En un comunicado difundido el 25.04.11, el Alto Comisionado para los DDHH de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), expresó su preocupación por una serie de países que obstaculizan el trabajo de la sociedad civil, lesionando el disfrute de los derechos humanos. En la lista de países incluyen a Venezuela.
A continuación publicamos el comunicado íntegro:
Pillay: Nuevas restricciones a las Organizaciones No Gubernamentales están socavando los Derechos Humanos
GINEBRA (25 de abril de 2012) – La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay expresó el miércoles 25 de abril su profunda preocupación por las políticas recientes en una serie de países que restringen la libertad de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros actores de la sociedad civil para operar de forma independiente y eficaz.
Un proyecto de ley sobre la regulación de las ONG en Egipto «será, si se aprueba en su forma actual, el socavamiento grave del espíritu de la revolución de Egipto, en el que la sociedad civil jugó un papel tan importante», dijo Pillay. «Le da al Gobierno demasiado poder para regular, controlar y restringir la labor de las organizaciones de la sociedad civil.»
Instó a las autoridades egipcias a retirar la ley que ella describió como «un golpe potencialmente grave para las aspiraciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los egipcios, que muchos han luchado durante tanto tiempo a un alto costo».
Pillay señaló que la libertad de asociación se encuentra bajo una presión creciente en muchos países de todo el mundo. «La libertad de asociación es el elemento vital de las organizaciones no gubernamentales», dijo. «Sistemáticos intentos legales o administrativos para restringir sus actividades puede ser muy perjudicial».
La Alta Comisionada citó las recientes leyes recientes o en proyecto, y otras medidas en una serie de países que, en diversos grados, imponen nuevas restricciones sobre el derecho a la libertad de asociación, señalando por ejemplo que en febrero las autoridades en Zimbabwe ordenaron la suspensión de las actividades en 29 ONG.
Asimismo también se refirió a un proyecto de ley en Camboya que permitirá al Ejecutivo el cierre de algunas organizaciones no gubernamentales si sus actividades se consideran “dañinas a la unidad nacional, la cultura, costumbres y tradiciones de la sociedad camboyana.» No habrá recurso de apelación contra dicha decisión. Acogió con satisfacción el compromiso del Gobierno de Camboya para someter el proyecto a la consulta y examen.
En Argelia, una nueva ley establece que el objeto y los objetivos de las actividades de las asociaciones «no debe ser contraria a los» valores nacionales». Si las asociaciones no cumplen con esta disposición, las solicitudes de registro podrán ser rechazadas. En caso de «intervenir en los asuntos internos», pueden ser suspendidas o disueltas.
«La sociedad civil – incluyendo organizaciones no gubernamentales, sindicatos, defensores de los derechos humanos, académicos, periodistas, bloggers y otros – juegan un papel absolutamente crucial para asegurar que los derechos humanos están protegidos en los Estados», dijo la Alta Comisionada. «Una sociedad civil dinámica y autónoma, capaz de operar libremente, es uno de los controles y equilibrios fundamentales necesarios para la construcción de una sociedad sana, y uno de los principales puentes entre los gobiernos y sus pueblos. Por ello es crucial que las ONG sean capaces de funcionar adecuadamente en los países en transición, así como en las democracias establecidas».
«Los actores de la sociedad civil ayudan a movilizar a la gente a participar en las decisiones que afectan sus vidas. Es por ello que las Naciones Unidas estableció una unidad especial para sus contribuciones, tanto en la formulación de políticas como en las operaciones de campo», dijo Pillay. «Si su contribución es débil o moderada, las necesidades de la gente común son fácilmente dejadas de lado, y en particular las necesidades de las personas más discriminadas en una sociedad determinada.»
Pillay expresó su alarma por los intentos recientes o en curso en varios países para reforzar el control sobre las ONG mediante la restricción de sus fuentes de financiación y, en particular, la financiación extranjera en la que muchas organizaciones civiles eficaces dependen en gran medida.
En Etiopía, varias organizaciones de derechos humanos se han visto obligadas a cerrar debido a una ley del año 2009, que previene que las asociaciones puedan recibir más de un 10 por ciento de sus recursos totales del extranjero.
En Bielorusia, una enmienda al Código Penal fue aprobada en octubre de 2011 por el Parlamento, estableciendo responsabilidad penal por recibir donaciones del extranjero o donaciones en violación de la legislación Bielorusa. Se cree que esto limitará sustancialmente las operaciones de las ONGs. Una serie de enmiendas se introdujeron a por lo menos otros ocho actos legislativos que podrían restringir el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.
En Israel, la Ley de financiación de Relaciones Exteriores, recientemente aprobada, podría tener un impacto importante en las organizaciones de derechos humanos, sometiéndolas a rigurosos requisitos de información, obligándolas a declarar la ayuda financiera extranjera en todas sus comunicaciones públicas, y amenazándolas con fuertes sanciones en caso de incumplimiento.
En Venezuela, en enero de 2012, una nueva Ley Orgánica contra el Terrorismo y la Delincuencia Organizada fue aprobada por el Congreso, pero aún no ha sido promulgada por el Presidente. La ley establece una definición amplia de «actos terroristas» que puede aplicarse a los actos legítimos de protesta social o de disidencia. Además, sitúa las ONG bajo la vigilancia permanente de un órgano del Estado e impone restricciones al financiamiento internacional.
Y en Egipto, las autoridades han tomado medidas drásticas contra el financiamiento internacional para organizaciones de la sociedad civil. Además, los señalamientos negativos hacia activistas egipcios los han llevado a experimentar un aumento en las campañas de difamación, amenazas e intimidaciones.
«Las mujeres activistas en varios países son particularmente vulnerables a las campañas de desprestigio, diseñadas a menudo deliberadamente para ponerlas fuera de combate», dijo Pillay. «Esto me parece particularmente triste en el norte de África y países de Oriente Medio, donde las mujeres jugaron un papel tan importante y valiente, junto a los hombres, en cambiar o retar a sus gobernantes represivos. Agresiones verbales y físicas a los miembros femeninos de la sociedad civil son unos de los primeros signos de que el proceso de reforma está empezando a dañarse. »
«Las ONG deben ser capaces de funcionar sin injerencia del poder ejecutivo», dijo la jefe de la ONU de Derechos Humanos. «Ellas deben ser consultadas y participar en las decisiones de política, sobre todo cuando un Estado está sufriendo grandes transformaciones o procesos de transición. Y no deben ser penalizadas por criticar o cuestionar las políticas y procesos del Estado. Los gobiernos deben entender que la colaboración con la sociedad civil no es un signo de debilidad; es la manera de construir un mundo mejor, más inclusivo».
Pillay señaló asimismo que la libertad sindical está consagrado en una serie de instrumentos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 20) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 22), que es un tratado vinculante que ha sido ratificado por 167 estados, entre ellos todos los mencionados anteriormente.
«Afortunadamente, en muchos países, incluyendo algunas de las democracias emergentes, a la sociedad civil se le facilita funcionar al máximo de su capacidad, como parte de un esfuerzo de colaboración con las instituciones gubernamentales e internacionales. En Túnez, por ejemplo, la oficina de derechos humanos de la ONU está ahora en condiciones no sólo de establecer su presencia por primera vez en su historia, sino también para construir una relación estrecha y dinámica con el gobierno y el floreciente sector de la sociedad civil «, dijo Pillay.
«Es normal que haya tensiones ocasionales en la relación entre las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades, pero es innecesario que estas desciendan a la sospecha, el antagonismo o a la represión pura y simple -por parte de las autoridades-«, dijo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas. «A largo plazo no se gana nada; al contrario una gran cantidad de cosas se pierden cuando los Estados tratan de reprimir a la sociedad civil».
