El día de hoy (27.12.10) nos trasladamos desde Maracay, estado a Aragua, a la sede principal del INPSASEL en Caracas, 19 personas del grupo de afectadas/os del accidente químico tóxico ocurrido en 1993 en el Hospital José Antonio Vargas de La Ovallera para asistir a una reunión convocada por las autoridades de dicho Instituto para ofrecer resultados de los estudios “retrospectivo del accidente y las afectaciones de las personas que estuvieron expuestas”. Sin embargo, una vez más como ha sido costumbre en los últimos años caimos por “inocentes”. La autoridades habían advertido que el “Comandante Presidente de la Republica Hugo Rafael Chávez Frías había orientado a todas las instituciones aplicar la JUSTICIA SOCIAL por lo que el presidente del INSAPSEL había asumido con mucho seriedad el caso de los afectados de la Ovallera”.
Pese a que la supuesta reunión fue convocada por la doctora Linda Mora del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y autoridades del INPSASEL para entregar las evaluaciones y los montos indemnizatorios por los daños ocasionados durante el accidente laboral donde resultaron con afectaciones irreversibles a la salud.Pero como es costumbre tanto en la cuarta como en la quinta, se han burlado nuevamente de los afectadas/os convirtiéndolos en santos inocentes, a diferencia de nuestra abuelas que nos daban café con sal como una guasa en este día, las autoridades del INSAPSEL, una vez más hacen que personas enfermas y de escasos recursos se trasladen a Caracas para incumplir lo prometido, cerrar las puertas de una Institución que debe proteger a los trabajadoras/es y dejar sin respuesta a quienes tienes mas de 17 años clamando justicia.
Exigimos del ente rector, Ministerio para el poder Popular del Trabajo y la Seguridad Social, que de cumplimiento a los acuerdos pautados en al año 1999 donde el Ministro del Trabajo y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), se comprometieron con los afectadas/os para a sostener una reunión mensual de seguimiento a los acuerdos: la dotación de todos medicamentos necesarios para atender los daños a la salud; el pago de la pensión equivalente al salario mensual del trabajador activo y las indemnizaciones correspondiente por el accidente laboral.
Recordamos que el presidente de la República en esa oportunidad nos dijo en la Catedral de Caracas, mientras realizábamos una huelga de hambre, que como él no podía estar presente en todas partes delegaba a estos organismos para solución definitiva de nuestro caso. Por ello resulta preocupante que no exista continuidad administrativa, hoy nos hacen buscar una respuesta y llega una burla nuevamente.
Emplazamos a todos los Organismos involucrados en este problema a que de una vez por toda tomen seriedad, cumplan sus palabras y resuelvan este caso que cumple mayoría de edad (18 años) en marzo del 2011, y no sigan con este cangrejo, ya que somos personas enfermas que solo por cumplir con nuestro trabajo estamos pagando por algo de lo que no somos culpables por la inoperancia e incompetencia de estos organismos estadales. Exigimos justicia ya!!!
