Provea publica el comunicado recibido en su correo electrónico:
A la opinión pública nacional e internacional
“Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución”
(Artículo 16, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789)
Diversos estudios e investigaciones preparados por Profesores de Derecho Público en Venezuela, han demostrado la ausencia de Estado de Derecho y de separación e independencia de los poderes del Estado que opaca la vigencia de los derechos humanos y hace ineficaz la Constitución. En Venezuela, el llamado Socialismo del Siglo XXI se presenta como una razón de estado absoluto que permite al Presidente de la República actuar sin limitaciones jurídicas ciertas y efectivas.
Los profesores de Derecho Público y materias afines de las Universidades venezolanas, abajo firmantes, rechazamos y denunciamos el desconocimiento por el actual gobierno, en todos los niveles, de los valores y derechos previstos en la Constitución, que configuran a Venezuela como un Estado democrático y social de Derecho, en el cual ha de regir la institucionalidad, el ordenamiento jurídico, el pluralismo y en el que los funcionarios públicos han de estar siempre al servicio de los ciudadanos, no de parcialidad alguna, y, en tal sentido, deben actuar sujetos a las limitaciones jurídicas derivadas de la libertad e igualdad de las personas, de manera que los derechos humanos, que se erigen como los valores y fines superiores, sean respetados y garantizados a todos por igual.
El respeto de la Constitución, como enseñamos en las aulas, garantiza también la seguridad, estabilidad, convivencia y paz de la sociedad, necesaria para el progreso y la prosperidad. No obstante, en Venezuela las normas han dejado de ser las que habilitan y determinan el actuar de los funcionarios públicos, para convertirse en meros instrumentos para la imposición de la voluntad caprichosa desde las altas esferas del poder.
Vivimos en un Estado donde los jueces o tribunales independientes son la excepción. En la actualidad la regla es que toda decisión del Presidente de la República o sus agentes reciba el aval del Tribunal Supremo de Justicia, responsable principal de esta situación intolerable, y del resto del Poder Judicial. Al contrario, los fallos judiciales tienen la vocación el intentar legitimarles cualquier arbitrariedad, ocurrencia o retaliación. Éste es el mayor peligro para nuestros derechos y para la democracia. Síntoma de lo anterior es el cada vez más elevado número de personas perseguidas o privadas de su libertad por motivos políticos y no jurídicos, así como la ya común y para nada encubierta práctica de sancionar con remoción o destitución a jueces que han enfrentado concretos intereses de altos funcionarios o del gobierno, llegando incluso a la detención arbitraria, con múltiples violaciones de derechos humanos, de alguno de ellos.
Vivimos, asimismo, la negación reiterada a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Los derechos constitucionales son indivisibles e interdependientes. Los derechos constitucionales son todos y para todos. No se puede lograr la satisfacción de los derechos civiles y políticos sin los derechos sociales, económicos y culturales, ni viceversa.
Las muertes violentas de personas que ocurren a diario, y que nos han convertido en uno de los países más violentos del mundo, son una violación del derecho a la vida; los secuestros son una violación de los derechos a la libertad y seguridad personal; el lenguaje excluyente utilizado por el Presidente de la República y otros funcionarios contra los venezolanos que no comparten su proyecto político particular son agresiones al derecho de igualdad y pluralismo político; la ausencia de un trabajo digno para todos es una violación del derecho al trabajo; la falta de una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales, es una violación del derecho a la vivienda; las expropiaciones arbitrarias y despojos a las propiedades que viene ejecutando el gobierno menoscaban el derecho a la propiedad; los ataques y ocupaciones arbitrarias a las empresas e industrias lesionan los derechos a la libertad económica y a la iniciativa privada; los juicios iniciados contra manifestantes, periodistas y demás personas por sus opiniones, así como el cierre arbitrario de medios de comunicación, son una violación del derecho a la libertad de expresión; la ausencia de disponibilidad suficiente y estable de alimentos y las limitaciones para su acceso oportuno y permanente al público consumidor menoscaban el derecho a la alimentación; las medidas que planifican y restringen la oferta de bienes y servicios son una violación a los derechos de los consumidores y usuarios. Éstos son apenas unos ejemplos de la falta de vigencia de nuestros derechos fundamentales.
No en vano el Estado venezolano se encuentra hoy día en una situación de grave incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en perjuicio directo de las víctimas, con ocasión del desconocimiento de las decisiones dictadas por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la Organización de las Naciones Unidas, que han sido la última esperanza de obtener justicia para las víctimas, especialmente los más pobres.
Todo lo anterior ha sido ejecutado abiertamente bajo un denominado “Estado Global”, que se basa en una supuesta actuación mancomunada de los poderes y en la primacía absoluta de un contradictorio y confuso interés general, que concuerda plenamente con los intereses e ideas unilaterales del Gobierno Nacional.
Utilizar el poder público sin obstáculos ni límites con la excusa de favorecer a muchos, aunque suponga la violación de los derechos de otros pocos, no hace otra cosa que desnudar la apetencia de poder de los actuales gobernantes. Con ello se encubre una gravísima contradicción, porque el despotismo y la autocracia han mostrado, una y otra vez, su incapacidad de solventar los problemas de todos. La actuación de los funcionarios públicos sin atenerse estrictamente al Derecho y a los derechos tiene un costo alto en lo humano, económico y social que pagan todos los miembros de la sociedad.
Con ocasión de los acontecimientos que presenciamos actualmente en el país, convocamos a la sociedad venezolana a tomar conciencia de las consecuencias negativas que conlleva el modelo jurídico, económico y social que se pretende imponer a los venezolanos sin su aprobación expresa y, más aún, en contra de su voluntad, como es el caso del Estado Socialista y Comunal rechazado por el pueblo en la reforma constitucional propuesta en el año 2007.
Apremiamos a todos, y en particular al gremio de abogados, a luchar en el marco del Derecho por la vigencia de toda la Constitución, con sus derechos y sus normas que limitan y responsabilizan a los funcionarios que ejercen el poder. Solo asumiendo y defendiendo todos los principios y derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales y sus consecuencias para el Estado y la sociedad, como hemos decidido hacerlo en las aulas universitarias, podremos los venezolanos forjar nuestro futuro como personas libres y dignas, como seres iguales empoderados de derechos inviolables y, por tanto, no sometidos a la voluntad y capricho de otros. Solo andando según estos principios lograremos la felicidad, el progreso como sociedad democrática y convertiremos a Venezuela en el país próspero que todos merecemos.
En Caracas, el 16 de diciembre de 2010.
Serviliano Abache
Asdrúbal Aguiar
Carmen Alguindigue
Jesús María Alvarado Andrade
Miguel Alvarado
Andrés Álvarez Iragorry
Néstor Luis Álvarez Martínez
Tulio Alberto Álvarez
Ricardo Antela Garrido
Karina Anzola Spadaro
Ana Elvira Araujo García
José Araujo Juárez
Tomás Arias Castillo
Alfredo Arismendi Aguana
Carlos Guillermo Arocha
Roquefélix Arvelo Villamizar
Flor Ávila
Marcos Avilio Trejo
Carlos Ayala Corao
Alberto Blanco Uribe
Alberto Baumeister Toledo
Irma Beherens de Bunimov
José Rafael Belisario Rincón
Carlos Simón Bello Rengifo
Juan A. Berríos O.
Elías Bitar Escalona
Erick Boscán Arrieta
Allan R. Brewer-Carías
Gustavo Briceño Vivas
Josefina Calcaño de Temeltas
Pedro Pablo Calvani
Alejandro Canónico Sarabia
Antonio Canova González
Ruth Capriles
Carlos Luis Carrillo Artiles
Marcos Carrillo Perera
Jesús María Casal
Alma Chacón Hanson
Rafael Chavero Gazdik
María de los Ángeles Delfino
Rafael Díaz Blanco
Hernando Díaz Candia
Román J. Duque Corredor
Néstor Ecarri Angola
Leopoldo Escobar
Margarita Escudero León
Ronald Evans Márquez
Luis Henrique Farías Mata
Liliana Fasciani M.
Héctor Faúndez Ledezma
Andreyna Febres-Cordero W.
Juan Carlos Fermín Fernández
Fernando M. Fernández
Gerardo Fernández
Alejandra Figueiras R.
Argenis Flores
Jenniffer Gaggia
Catherina Gallardo
Ramsis Ghazzaoui
Oscar Ghersi
Simón Gómez
Fortunato González Cruz
Gustavo Grau Fortoul
Angelina Jaffe
León Jurado Laurentin
Andrés L. Halvorssen Villegas
José Vicente Haro
José I. Hernández González
Luis Alfonso Herrera Orellana
Gonzalo Himiob Santomé
Jorge Kiriakidis
Gustavo Linares Benzo
Laura Louza
Luis Alberto Marín Rengifo
Manuel Marín
Alfredo José Martínez García
Juan Miguel Matheus Fernández
Luis Molina
Juan Pablo Molina Berrizbeitia
José Enrique Molina Vega
Miguel Mónaco
Alicia Monagas
José Antonio Muci Borjas
Bárbara Nava
Claudia Nikken
Humberto Njaim
Edgar Núñez Pino
Gilda Núñez
Jesús Ollarves Irazábal
Freddy J. Orlando
Alejandro E. Otero Méndez
Paciano Padrón
Alfredo Parés Salas
José Peña Solís
Rogelio Pérez Perdomo
Flavia Pesci Feltri
Pedro Alfonso del Pino
Rodolfo Plaz Abreu
Francisco Paz Yanastacio
Manuel Rachadell
Juan Manuel Rafalli
Jacqueline Richter
Carmen Luisa Roche
Miriam Rodríguez
Ninoska Rodríguez Laverde
Manuel Rojas Pérez
Manuel Román Ramírez
Andrea Rondón García
Ana María Ruggeri
Gabriel Ruan Santos
Leonel Salazar Reyes-Zumeta
Enrique Sánchez Falcón
Abdón Sánchez Noguera
Luis Pompilio Sánchez S.
Antonio Silva Aranguren
Nelson Socorro
Cecilia Sosa Gómez
José Gregorio Torrealba R.
Diana Trías Bertorelli
Héctor Turuhpial
Carlos Urbina
Gustavo Urdaneta
Daniela Urosa Maggi
Judith Useche
Juancarlos E. Vargas
Alfredo E. Vázquez L.
Adriana Vigilanza
Isaac Villamizar
Carlos E. Weffe H.
Corina Yoris
(Firmas en depósito)
