El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González, y los trabajadores imputados por el caso Transporte Camila concurren al mismo tribunal sexto penal.
Ayer González asistió a la audiencia número 12, del juicio que inició en noviembre de 2010 por los presuntos delitos de agavillamiento, instigación a delinquir, violación de la zona de seguridad y obstrucción de la libertad al trabajo por la protesta laboral ejercida en agosto de 2009.
Dos trabajadores se presentaron a las 10:00 de la mañana para dar su testimonio a favor del dirigente sindical. La audiencia concluyó antes del mediodía y continuará este miércoles a las 11:00 de la mañana.
Hoy tres sidoristas y 11 contratados asistirán a la cita pautada por la justicia. Están acusados de violación a la zona de seguridad, apropiación indebida calificada, obstaculización al ejercicio del derecho laboral y hacerse justicia por sus propias manos, por la protesta laboral ejercida en 2006.
Caso a caso
Rubén González está privado de libertad desde septiembre de 2009 y fue hasta noviembre de 2010 cuando inició el juicio en el tribunal asignado a la jueza Magda Hidalgo.
El dirigente protagonizó una huelga de 16 días en la que los trabajadores reclamaron la cancelación de beneficios establecidos en el contrato colectivo.
Por ejercer la protesta también fueron imputados los sidoristas y contratados de Sidor. En el 2006 protestaron en contra de la contratista Transporte Camila por las condiciones inseguras a las que sometía a los empleados en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor).
El juicio ha sido diferido en más de siete oportunidades desde hace cuatro años, tiempo durante el cual han estado sometidos a régimen de presentación mensual.
La audiencia fue pautada para el 18 de marzo en septiembre de 2010 y posteriormente adelantada para hoy.
En ambos casos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha solicitado al Gobierno venezolano la comunicación de la sentencia. Específicamente, por la causa del ferrominero, ha pedido la libertad “sin demora” y su respectiva indemnización por considerar que los argumentos para su detención atentan contra la libertad sindical.
La queja fue interpuesta en el segundo semestre de 2010 por el Sindicato Único de Empleados Públicos de la CVG (Sunep-CVG). La organización tripartita también ha lamentado el retardo procesal al que han sido sometidos los trabajadores. (Clavel Rangel, Correo del Caroní, 11.01.11)
