Unidad Socialista de Izquierda
La Asamblea Nacional ha aprobado, de madrugada y en Misa de Gallos, la Ley de Educación Universitaria sin consultar a los trabajadores, estudiantes y profesores que integran la comunidad universitaria de todo el país. El grado de autoritarismo empleado por el PSUV y el PCV para aprobar la ley es directamente proporcional al contenido antidemocrático de este instrumento legal, que elimina la precaria democracia universitaria actual y liquida la autonomía universitaria, concentrando en el Ministerio de Educación Universitaria la mayoría de las competencias que hoy constituyen atribuciones del autogobierno universitario.
La promulgación de esta ley se produce en el contexto de una ofensiva antipopular emprendida por el gobierno y la Asamblea Nacional, encabezada por una Ley Habilitante mediante la cual el Ejecutivo legislará durante 18 meses, y en cuyo marco se ha anunciado el aumento del IVA. Además de haberse aprobado de forma inconsulta y apresuradamente varias leyes que restringen las libertades democráticas, mediante las cuales se impone un mecanismo para la censura en internet, se establecen sanciones a diputados que disientan de sus partidos, se prohíbe la adscripción de organizaciones políticas a corrientes internacionales, se amarra el control gubernamental sobre las organizaciones del mal llamado “poder popular”, se interviene en los asuntos internos de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre otras medidas profundamente regresiva.
El gobierno se emplea a fondo en la tarea de imponer restricciones a las libertades democráticas antes de que tome posesión la Asamblea Nacional electa en septiembre de este año, en la cual el Psuv no contará con la holgada mayoría que tendrá hasta enero de 2011. Lo hace previendo que el entrante será un año de gran conflictividad social y política, ante la profundización de la crisis económica y la acelerada erosión del apoyo popular al gobierno del presidente Chávez.
En el ámbito universitario, la ley aprobada es la respuesta del gobierno a la multiplicación de las movilizaciones de trabajadores, estudiantes y profesores universitarios, que los últimos meses han exigido al gobierno que honre cuantiosos pasivos laborales, respete las Normas de Homologación, aumente los pírricos salarios y que ajuste el presupuesto de las universidades autónomas. La crisis en las universidades es tremenda y de ella son corresponsables las autoridades universitarias, estrechamente ligadas a los partidos de la Mesa de la Unidad, y el gobierno. Con esta ley, el gobierno pretende liquidar la independencia de las organizaciones estudiantiles y sindicales en las universidades para, de esta manera, aplastar la protesta y regimentar la vida universitaria.
Una ley antiobrera y antiestudiantil
Si bien la ley hace alusiones engañosas al socialismo y a la superación del capitalismo, su verdadero objetivo es dotar al gobierno de un instrumento para controlar directamente las universidades e integrarlas al proyecto político capitalista y reaccionario llamado “socialismo del siglo XXI”. De tal manera que lo sustantivo de la ley es la clara orientación de corporativizar a las universidades y convertirlas en instituciones bajo el control del régimen burgués actual.
El texto se caracteriza por un lenguaje ambiguo y tramposo. La ley establece que la educación universitaria es de carácter “público”, pero consagra la existencia de universidades privadas; plantea que la gratuidad es un “principio” de la educación universitaria, pero seguidamente establece que tal principio se circunscribe a las instituciones educativas oficiales. Hace una mención meramente declarativa de la autonomía universitaria, pero en la práctica la mayor parte del texto legal la abole, pues delega en el ministro de Educación Universitaria la mayoría de las atribuciones del autogobierno universitario y del antiguo Consejo Nacional de Universidades, lo cual se manifiesta en la eliminación expresa de las universidades autónomas; igualmente condiciona la autonomía a los planes de desarrollo gubernamentales, y liquida de un plumazo todas las atribuciones de las universidades en ejercicio de la autonomía organizativa, académica, administrativa, y económica. Además, la ley incorpora a todas las instancias organizativas de las universidades a representantes del gobierno por la vía de “organizaciones del poder popular”, las cuales en su mayoría dependen económicamente del Estado y son controladas por el partido de gobierno, además de no estar definidas por la ley ni quedar establecido el mecanismo para la elección de sus representantes.
Se trata de un instrumento legal autoritario y contrarrevolucionario, cuyos aspectos más resaltantes son los siguientes:
– El principio de territorialidad de la educación universitaria subordina a las universidades a las políticas económicas del gobierno, al establecer que deben comprometerse a impulsar el “modelo productivo socialista”. Muy lejos del socialismo, el modelo que impulsa el gobierno es el de un capitalismo estatista fundamentado en la sobreexplotación de los trabajadores y el ataque permanente a sus derechos. (Artículos 4, 64)
– Uno de los fines de la educación universitaria es impulsar la perspectiva geoestratégica capitalista de la llamada “pluripolaridad”. (Artículo 5)
– Bajo la tramposa denominación de “organizaciones del Poder Popular”, se inmiscuyen organismos corporativizados por el gobierno en el gobierno universitario. (Artículo 11)
– La autonomía universitaria, establecida como principio de la educación universitaria, es liquidada por el propio articulado de la ley al reducir a su mínima expresión el autogobierno universitario y transferir sus competencias al Ministerio de Educación Universitaria. El Ministro será un burócrata plenipotenciario que regulará la creación de programas de formación de pregrado y posgrado, las políticas de ingreso y permanencia estudiantil, la creación o supresión de núcleos y extensiones, y la vinculación de las universidades con las misiones. También establecerá “los criterios de distribución del presupuesto universitario”, normará la participación de las organizaciones del “poder popular” en las universidades, elaborará el reglamento electoral para la elección de las autoridades universitarias, el reglamento para el funcionamiento de los órganos del gobierno universitario, y establecerá los lineamientos para los programas de formación docente. (Artículos 11, 41, 82, 87, 90, 111).
– Las instancias organizativas del sistema universitario a nivel nacional y regional se subordinan al ministro directamente. El Consejo Nacional de Transformación Universitaria, que sustituye al actual Consejo Nacional de Universidades, tiene como fin coordinar la implementación de las políticas emanadas del Ministerio. Los Consejos Territoriales de Transformación Universitaria serán creados por el ministro, quien normará su organización y funcionamiento. (Artículos 21, 24)
– La ley aplasta la autonomía organizativa de estudiantes, trabajadores y profesores; liquida la libertad sindical al otorgar al ministro la potestad de reglamentar las organizaciones gremiales en el ámbito universitario. (Artículos 69, 70)
– Consagra la educación universitaria privada. (Artículo 15)
– Establece fuertes sanciones a miembros de la comunidad universitaria sobre la base de faltas que no son definidas con precisión. Por ejemplo, un estudiante puede ser suspendido por el período lectivo que esté cursando, por irrespetar o no guardar la “consideración debida” a un miembro de la comunidad universitaria. Si irrespeta los “valores y signos patrios o universitarios” puede ser suspendido entre 6 meses y un año. Un profesor que falte a las “buenas costumbres”, puede ser suspendido del cargo por 2 años. (Artículos 102, 103, 105, 106)
– Los estudiantes tienen el deber de contribuir con los planes estratégicos del gobierno. (Artículo 71)
– Los programas de formación docente serán diseñados en concordancia con los planes estratégicos del gobierno. (Artículo 82)
Los socialistas revolucionarios frente a esta ley
Para nosotros, una ley burguesa que liquida la autonomía universitaria, supone graves restricciones a las libertades democráticas, y elimina el derecho de los trabajadores y estudiantes a organizarse de manera independiente, debe ser enfrentada de manera contundente con la movilización popular y obrera. Es evidente que se trata de un retroceso con respecto a la ley de 1970, pese a que aquella fue promulgada en el marco de la militarización de las universidades y de una brutal represión contra el movimiento estudiantil, en los años del decadente puntofijismo. De la misma manera, implica un retroceso incluso con respecto a la muy precaria democracia universitaria vigente, en la cual las autoridades rectorales y los Consejos Universitarios ejercen un poder con pocos controles sobre la comunidad universitaria. El voto paritario otorgado a todos los miembros de la comunidad universitaria no es más que un trapo rojo con el que se distrae la atención del hecho de que el Ministro para la Educación Universitaria adquiere atribuciones cuasi dictatoriales sobre las universidades. “Democratizar” la elección de un gobierno universitario desprovisto de poder, cuyas competencias son transferidas a un ministro que no es elegido democráticamente, pues depende únicamente del dedo presidencial, es una farsa siniestra muy propia del chavismo, que en medio de su crisis y agotamiento se muestra cada vez más autoritario.
La respuesta de las autoridades de las universidades autónomas y de los partidos de la derecha frente a la promulgación de esta ley ha sido muy pobre, y no podría ser de otra manera. La derecha promovió como alternativa un proyecto legal que tampoco fue discutido con la comunidad universitaria. En sus intervenciones públicas, la derecha ha defendido las prerrogativas de las autoridades rectorales actuales, cuyos intereses no son los de la mayoría de la comunidad universitaria. Está claro que la derecha opositora no puede encabezar una lucha consecuente ante la arremetida autoritaria del gobierno contra las universidades.
La necesaria democratización y transformación de las universidades venezolanas sólo puede ser conquistada por la movilización de los estudiantes, profesores y trabajadores. Estamos convencidos de que hay decenas de miles de miembros de la comunidad universitaria del país, de las universidades autónomas y experimentales, dispuestos a enfrentar la ley promulgada por la moribunda Asamblea Nacional. Allí están las bases para una lucha independiente por la defensa de nuestros derechos y por un modelo de universidad verdaderamente democrático y popular, bajo la conducción de profesores, trabajadores y estudiantes.
¡Derrotemos en las calles y las universidades a la ley universitaria aprobada por el gobierno chavoburgués!
