Rafael Uzcátegui
En el contexto que permite la vigencia de los derechos humanos para el año 2010 en el país, Provea ha sostenido que se ha venido implementando, de manera no democrática, el proyecto político denominado «Socialismo del Siglo XXI». Los recientes acontecimientos, la solicitud y aprobación de una Ley que le confiera poderes habilitantes al Presidente de la República, así como la discusión y progresiva aprobación extraordinaria de un paquete de aproximadamente 13 leyes, han agravado -como nunca antes- el desconocimiento de la Carta Magna aprobada por todos y todas las venezolanas en el año 1999.
No es la primera vez que el presidente Chávez ha gobernado con facultades habilitantes, entendidas como la posibilidad de aprobar leyes de manera expedita y unilateral sin la aprobación del parlamento. Recientemente, un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que «la posibilidad de que los órganos elegidos democráticamente para crear leyes deleguen esta facultad en el poder ejecutivo no constituye en sí mismo un atentado contra la separación de poderes o el Estado democrático». Sin embargo, la reciente Ley Habilitante aprobada por 18 meses se da en un contexto diferente a las anteriores: Socava, previo a su instalación, las funciones de un nuevo cuerpo legislativo electo por el voto popular. La existencia de vacíos jurídicos al respecto, ha permitido que sean desconocidos los resultados de las elecciones del pasado 26 de septiembre, donde la mayoría del país seleccionó la renovación y pluralidad del hemiciclo parlamentario. La aprobación de una Ley Habilitante por parte de diputados y diputadas a punto de finalizar sus funciones constituye una grave estrategia para limitar al mínimo las competencias de la próxima Asamblea Nacional, ignorar el equilibrio y separación de poderes y concentrar el gobierno en la figura presidencial.
Hay que aclarar que si bien el principal argumento del primer mandatario para solicitar la habilitante fue la necesidad de afrontar la situación de emergencia ocasionada por las lluvias, la mayoría de los ámbitos con competencias especiales que se le han conferido no tienen nada que ver con la urgente situación de las familias damnificadas. La legislación sobre el sector telecomunicaciones, la modernización de los sectores impositivos y tributarios, los sistemas de seguridad ciudadana, las normas relativas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por citar algunos de los ejemplos, merecen por su importancia un amplio debate y consenso nacional. Asimismo la «celebración de contratos de interés público de carácter bilateral o multilateral, destinados a desarrollar sectores estratégicos…» deberían honrar los principios de la democracia participativa y protagónica, en un sector, el energético, donde muchos activistas locales de larga data han señalado la preocupante entrega de la soberanía del país por la vía de los contratos de empresas mixtas realizados con empresas como, por ejemplo, Chevron y Repsol. Por otra parte, las facultades habilitantes insisten en la propuesta rechazada en la reforma constitucional de realizar una nueva geometría del país en base a la creación de Comunas, una figura inexistente en la Constitución de 1999.
De manera paralela a la Habilitante se han venido discutiendo y aprobando una serie de normativas que, a su vez, derivan en una Carta Magna diferente a la concertada hace una década. Cada una de las leyes propuestas contiene elementos que obstaculizan o simplemente niegan garantías y derechos consagrados tras largas luchas del pueblo venezolano. Por ejemplo, la propuesta de Ley de Universidades que allana la autonomía universitaria de una manera grave similar a las irrupciones policiales durante los gobiernos del pasado pero sin el uso de las armas; o la ley denominada «Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional» que empuja al terreno de la ilegalidad a la gran mayoría de las iniciativas sociales del país. Este proceso de progresivo desmantelamiento constitucional, -a pesar que tuvo algunos incidentes previos a esa fecha- ha sido especialmente visible desde comienzos del año 2008, tras la pérdida de la propuesta de reforma que fue negada en las urnas electorales. La tendencia antidemocrática se ha agravado con el paquete de leyes aprobadas sorpresivamente y en tiempo récord por un cuerpo legislativo a punto de retirarse.
El proceso político liderizado por el presidente Chávez ha comenzado a traspasar la frontera democrática, adjudicándose atribuciones que personalidades, cuerpos colegiados y juristas han catalogado como dictatoriales. Ante la imposibilidad que se repitan actores políticos como Augusto Pinochet o Rafael Trujillo, en tiempos en que el cumplimiento de las formalidades democráticas y el respeto aparente a los derechos humanos se encuentra en el centro de todas las negociaciones económicas y políticas de un mundo globalizado, los gobiernos con tendencias autoritarias de la región imponen arbitrariedades, utilizando la manipulación legal y los eufemismos leguleyos. En Venezuela hemos comenzado a transitar el camino que los peruanos vivieron bajo el régimen de Alberto Fujimori. Cuando «El Chino» decretó la disolución del parlamento contaba con: un amplísimo apoyo popular; una mezcla de incomprensión e indiferencia de la comunidad internacional; la desarticulación del tejido social del país; y las continuas campañas de descrédito contra sus oponentes a través de una amplia red de medios de comunicación. Sin embargo, tuvo que enfrentarse a un conjunto de actores sociales que desde la minusvalía pudieron crecientemente movilizar a la sociedad para la defensa y exigencia de sus derechos. (Rafael Uzcátegui, Correo del Caroní, 20.12.10)
