interior y de la Guardia Nacional siguen ingresando armas y drogas a los recintos penitenciarios, y que la población reclusa aumentó en 10 mil personas durante los últimos nueve meses. (Patty Fuentes Gimón, Tal Cual, 14.12.10)
