Los recientes acontecimientos de maltratos laborales y supuestos despidos injustificados en dependencias del Gobierno, pudieran hacer metástasis en cualquier momento. Carlos Salazar, vocero de la coalición de sindicatos de Libertador, anunció que está evaluando la posibilidad de conformar un frente de defensa de trabajadores «contra las irregularidades de las que han sido víctimas por organismos de la administración pública, para que todos salgamos a manifestar», reveló.
Según explicó el trabajador, «400 trabajadores de la alcaldía de Jorge Rodríguez fueron despedidos de los registros civiles el pasado 3 de enero».
«La alcaldía alega que ellos son trabajadores contratados, pero la realidad es que son fijos. Es injusto que la alcaldía haya tomado ésta decisión justo en enero, fecha en que los trabajadores más necesitan su sueldo», exclamó Salazar. Asimismo, reiteró que son pocos los avances que han tenido sobre el litigio con la Unión Socialista de Trabajadores en Libertador (UST), sindicato que consideran fraudulento desde su propia conformación, y que propondría un nuevo contrato colectivo, que no satisface las exigencias de 13 mil trabajadores representados.
«Extraoficialmente se maneja la información que puedan trasladar algunos damnificados del municipio a la sede de la alcaldía en el edificio La Nacional, por falta de refugios.
Por eso no descartamos que sigan despidiendo trabajadores para ocupar sus oficinas con damnificados», supuso Salazar.
EXIGEN CUENTAS CLARAS
Laura Sánchez, representante sindical de los trabajadores de la Alcaldía Mayor, asocia éstos acontecimientos a la inestabilidad laboral a la que están sujetos 6000 trabajadores del ayuntamiento metropolitano y 500 jubilaciones forzadas en el Ministerio de Finanzas registradas la semana pasada.
«Conozco una empleada que de la cartera de Finanzas que fue jubilada de la noche a la mañana, faltando sólo un año para que se formalizara su tiempo reglamentario. Todos los trabajadores de Venezuela debemos vernos en el espejo de los que ahora padecen éstas aberraciones laborales», enfatizó Sánchez.
También exhortó al diputado Darío Vivas para que responda a los trabajadores metropolitanos. «Vivas fue el promotor de la ley de dos niveles, que ahora nos perjudica a todos.
Lo curioso es que él nos garantizó que esa legislación sería positiva para nosotros. No es posible que la alcaldía mayor dependa del diezmo que les ofrecen el resto de los ayuntamientos, y aún así no nos pagan ni Henrique Capriles, ni Jorge Rodríguez, en Miranda y Libertador», reclamó.
Carlos Sánchez señala que «pareciera que la conducta del Estado va orientada a perjudicar a los trabajadores públicos de forma arbitraria. Si ocurrió en un ministerio, pues lo mismo puede expandirse a varias alcaldías y gobernaciones sin que existan consecuencias. Por eso cuando se vengan a dar cuenta ya tendrán a una masa de trabajadores en las calles de todo el país, exigiendo sus derechos», acotó. (TalCual; 10.01.2011)
