Partiendo de la premisa de que las personas para tener una vida digna necesitan una serie de condiciones que después se van conformando en derechos civiles y políticos y, en Venezuela económicos, sociales y culturales, Feliciano Reina, defensor de los derechos humanos, plantea la necesidad de ir hacia los principios de por qué dichos derechos, que son inherentes a la humanidad han sido reflejados en constituciones, tratados y convenios.
Pero también hay que comprender que los unos sin los otros no hacen que la vida sea digna, es decir, si alguien tiene libertades y se puede expresar pero vive de una manera indigna, si tiene un ambiente que no es sano, si tiene una educación deficiente, no va a tener esa vida digna o, por el contrario, si una persona tiene una buena educación, buen acceso a la salud pero no puede levantar la voz, y le dicen: estudie, aquí tiene su casa y su hospital, pero cállese la boca, no puede expresarse, tampoco reunirse con otros para reclamar derechos. Igualmente la vida no sería completa, no sería digna.
A partir de una serie de luchas que han librado las poblaciones de distintos países a lo largo de la historia se ha ido constituyendo en un conjunto de normas que hoy por hoy serían todo lo referente a los derechos humanos que están en la Constitución de Venezuela, así como en convenios y tratados internacionales, los cuales tienen aspectos importantes y es que quien llega al Poder Público está obligado a respetarlos y garantizarlos, sostiene Reina.
Feliciano Reina, arquitecto de profesión, actualmente preside a Sinergia, una organización venezolana de agrupaciones de la sociedad civil presentes en distintos ámbitos que abarcan grupos ambientales, de salud, educación, participación comunitaria, economía. Al mismo tiempo, Reina es presidente de Acción Solidaria, que se ocupa del tema del Virus de Inmunodeficiencia Humana (Sida)
– Lo que estamos viendo en estos momentos, que ya tiene un período de unos seis años, es que cada vez más se están irrespetando, en su conjunto, los derechos humanos y eso está haciendo que las personas tengan una vida menos digna. Estamos viendo que se vienen cerrando los espacios de esos derechos civiles y políticos, de libertad, de posibilidad de expresarse, sin que eso tenga consecuencias, porque alguien podría argumentar que aquí todo el mundo dice lo que quiere, eso es cierto, pero tiene consecuencias por decir las cosas, y la libertad de expresión implica no tener consecuencias por decirlas, sobre todo si ésas son cosas que le están haciendo daño a otros, están solamente expresando preocupaciones o hablando de situaciones que no funcionan. De esta forma se vulnera la posibilidad de asociarse con otros y eso lo vemos en el campo del trabajo, por ejemplo, que haya un sector educativo con la posibilidad de plantear los problemas del país, y es lo que viene sucediendo con las universidades, y observamos también al mismo tiempo con mucha preocupación el retroceso en las posibilidades de tener una vivienda digna. En lo educativo, que más o menos ha venido funcionando actualmente también está teniendo problemas y en el caso de la salud, que está terriblemente afectada con el colapso de hospitales y el sistema de salud pública. Todo ello junto a lo que significa el derecho a la vida expresado en actos de enorme violencia que vive el país, con uno de los índices más altos del mundo.
– ¿Qué se puede hacer para abrir esos espacios de diálogo?
– Si quienes tienen esa responsabilidad de Gobierno se alejan de reconocer que esos derechos están en la Constitución, en los tratados y convenios y si ellos se alejan de ese camino, pues le corresponde a la sociedad reclamar que cumplan con sus obligaciones, organizarse y luchar porque esos derechos se hagan realidad.
– ¿Han tenido algún efecto esos reclamos?
– No siempre los tiene pero si es cierto que aquí y en otras partes esas luchas cuando se hacen de forma pacífica pero organizada, estructurada y con base al derecho sí va produciendo algunos resultados, si no es así, el país donde se esté dando la vulneración tendrá una situación de conflicto permanente. Hemos visto en Venezuela, y lo tiene bien recogido el informe de Provea, como la conflictividad social, las protestas, las manifestaciones se han venido multiplicando en los últimos tres años, ésta es una sociedad que está viendo que no le están respondiendo a sus aspiraciones de una vida mejor, y como no encuentran en la Defensoría del Pueblo, en la Fiscalía o en los tribunales de justicia que respondan a sus necesidades, o hay un Ministerio de Infraestructura que no está construyendo viviendas ni reparando las carreteras, lo que le queda a la gente es salir a reclamar y exigir permanentemente que estos responsables del Gobierno cumplan con sus obligaciones. Ahora, no quiere decir esto que haya resultados inmediatos, sobre todo cuando hay un distanciamiento por parte de los gobernantes de lo que son las aspiraciones populares.
– ¿Su opinión acerca del tratamiento que está dando el Gobierno a los damnificados por las lluvias?
– Son varios espacios y desafortunadamente responde a la misma manera de ver cómo funciona nuestra sociedad, que es excluyente, divide y separa. Lo que uno hubiera esperado en estos años que han transcurrido desde la tragedia del estado Vargas en 1999, es haber convocado a las personas mejor preparadas y con experiencia, a tomar entre todos una serie de medidas y en caso de volverse a repetir esa lamentable situación, poder dar una respuesta adecuada, tener recursos bien organizados y preparados para responder. Eso no sucedió y nos encontramos ahora con una situación grave que ha obligado en algunos casos a tomar medidas razonables para no dejar a la gente en la calle, pero por otro lado, producto de la imprevisión y de no haber realizado esa consulta y el trabajo conjunto, al final ha producido una afectación importante a largo plazo.
No solamente están en estos momentos tomando espacios como hoteles, museos sino también lo están haciendo en ministerios como el de Salud y el de Relaciones Exteriores, donde han desalojado los pisos inferiores para allí alojar a personas damnificadas y mover oficinas a pisos superiores.
– ¿En qué condiciones se hace eso?
– Es producto de una improvisación y una imprevisión terrible, una manifestación de haber excluido a personas con las que el Gobierno tenía que haberse sentado desde hace tiempo para conversar sobre esos problemas y producir, en consecuencia, soluciones que no afecten tan severamente la vida de las personas. Entendemos que sí hay que dar refugio pero escuchamos las historias de la gente que aseguran tener año y medio habitando esos refugios sin que se les haya brindado una solución y ahora, están llevando nuevas familias a esos sitios.
– ¿Qué consecuencias puede acarrear esa situación, tanto al Gobierno como a la sociedad civil?
– Para el Gobierno ha significado una pérdida de apoyo sostenido básicamente por no encontrar respuesta, cuando gozaba de un enorme apoyo y credibilidad. Creo que en la medida en que la gente percibe que no se dan de nuevo esas condiciones para que su vida mejore están empezando a alejarse y eso se manifestó claramente el 26 de septiembre, cuando una parte importante del país puso en la nueva Asamblea Nacional una opción distinta a la del Gobierno. También es cierto que un número considerable votó por la opción gubernamental, pero parece que hubiera la aspiración por parte de once millones de ciudadanos que en el nuevo Parlamento haya un diálogo, haya convivencia y la posibilidad de resolver la situación que estamos viviendo, porque al final, eso impactará para bien o para mal en su vida.
Es fundamental que ese espacio de diálogo democrático se fortalezca, es preocupante lo que acaba de pasar con la Ley Habilitante, nos parece gravísimo, es una falta de respeto al elector, creo que los actuales diputados de la Asamblea Nacional que votaron por la Habilitante ni siquiera se pasearon por el artículo 5º de la Constitución, que especifica que los poderes emanan de la voluntad popular, a ella están sometidos y acaban de acallar las voces de once millones de ciudadanos que dijeron: «queremos que legislen estas 165 personas de diferentes posturas pero que estén allí para hacer buenas políticas públicas por medio del diálogo». Y los diputados de ahora, en una acción que tuvo como excusa el tema de la tragedia de las lluvias y los afectados, han dado poderes amplísimos al Presidente para legislar en una cantidad de materias que no tienen que ver con el tema de la lluvias y al final lo que hacen de nuevo es irrespetar la voluntad popular, es eliminar de ese espacio tan importante la representación de la voluntad popular y acallar las voces de la gente.
– ¿Qué está haciendo el Gobierno con el tema de los DDHH?
– Desde las organizaciones civiles nos preocupa mucho que efectivamente se dé la posibilidad de la vigencia de los derechos humanos, de que las personas puedan tener en efecto una vida digna en su conjunto, pero eso requiere de la posibilidad de diálogo, de que haya la inclusión de sectores que puedan contribuir justamente a que la sociedad se vaya desarrollando de una manera armónica y mejor para todos. Nos preocupa el cierre cada vez mayor de los espacios de diálogo por parte del Gobierno y de los poderes nacionales, es decir, el Legislativo y, por supuesto, el Ejecutivo y además lo que ha venido sucediendo con el Poder Judicial. Y en este sentido, lo que vemos a largo plazo es que no es posible construir una sociedad incluyente que produzca las condiciones de vida digna para todos. Nos preocupa que el Gobierno Nacional, que tiene una responsabilidad tan importante esté cerrando esos espacios de diálogo. (Rodolfo Mondolfi, El Carabobeño, 27.12.10)
