Lo que Amnistía Internacional dice sobre situación de los Derechos Humanos en Venezuela

El partido gobernante perdió la mayoría de dos tercios en las elecciones legislativas de septiembre.

Hubo manifestaciones a lo largo del año, la mayoría desencadenadas por el malestar en relación con los derechos laborales y los servicios públicos.

El gobierno suspendió la emisión de seis canales de televisión en enero, en medio de expresiones de preocupación por que la medida tuviera como fin restringir el derecho a la libertad de expresión. Cinco de ellos pudieron reanudar la transmisión. El recurso interpuesto por el sexto, RCTV Internacional, seguía pendiente al final del año.

Continuaron los ataques y las amenazas contra defensores y defensoras de los derechos humanos. No se procesó a los responsables.

• En mayo, dos hombres sin identificar que se desplazaban en un vehículo sin distintivos siguieron a Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, organización de la sociedad civil, después de que ésta hubiera criticado públicamente a autoridades militares; más tarde, Rocío San Miguel fue informada de que se había intentado cursar una orden de detención contra ella.
• En julio, Víctor Martínez fue golpeado en la calle por unos hombres sin identificar cuando repartía folletos en los que denunciaba que la policía había participado en la muerte de su hijo, Mijail Martínez, en 2009. Al final del año no se había procesado a nadie por el homicidio de Mijail Martínez ni por el ataque a Víctor Martínez.

Se procesó por cargos de motivación política a personas que habían criticado al gobierno, aparentemente con el fin de silenciarlas.

• En marzo, algunos hombres estuvieron varios días privados de libertad por cargos falsos: Oswaldo Álvarez Paz, miembro de un partido de oposición y ex gobernador del estado de Zulia; Guillermo Zuloaga, propietario de la emisora de televisión Globovisión, y Wilmer Azuaje, candidato a gobernador del estado de Barinas por un partido de oposición. Los cargos seguían pendientes al final del año.
• En abril quedó en libertad Richard Blanco, prefecto de Caracas, tras permanecer cuatro meses en prisión; no obstante, seguía acusado sin fundamento de incitación a la violencia y lesiones a un agente de policía durante una manifestación celebrada en 2009 contra una ley de educación.
• En noviembre comenzó el juicio del sindicalista Rubén González, secretario general de Sintraferrominera, sindicato que representaba a los trabajadores de la compañía estatal CVG Ferrominera Orinoco en el estado de Bolívar. Se lo acusaba de instigación a delinquir, restricción de la libertad del trabajo y violación de la zona de seguridad, tras su participación en una huelga en 2009. Llevaba más de un año en prisión preventiva y los cargos en su contra parecían desproporcionados.

Seguían suscitando preocupación los crímenes basados en el género. La fiscal general anunció en octubre la creación de nuevas fiscalías para hacer frente a los delitos de esta índole. La Fiscalía recibió más de 65.000 denuncias sobre violencia de género entre enero y agosto.

• Seis años después de que cinco hombres secuestraran, violaran y torturaran a Alexandra Hidalgo, sólo dos de los presuntos agresores habían sido procesados. Las autoridades se habían comprometido a garantizar el enjuiciamiento de los responsables, pero no hubo avances en el caso durante el año.
• En abril, Jennifer Carolina Viera fue apuñalada hasta la muerte por su esposo en Valencia. Al esposo lo habían detenido en marzo en Mérida a raíz de la hospitalización de Jennifer, pero luego lo habían puesto en libertad bajo fianza, con una orden judicial de alejamiento que le impedía acercarse a su esposa.

La seguridad pública siguió suscitando gran preocupación y, según los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística, más de 21.000 personas fueron víctimas de homicidio en todo el país en 2009. Hubo denuncias de participación de la policía en homicidios y desapariciones forzadas.

• Wilmer José Flores Barrios se convirtió en septiembre en el sexto miembro de su familia al que mataban en circunstancias que apuntaban a la participación de miembros de la Policía Estatal de Aragua. Al final del año, Venezuela no había tomado medidas para proteger a la familia ni había ordenado una investigación efectiva sobre estos crímenes.
• En marzo, testigos presenciales vieron cómo un grupo de entre 17 y 20 agentes de policía metían a la fuerza en un vehículo sin distintivos a tres trabajadores agrícolas –Gabriel Antonio Ramírez, José Leonardo Ramírez y Nedfrank Xavier Cona– en la ciudad de Barcelona, estado de Anzoátegui. Seguía sin conocerse el paradero de estos tres hombres al término del año. Al concluir 2010 había seis policías detenidos en relación con el incidente, pero seguía en libertad un agente de rango superior.

La jueza María Lourdes Afiuni Mora, detenida en diciembre de 2009 por cargos infundados, continuó en la cárcel en espera de juicio. Tres relatores especiales de la ONU calificaron su detención de revés para la independencia de jueces y abogados en Venezuela y reclamaron su libertad inmediata e incondicional. La jueza Afiuni recibió amenazas en prisión, entre otras de reclusas condenadas en juicios que ella había presidido. También denunció que no recibía la asistencia médica que necesitaba.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó en noviembre su preocupación por el número de muertos y heridos en las cárceles venezolanas. Entre enero y noviembre se documentaron 352 casos de muerte y 736 de lesiones, según las organizaciones nacionales de derechos humanos.

La Comisión reiteró además su preocupación por las condiciones de reclusión tras un motín desatado en marzo en la cárcel de Yare I, en Caracas, que dejó decenas de muertos y heridos, y por los informes recibidos en noviembre sobre violencia entre la población reclusa en la prisión de Uribana, estado de Lara.

13,05,11 Amnistía Internacional