Un 15 de mes, 21 octubres atrás, tres activistas, con experiencia en el movimiento popular, decidieron crear una organización civil para promover y defender la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales en el país. De esta manera Ligia Bolívar, Dianorah Contramaestre y Raúl Cubas comenzaron un trabajo local que en otros países latinoamericanos ya tenía años de andadura: la defensa de los derechos humanos. Venezuela vivía momentos de incertidumbre. Tras la crisis económica catalizada por la devaluación del bolívar, el llamado “viernes negro” de 1983, el sistema populista de conciliación iniciado en 1958, basado en la renta petrolera, mostraba signos irreversibles de agotamiento. Es por estos años que comienzan a ventilarse propuestas de corte neoliberal, el recorte de presupuesto destinados a las políticas sociales y la progresiva privatización de servicios como la seguridad social y la educación. Trabajadores, estudiantes y comunidades se movilizaban defensivamente, mientras espontáneamente se sucedían en diferentes puntos pobladas que prefiguraban lo que estallaría a finales de la década.
Es por estos años que comienzan su camino las primeras organizaciones de derechos humanos del país. En 1987 se funda la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Al año después Provea. Como consecuencia del Caracazo, en 1989, Cofavic. Estas tres iniciativas, junto a organizaciones estudiantiles y comunidades cristianas de base, tuvieron que aprender sobre la marcha como defender los derechos de los más vulnerables frente un Estado que cada vez tenía menos respuestas que ofrecer. Mientras las fuerzas progresistas del mundo observaban perplejas el derrumbe del Muro de Berlín, en Venezuela las movilizaciones se enfocaban en exigir la salida de un Presidente que parecía condensar todo lo viejo y decadente. De esta manera, estas primeras ONG´s de derechos humanos formaron parte de una constelación de actores sociales que, sin vinculaciones orgánicas con los partidos políticos, representaban la emergencia de una sociedad civil moderna en Venezuela.
Provea acompañó diferentes conflictos durante la década de los 90´s en la defensa de derechos frente a la arremetida del paradigma neoliberal. Algunos de ellos fue la titánica defensa del sistema de prestaciones sociales, participando en una plataforma heterogénea, así como el intento de privatizar la educación universitaria, junto a los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. El mundo se transformaba a un escenario de economía globalizada, en donde las mercancías y los capitales necesitaban circular sin trabas en una red de escala planetaria. Pero en el caso venezolano, encontraba resistencias por parte de un contingente social amplio, disperso, pero en plena ebullición. En esa dinámica movimientista, Provea aportó sus mejores esfuerzos.
Años después el recambio burocrático generó amplias expectativas. Muchas iniciativas creyeron que el nuevo gobierno, mecánicamente, cristalizaría los anhelos del movimiento de los y las de abajo. Sin embargo, se ha repetido un fenómeno que el periodista uruguayo Raúl Zibechi ha diagnosticado en países latinoamericanos en donde las fuerzas de izquierda han accedido al poder: “Desde el punto de vista de los sectores populares organizados, estas experiencias no fueron felices, ya que propiciaron la desarticulación de toda una camada de organizaciones populares, más allá de la voluntad de sus promotores”. En su libro “Territorios en resistencia” (La Vaca, 2008), Zibechi hace un análisis que nos puede ayudar a complejizar la comprensión de nuestra propia situación: “El problema que enfrenta la dominación en América Latina, es que en las últimas décadas las poblaciones se levantan, se insurreccionan, y desde el Caracazo de 1989 lo hacen de modo regular. El panóptico se ha vuelto arcaico: aunque sigue funcionando, no es el medio fundamental de control. Lo que se requiere para gobernar grandes poblaciones que cambian y buscan el cambio, son formas de control a distancia, más sutiles, que trabajen en relación de inmanencia respecto a las sociedades, y para eso los movimientos juegan un papel fundamental. De ahí la necesidad de contar con ello, ya no reprimirlos y marginarlos (…) Ahora el Estado reconoció el papel del territorio y de los movimientos territoriales, y los movimientos reconocen el nuevo papel del Estado. Y juntos, a partir de ese reconocimiento, están creando algo nuevo: las nuevas formas de dominación”.
Si bien la intensa polarización política es fundamental para la cooptación de los movimientos sociales, otra poderosa causa del secuestro de su autonomía beligerante ha sido la sinergia que el Estado bolivariano ha construido con buena parte de las organizaciones populares, desarticulando sus vínculos y solidaridades horizontales, e hipotecando su propia agenda concreta de anhelos y reivindicaciones. Como alguien ha dicho mejor que nosotros derecho que no se defiende es derecho que se pierde. La vigencia y disfrute de los derechos humanos, y el aumento de la calidad de vida que los hace posible, presuponen obligatoriamente la existencia de movimientos sociales con capacidad de autoconvocarse y decidir, por sí mismos, cuales son sus prioridades y estrategias. En esta labor de reconstrucción y recreación, con la experiencia acumulada en 21 años de lucha, Provea seguirá, como se decía en los conflictos de los noventas, presente y siempre consecuente.
(*) Coordinador del Area de Investigación
