El Instituto para la Defensa de las personas en el acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) contabiliza, en las salas situacionales, más de 6.826 denuncias, lo que representa 34.130 personas que han sido estafadas y engañadas por parte de las constructoras privadas que ejecutan diversos urbanismos en el país, así lo informó la presidenta del referido organismo, Aura Rosa Hernández.
Detalló que las cifras de denuncias recibidas están vinculadas con 635 desarrollos habitacionales inconclusos ubicados en distintas zonas del territorio nacional.
Señaló que tras la expropiación de cinco urbanismos y la ocupación temporal de otros ocho por parte del Gobierno Nacional, se incrementaron las denuncias recibidas ante el Indepabis por parte de familias que han sido víctimas de estas inmobiliarias.
“Antes de la publicación de la resolución, publicada el 30 de noviembre de 2010 por el Ejecutivo sobre las diferentes medidas de ocupación temporal y expropiación, el número de denuncias que inicialmente oscilaba entre 1.650 y 1.700 han ido aumentando a 6.700, debido a las constantes violaciones por parte de las constructoras con el cobro indebido del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y la firma de nuevos contratos con aumentos exorbitantes”, explicó.
Refirió que los estados donde se han recibido más reportes de irregularidades son: Carabobo, Aragua, Miranda, Zulia, Portuguesa, Lara, Nueva Esparta y Anzoátegui.
Por ello, se ha propuesto la instalación de mesas técnicas, que permitan actuar de manera simultánea y como una respuesta de Estado, a cada una de estas familias que hoy sienten vulnerados sus derechos de tener una vivienda digna.
“Lo importante y plausible es que luego de las medidas de ocupación temporal y expropiación que adelanta el Estado venezolano contra una serie de inmobiliarias, los propietarios de los urbanismos se han organizado en comités para realizar sus denuncias para finalmente adquirir sus viviendas anheladas”, agregó.
Hernández manifestó que las acciones emprendidas por el Estado buscan asegurar el derecho a la propiedad privada de cada una de las familias afectadas y no como han querido hacer ver los medios de comunicación privados, que el Estado, en un acción arbitraria, iba a expropiar las viviendas para eliminar la propiedad privada.
Asimismo, indicó que Indepabis está trabajando de manera conjunta con el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat (Minvih), a través del Banco Nacional de Vivienda y Habitat (Banavih) para entregar de manera inmediata las viviendas a las personas afectadas.
Hernández resaltó que se han protocolizado más de 340 viviendas, que eran retenidas en represalia por las empresas constructoras, ya que las familias se negaban a realizar pagos de aumentos injustificados o firma de nuevos contratos de compra-venta.
“Hemos exigido el compromiso que debe asumir la banca privada y pública para el financiamiento, debido a que están trabajando con el dinero de los trabajadores que aporta al Fondo de Ahorro Habitacional (FAH) y, a su vez, se le ha exhortado a que cumplan con la cartera fija que cada banco debe brindar para la construcción de viviendas de interés social”, dijo. (AVN; 13.01.2011)
