Así lo dio a conocer este martes la Defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez Pérez, durante la instalación de un Conversatorio en el marco del Día Mundial del Agua, organizado por el Tribunal Supremo de Justicia, donde participó en calidad de ponente.
La titular de la Institución Nacional de los Derechos Humanos recordó que las Mesas Técnicas de Agua han elaborado proyectos dentro de las comunidades para garantizar el acceso al agua potable y saneamiento, los cuales han contado con una transferencia directa de recursos por parte del Estado venezolano.
En este sentido, la Defensora del Pueblo expresó “Venezuela tiene un lugar de vanguardia con las Mesas Técnicas de Agua, gracias a una política del Estado que coloca a la participación popular como un elemento fundamental para que se garantice este derecho en todas las comunidades, planificando desde la empresa hídrica nacional para que la accesibilidad al agua potable realmente sea una realidad”.
Por otra parte, la Defensora del Pueblo también señaló que “el acceso al agua es una necesidad humana básica y su ausencia es incompatible con la vida y con la dignidad de las personas”.
“La escasez del agua en algunos sectores puede distinguir una vida digna o el socavamiento de las condiciones de vida de las personas. Un acceso directo de agua potable, tal y como lo hemos alcanzado en nuestro país, nos coloca como vanguardia en esta materia y nos distingue con una variable que es la erradicación de los niveles de pobreza”, dijo la máxima representante de la Defensoría del Pueblo.
Al respecto, recordó que en el año 2001 nuestro país alcanzó la Meta del Milenio con un 96% del acceso al agua potable, la cual debía ser cubierta para el 2015, lo cual mejora la calidad de vida de las personas, fortalece su dignidad, mejorar la salud e incrementa el desarrollo humano en general.
Ramírez explicó que “cada año mueren más de 1.500 millones de niños y niñas por enfermedades hídricas e, incluso, se socava la oportunidad del derecho a la educación de millones de infantes por esta razón, por lo cual se habla de más de 440 millones de días lectivos perdidos por estas enfermedades que provocan una afectación del derecho a la salud”.
Asimismo, la titular de la Defensoría del Pueblo precisó que la resolución de la ONU sobre el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento fue una iniciativa impulsada por países como Bolivia, Cuba, Ecuador, República Dominicana, El Salvador, Paraguay, Uruguay y, por supuesto, Venezuela, mientras que grandes potencias mundiales se abstuvieron ante esta propuesta y son, precisamente, quienes “tienen un sistema de aducción de agua totalmente mercantilizado y el agua es prácticamente un lujo”.(DP;23.03.2011)
