«Pensamientos de Paz y no de Aflicción»
(Jr 29, 11)
Servidores de un pueblo noble
1. Cada año, en los meses de enero y julio, al término de nuestra Asamblea Ordinaria, nosotros, Obispos de Venezuela, Pastores del pueblo de Dios, hacemos llegar a todos los venezolanos, junto con nuestro fraterno saludo y bendición, una Exhortación sobre la realidad nacional y eclesial. Lo hacemos por fidelidad a nuestra misión pastoral y moral, y como servicio a nuestro pueblo. Su confianza en nuestra orientación y acción nos anima a transmitirle los pensamientos de paz del Dios del amor (Cf. Jr 29, 11). Nuestro único propósito, pues, es ayudar a los fieles católicos y a los hombres y mujeres de buena voluntad a discernir, conforme al Evangelio y a la Doctrina Social de la Iglesia, las actitudes y opciones que han de asumir en estos tiempos tan confusos y desafiantes de nuestra presente historia republicana.
2. Conocemos bien las notables virtudes de nuestro pueblo, sus anhelos e inquietudes, sus temores y esperanzas. Su inmensa mayoría es gente honesta, trabajadora y amante del orden, de la convivencia social amistosa y de la paz. Por ello bendecimos y damos gracias a Dios. Reconocemos los grandes esfuerzos que hacen las familias de escasos recursos por dar afecto, comida, techo y educación a sus hijos. Sabemos también de la dedicación, cariño y capacidad con que se desempeñan los docentes; de la mística y competencia de hombres y mujeres honestos, profesionales o no, en el ejercicio de su vocación y en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades laborales. Todos ponen su cuota de esfuerzo o sacrificio anhelando un mañana mejor. Sus principales demandas, hechas públicas de modos muy diversos y reiterados, son: seguridad, empleo, salud, vivienda, alimentación, educación, eficiencia y pulcritud en la gestión pública, justicia y paz. Si bien reciben del Estado diversos subsidios, entienden cada vez menos cómo los inmensos recursos que proporciona la renta petrolera no se traducen en empleos decentes y estables, en salarios suficientes para el sustento familiar, y en un régimen de seguridad social universal, justo y efectivo. Exigen al Estado unas condiciones básicas y suficientes para una vida digna y pacífica. Por eso viven y luchan con la esperanza de que su situación puede cambiar, aunque la mayor parte se pregunta de dónde y cómo vendrá ese cambio.
Violencia y criminalidad en el país
3. El tema de la vida ha sido recurrente en nuestros documentos. Creemos en el Dios viviente, y mediante la celebración de la resurrección de Cristo proclamamos el valor inviolable de la vida humana y el respeto por ella. Estas convicciones del pueblo cristiano chocan, desgraciadamente, con la cruda realidad nacional del momento. Trágica, pero paulatinamente, los venezolanos nos estamos acostumbrando a una cultura o modo de pensar según el cual la muerte parece ganarle cada día la batalla a la convivencia entre los ciudadanos. Estudios recientes han puesto de relieve la aterradora realidad de un país que se desangra en las manos de la violencia y el odio. Según la UNESCO, Venezuela encabeza la lista de los cincuenta y siete países más violentos e inseguros, con un promedio de cuarenta y cuatro homicidios por día, lo que significa un asesinato cada media hora [1]
4. El espectro de la violencia es sumamente amplio. Sus manifestaciones son muy diversas y no se pueden esconder. Golpean constante y dolorosamente a la familia venezolana delitos tales como la extorsión, el secuestro y el narcotráfico, con particular virulencia en las regiones fronterizas. Una situación de inaudita deshumanización, de protestas y de sangrientos enfrentamientos persiste en las cárceles. Hay otras manifestaciones, menos denunciadas, pero no menos perjudiciales y traumáticas, como el maltrato a la mujer y la violencia doméstica. Lamentablemente, algunos medios de comunicación contribuyen a la exaltación de actitudes violentas, difundiendo contenidos e imágenes reprobables.
5. La criminalidad conmociona al país. Sin olvidar ningún caso, no podemos menos de referirnos al Pbro. Jorge Piñango, sacerdote de la Arquidiócesis de Barquisimeto, muy apreciado por la feligresía, quien para el momento de su homicidio era el Subsecretario de la Conferencia Episcopal. La intención de algunos sectores de desprestigiar a la Iglesia y amedrentarla, no tuvo eco en la población. La Iglesia, por su parte, sabe que la cruz y la persecución son consecuencias inseparables de la vocación profética y del discipulado cristiano, y sabe también que «la verdad nos hará libres» (Jn 8, 32). Exigimos que el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales actúen conforme a la verdad para que éste y otros crímenes sean completamente aclarados, y que los culpables sean debidamente sancionados de acuerdo a las leyes y dentro del Estado de derecho.
6. Junto a este cuadro de violencia desatada, Venezuela presencia, con asombro y rechazo moral, la promoción de un clima bélico y la militarización de la sociedad, entre otras cosas por la creación de milicias civiles. Es contradictorio ofrecer un discurso contra la violencia y planes de desarme de la población y, al mismo tiempo, adiestrar en el uso de las armas a los jóvenes y adolescentes. El militarismo, el exceso de armas, los abusos policiales y la impunidad, crean un estado de zozobra y sobresalto en la ciudadanía y neutralizan la capacidad de legítima protesta. Es imprescindible una lucha frontal contra estos males y una sana depuración de las fuerzas del orden, tanto en sus niveles de comando como en sus áreas operativas, sin otro criterio distinto a la profesionalización, habilidad, conocimiento y ética en el ejercicio de sus funciones. En este mismo sentido, el Proyecto de Ley de Policía Nacional no debe propiciar la centralización, y ha de luchar contra la corrupción y el amedrentamiento. Urge, por tanto, en el país una campaña nacional en favor de la cultura de la vida y de la civilización del amor, que incluya una educación para la paz y la reconciliación, que penetre todos los sectores, ambientes e instituciones. Ha de promoverse de modo eficaz la reorientación del gasto armamentista, disminuyendo el mismo y aumentando la inversión en programas de prevención y seguridad de las personas, de manera muy especial, de los niños y jóvenes de los estratos más pobres y abandonados. En este mismo sentido, sería muy deseable que la Asamblea Nacional estableciera definitivamente la Ley de Seguridad Social universal e integral como instrumento de justicia social. «La justicia es el objeto y, por tanto, la medida intrínseca de toda política» (Benedicto XVI, Carta Encíclica Dios es Amor, N° 28b).
Familia, educación y sociedad
7. La educación es asunto de todos los venezolanos y a todos afecta. A los obispos nos preocupa la orientación de todo el sistema educativo. El problema fundamental reside actualmente en el intento, recogido en el anteproyecto de Ley Orgánica de Educación, de asignar al Estado los derechos educacionales originarios de la sociedad. En efecto, tales derechos no tienen su origen en el Estado sino en el niño, en la familia y en la sociedad, porque éstos son anteriores al Estado. Por eso, son ellos los que determinan la exigencia de que el Estado garantice una educación de calidad. Considerar al Estado como actor supremo de la educación, además de socavar los derechos de la familia y de la sociedad, es peligroso, porque lleva a consagrar el monopolio estatal-partidista de la educación y a herir de muerte el pluralismo o libertad educativa. Es inaceptable, por inconstitucional, y violatorio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el propósito manifestado por funcionarios del Gobierno de «politizar» la educación y convertir a los docentes en agentes de adoctrinamiento de un determinado modelo político. «Cuando el Estado reivindica el monopolio de la educación, sobrepasa sus derechos y ofende a la justicia…; el Estado no puede, sin cometer injusticia, contentarse solamente con tolerar la llamada escuela privada» (Instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe acerca de la libertad cristiana y la liberación, 1986, N° 94).
8. La cuestión de Educación Religiosa en las escuelas públicas y privadas preocupa a los Obispos, a toda la Iglesia y a la gran mayoría de la población. Al respecto, la Iglesia no pide privilegios; reclama los derechos de los educandos, de los padres y de la sociedad y el derecho que ella y otras comunidades religiosas tienen de ejercer su misión. La Educación Religiosa Escolar (ERE), en particular, es un derecho de todo niño, de acuerdo con el credo religioso que profesan sus padres, dentro del concepto de educación integral y del respeto a la libertad religiosa como un derecho humano. «El principio reconocido universalmente de la libertad religiosa y de la libertad de conciencia… no sólo entra en la lista de derechos del hombre admitidos por todos, sino que ocupa el puesto clave» (Juan Pablo II, Discurso al Cuerpo Diplomático, 12-1-1979). Si el Estado no respetase este derecho de los niños y de la familia, la educación no sería democrática. Si a la educación le faltase la dimensión religiosa, sería incompleta. Además, la historia de Venezuela demuestra que la educación laica, es decir, no confesional, puede coexistir perfectamente con la práctica secular en Venezuela de la enseñanza religiosa en las escuelas. Sorprende que, por una parte, cuando se reconoce el déficit moral de la sociedad, se pretenda excluir la educación religiosa de las escuelas, y, por otra, se proclame e introduzca el manejo ideologizado tanto de la religiosidad popular, vaciándola de su genuina raigambre espiritual, como de todo el hecho educativo.
Riesgos de conciencia para la democracia
9. El aumento de la conflictividad social y de las protestas callejeras, que a diario protagonizan, especialmente, los sectores más pobres del país, son una consecuencia del sentimiento de abandono y escasa atención a los problemas más urgentes. A propósito de esto, la sociedad percibe, en algunos sectores del gobierno, una falta de capacidad para dar respuestas a los planteamientos y a las críticas, por muy bien intencionados que éstos sean, una tendencia a descalificar a quien pregunta o cuestiona, y asignar a sus intervenciones un propósito de desestabilización o, incluso, de «traición a la patria». La persecución y discriminación por razones de discrepancia ideológica, así como la presencia de presos por actividades vinculadas con su posición política, resultan no sólo reprobables desde cualquier consideración ética y democrática, sino que son ajenas al talante tradicionalmente tolerante de la cultura política del venezolano.
10. Las declaraciones y actuaciones contra la autonomía de las universidades y el ejercicio de la libertad de expresión, así como las normas contenidas en el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional en referencia a la libertad y actividades de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), constituyen en su conjunto amenazas ciertas a la pluralidad y diversidad democráticas. Todos estamos llamados a reflexionar sobre el inmenso riesgo que tales discursos y conductas encierran, por la sustentación ideológica que se les da y los modelos que de hecho proponen como referencia. Tales hechos permiten deducir algo que nos preocupa grandemente: que ellos puedan constituir el intento de imponer un pensamiento único. Ante esto es imperativo que el Gobierno y el sector político oficial precisen, sin ambigüedad ni dilación, su reiterada propuesta englobante de «Socialismo del Siglo XXI». «Lo que hace falta no es un Estado que regule y domine todo, sino que generosamente reconozca y apoye, de acuerdo con el principio de subsidiaridad, las iniciativas que surgen de las diversas fuerzas sociales«. (Benedicto XVI, Dios es Amor, N° 28).
Interrogantes en un año electoral
11. Estamos en un año electoral, a escasos meses de las elecciones presidenciales. Las interrogantes y preocupaciones son muchas. La incertidumbre, el temor y la desconfianza parecen ser los rasgos psicológicos y las actitudes sociopolíticas que definen el estado de ánimo general de los venezolanos. ¿Qué va a pasar en el país? es la pregunta más común, que genera angustia y parálisis. Es menester, por tanto, superar cuanto antes, adecuadamente, esta situación.
12. Por ello nos dirigimos hoy, sincera y responsablemente, al Consejo Nacional Electoral: toda colaboración o medida de corrección se hace necesaria cuando el objetivo es rescatar la confianza de todos los sectores del pueblo en la institución del voto, siendo éste el mecanismo democrático por excelencia para dirimir de manera pacífica los conflictos propios de quienes piensan distinto. En tal sentido, solicitamos a este organismo que escuche las sugerencias de la Comisión de Seguimiento del Proceso Electoral de la Conferencia Episcopal. El CNE tiene el deber histórico de extremar todos los esfuerzos para que el inmediato proceso electoral sea constitucional, legal, política y éticamente irreprochable, garantizando de esta manera que todos los venezolanos puedan ejercer su derecho al voto sin miedo a represalias y con la seguridad de que la decisión de la mayoría será respetada. Por otra parte, la dirigencia política debe, con un mensaje y una actuación coherentes, ganarse la confianza de la colectividad, en orden a contrarrestar la tendencia al abstencionismo, mediante ofertas alternativas que encarnen y afiancen la viabilidad de la democracia.
Llamados a la responsabilidad
13. Es urgente iniciar un camino de recuperación de la concordia nacional tanto entre los ciudadanos, como entre éstos y las instituciones públicas. Exhortamos a los venezolanos a rechazar cualquier conducta de discriminación e intolerancia, venga de donde viniere, a combatir con vigor las actitudes de indolencia, indiferencia, resignación y desesperanza; a defender la libertad y la dignidad de la persona humana. Nada ni nadie, llámese líder o proyecto político, económico o social, del tipo o color que sea, puede estar por encima de la persona. Nuestro pueblo clama al cielo por justicia desde el miedo y la opresión, generados por la violencia o la pobreza. Desentenderse del problema, porque nos acostumbramos a él, o porque nos hemos convencido de que no se puede hacer nada, es la negación del mensaje esencial del Evangelio, contenido en el Sermón de la Montaña (Cf. Mt 5-7).
14. Se requiere una revisión profunda del sistema judicial, a fin de liberarlo de los yugos del partidismo, el amiguismo, y el clientelismo que se nutren de las cercanías del poder, y que terminan no sólo dándole la espalda al pueblo necesitado de justicia y paz, sino reforzando y estimulando a los hacedores de violencia.
15. Reiteramos nuestro llamado a todos los sectores, especialmente del gobierno, para que abandonen el discurso incitador a la confrontación y a la violencia; para que estimulen la unidad entre los venezolanos, evitando acciones que propicien y refuercen la división y la discriminación, y para que enfaticen la tolerancia, el respeto por el adversario y por la dignidad de quienes piensan distinto. En este sentido renovamos la solicitud que hiciéramos en el pasado mes de enero por «medidas de gracia, beneficios procesales y trato humanitario para todos los presos políticos» (Exhortación Pastoral «Ser Luz del mundo y Sal de la tierra en la Venezuela de hoy», N° 11). Ello sería un signo concreto y eficaz de reconciliación. «No hay orden estatal, por justo que sea – dice el Papa Benedicto XVI – que haga superfluo el servicio del amor. Quien intenta desentenderse del amor se dispone a desentenderse del hombre en cuanto hombre» (Encíclica Dios es Amor, Ibídem).
16. Llamamos a las comunidades cristianas de todas nuestras iglesias particulares a asumir con gozo, ilusión y compromiso la gran iniciativa global de la Iglesia venezolana en los últimos años del siglo pasado y los primeros del nuevo milenio: el Concilio Plenario. Es ésta una propuesta orgánica de renovación eclesial, de anuncio profético del Evangelio y de contribución a la gestación de una nueva sociedad. El Concilio ha sido escuela de comunión y es fuente de esperanza para la Iglesia y el país. El próximo 7 de octubre tendrá lugar la solemne clausura de sus sesiones, y entrará en su etapa más importante, la aplicación concreta en la vida pastoral.
17. En momentos difíciles y en horas de calma acudimos siempre con filial afecto a la que es vida, dulzura y esperanza nuestra, la Virgen de Coromoto, Patrona de todos los venezolanos, con la seguridad de que ella nos obtendrá de su divino Hijo fuerza para proseguir el camino de reconstrucción de nuestra historia, promoviendo pensamientos de paz y no de aflicción.
18. Pedimos a los sacerdotes leer y comentar esta Exhortación en las diversas reuniones de grupos y movimientos eclesiales.
Con nuestra afectuosa bendición.
Los Arzobispos y Obispos de Venezuela
[1] Más de 30% de las victimas de homicidios son jóvenes entre 15 y 29 años. De hecho, el homicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes de ambos sexos de 15 a 29 años de edad. El promedio de niños asesinados alcanza la cifra de 42 infantes por mes. En los últimos tres años han sido secuestradas 380 personas. Los muertos por resistencia a la autoridad superan los 200 por año. Menos del 2% de los funcionarios policiales y militares investigados por estos ajusticiamientos son finalmente condenados. Fuentes de los datos: Anuarios de Mortalidad del MSDS, División de estadística del CICPC, Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV; UNESCO y Banco Mundial.
13.01.11 CEV
