El pasado miércoles 26.03.14 tres organizaciones no gubernamentales que trabajamos temas de derechos humanos (Provea, Foro Penal Venezolano y Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello) y dos iniciativas del entorno gubernamental (Mirada Alternativa Derechos Humanos y Fundalatin) nos reunimos con los cancilleres de UNASUR para plantear las situaciones relativas a las manifestaciones de los últimos meses. Las 3 ONGs que asistimos planteamos los casos de violación a los derechos humanos, con nombres y apellidos, lo cual haremos en cada espacio que nos lo permita.
Aunque la reunión tenía una duración formal de una hora, tuvo finalmente una extensión de dos horas y media, aproximadamente. Quienes ejercimos del derecho de palabra no tuvimos limitaciones de tiempo, por lo que entendiendo la necesidad de la síntesis, pudimos expresar nuestras informaciones. Incluyendo a la presidencia pro-tempore, en manos de Surinam, hubo un total 10 cancilleres.
Esperanza Hermida, de Provea, comenzó el ciclo de intervenciones planteando la política de criminalización de la protesta presente en el país, describiendo sus motivaciones sociales en los últimos años y los mecanismos promovidos para obstaculizar e impedir el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica. Seguidamente Rafael Uzcátegui, también de Provea, describió las condiciones necesarias para un diálogo real, que pasaban por el respeto, el fin de la represión y la libertad de las personas detenidas por protestar. Además describió el uso de grupos paramilitares en varios lados del país para reprimir las manifestaciones, citando el caso de Inti Rodríguez, y las amenazas contra los defensores de derechos humanos, aludiendo el caso de Rocío San Miguel.
Seguidamente Alfredo Romero y Gonzalo Himiob del Foro Penal Venezolano describieron los patrones de violación a los derechos humanos realizados contra las personas detenidas, un total de 2000 en todo el país, describiendo casos de torturas y tratos inhumanos, crueles y degradantes contra manifestantes por parte de funcionarios policiales y militares. Posteriormente, Nizar El Fakih del Centro de Derechos Humanos de la UCAB relató las violaciones al debido proceso en la detención de manifestantes, con nombres y apellidos, describiendo los patrones que se repiten en las agresiones. Las dos iniciativas restantes se enfocaron en la denuncia de los delitos cometidos por la ciudadanía, negando que en el país existiera violación a los derechos humanos de manera “sistemática”.
Después, 4 cancilleres realizaron sus intervenciones en este orden: Argentina, Uruguay, Brasil y Colombia. El canciller argentino, Hector Timerman, comentó: “Todas las personas deben ser respetadas. Es obligación del Estado investigar”. En su intervención separó la comisión de delitos de las violaciones DDHH. Por su parte el canciller uruguayo, Luis Almagro, pidió la redimensión de la Conferencia Nacional de Paz para que representara a todos los sectores. Además, agregó: “Todas las denuncias deben ser investigadas. Debe haber un marco lógico de respeto. Casos aislados o sistemáticos deben todos ser investigados. Toda muerte es repudiable”. La actitud del canciller brasilero fue más distante: “Yo vengo de un país donde sí se practicó el terror de Estado. En Venezuela eso no ocurre (…) No hay país en el mundo que no tenga problemas de DDHH. ¡Todos los tenemos!». La canciller colombiana María Ángela Holguín también insistió en que los delitos y las violaciones de DDHH son dos problemáticas diferentes: «Como Estado hay que ser abierto y transparente».
Provea hace un balance positivo de la reunión con los cancilleres de UNASUR. Por un lado se reconoció la legitimidad de interlocutores que hasta ese día habían sido víctimas de una campaña de criminalización por parte del Ejecutivo. En segundo lugar las víctimas tuvieron una voz, por la intermediación de las ONGs. En tercer lugar, la presencia de UNASUR en Venezuela como mecanismo de mediación ratificó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no era capaz por sí mismo de generar las condiciones para un diálogo real y efectivo, por lo que necesita la presencia de un tercero que genere confianza entre las partes.
Algunos primeros resultados de las gestiones de UNASUR comienzan a hacerse públicos. Una la voluntad del gobierno venezolano de «desarmar» el lenguaje y dar ejemplo de un lenguaje tolerante. En segundo lugar, tras la sugerencia de Colombia el vicepresidente Arreaza difundió la creación de un «Consejo Nacional de Derechos Humanos» que, entre otras cosas, es el reconocimiento de la incapacidad de la Defensoría del Pueblo para garantizar la atención a víctimas y la exigencia de respeto a los derechos fundamentales en el país. Hacemos votos para que las gestiones por el diálogo y fortalecimiento de los mecanismos democráticos para la resolución de la crisis prosperen.
