La audiencia por el caso Transporte Camila no contó con la asistencia del Ministerio Público, tampoco de la parte acusadora. Los tres dirigentes de Sidor y los once trabajadores sí acudieron, como desde hace cuatro años, a la espera de que se iniciara el juicio.
Los imputados por los delitos de agavillamiento, instigación a delinquir, apropiación indebida y violación a la zona de seguridad tuvieron acceso a la jueza del Tribunal Sexto de Juicio, Magda Hidalgo, con quienes conversaron sobre algunos puntos.
Leonel Grisett, delegado de prevención de Sidor y uno de los acusados, informó que el grupo solicitó a la jueza que se normalizara su condición en el sistema de información del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), pues los 14 trabajadores aparecen como solicitados.
Esto les ha generado cantidad de inconvenientes, pues ante cualquier situación pueden ser colocados nuevamente a la orden del Cicpc.
La jueza se comprometió a otorgarles una carta que será consignada en la sede del cuerpo de investigaciones en Caracas, para la corrección de esta amenaza.
Grisett dijo que el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Sus Similares (Sutiss) no brindó respaldo moral, físico ni económico.
Con lo cual han pedido a la jueza que se les otorgue un defensor público a los 14 trabajadores, debido a la indisponibilidad económica de los afectados para contratar un asesor legal privado.
La audiencia fue diferida para el 24 de mayo, probablemente por el sistema de rotación se les asigne otro tribunal.
Los trabajadores están imputados por la protesta ejercida en el 2006 dentro de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor). Los imputados reclamaron mejores condiciones de seguridad e higiene en el trabajo.
