Amnistía Internacional expresa su preocupación ante declaraciones del Ejecutivo y el apoyo de la Asamblea Nacional de Venezuela en favor de un posible retiro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“Una decisión de ese tipo, que implicaría la salida de Venezuela de la Organización de los Estados Americanos (OEA) es sumamente grave,” dijo Guadalupe Marengo, Directora-Adjunta del Programa para América.
Un retiro de Venezuela del Sistema Interamericano implicaría negar a los y las venezolanas una importante instancia de justicia, e iría claramente en contra de la propia Constitución Bolivariana de Venezuela, que en su artículo 31 afirma que “Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos”.
Una de las razones por las cuales los Estados crearon el Sistema Interamericano de Derechos Humanos fue para garantizar a su población una instancia supranacional a la cual acudir cuando no habían obtenido justicia y reparación por violaciones de derechos humanos en los sistemas de justicia internos, precisamente porque se reconoce que existen retos en garantizar los mismos a nivel interno.
En este sentido, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de los órganos que lo componen – la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos – es un necesario complemento de la protección proveída por instancias nacionales en las Américas. A lo largo de los años miles de víctimas y familiares en todo el continente han visto en los órganos del Sistema Interamericano la única posibilidad de obtener justicia, cuando la misma es negada a nivel interno. Sobretodo, el mecanismo de medidas cautelares y provisionales ha salvado numerosas vidas que corrían peligro por algún riesgo inminente.
A finales de los años 70 el Sistema Interamericano se destacó, entre otros, por su trabajo sobre los miles de desaparecidos en el Cono Sur. Hoy se ocupa de una amplia gama de casos, desde la situación de personas en privación de libertad hasta el derecho a la educación en toda la región. Por ejemplo, el Sistema Interamericano se ha pronunciado sobre la necesidad de que EEUU establezca un tribunal competente que determine el status en el que se encuentran los detenidos de Guantánamo, y ordenó a la República Dominicana que garantice el acceso a la educación primaria y gratuita a todos los niños en relación al caso de dos niñas de descendencia haitiana. En este sentido vale resaltar que todos los Estados miembros de la Organización del los Estados Americanos han sido objeto de peticiones ante el Sistema Interamericano.
Del 2004 al 2009, la Comisión Interamericana recibió más de 7,500 peticiones por derechos individuales y colectivos. Además de permitir que estas víctimas accedan a la justicia, es importante notar que las decisiones del Sistema Interamericano también llevan a cambios estructurales que han garantizado los derechos de millones de personas en los países de la región.
Maria da Penha – una mujer brasileña que quedó paralizada por abuso de su marido – pasó años buscando justicia en corte brasileñas sin respuesta, lo que la motivó para llevar su caso ante el Sistema. En 2006, en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana, Brasil promulgó una ley clave contra la violencia domestica y lanzó un plan nacional para enfrentar la violencia contra la mujer. Asimismo, el esposo de Maria finalmente fue llevado a justicia y ella recibió reparación.
“El escrutinio internacional por mecanismos regionales e internacionales conlleva desafíos para los estados involucrados, pero contar con órganos con la trayectoria histórica del Sistema Interamericano es esencial para garantizar los derechos humanos de todos los pueblos en el continente Americano. Confiamos que la República Bolivariana de Venezuela decida asegurar a ésta y futuras generaciones de venezolanos/as el acceso a un mecanismo que ha demostrado durante décadas su fundamental importancia en garantizar los derechos humanos de todos y todas, en especial los y las más vulnerables” dijo Guadalupe Marengo. (Amnistía Internacional, 17.05.12)
