Un solo número encabezó la primera página de El Nacional, una mañana reciente: 1734. Es el número de violaciones de los derechos de la propiedad privada atribuidas al gobierno del presidente Hugo Chávez desde 2005, contabilizados por un grupo que promueve las libertades económicas y personales en Venezuela.
Ahora ese grupo es uno de los muchos que podrían verse afectados por una nueva ley que vagamente define la prohibición a ciertas organizaciones de aceptar dinero del exterior. La ley es uno de los múltiples instrumentos a los que apela Chávez para maniatar a sus críticos.
“Hoy día en Venezuela hay una gran incertidumbre porque muchas organizaciones están en la duda de si seguir haciendo proyectos que estaban financiados por organizaciones estadounidenses, europeas y asiáticas”, dijo Alonso Domínguez, de la organización no gubernamental Liderazgo y Visión.
Domínguez indicó que su ONG se sustenta en gran parte de donantes de Venezuela, pero también ha utilizado fondos extranjeros para organizar cursos de capacitación en liderazgo y política comunitaria. Algunos de esos fondos provienen de la National Endowment for Democracy (NED), una organización que recibe aportes del Congreso estadounidense, y años atrás recibió una pequeña parte de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés).
“Cómo es que vamos nosotros a permitir que partidos políticos, ONG, personalidades de la contrarrevolución sigan siendo financiados con millones y millones de dólares del imperio yanqui”, dijo Chávez en un discurso en noviembre, un mes antes que sus aliados en la Asamblea Nacional promulgaran la nueva legislación.
La “ley de defensa de la soberanía política y autodeterminación nacional” faculta al gobierno a multar a ciertos grupos por una suma equivalente al doble de lo que reciben del extranjero. Además establece que quienes traigan al país invitados extranjeros que “emitan opiniones que ofendan las instituciones del Estado, sus altos funcionarios o atenten contra el ejercicio de la soberanía” serán sancionados con multas e inhabilitación de cinco a ocho años.
La ley es general y no es clara acerca de qué tipos específicos de organizaciones se verían afectadas. Se habla de organizaciones que promueven “la defensa de los derechos políticos” y “las personas naturales que realicen actividades políticas”.
El Departamento de Estado estadounidense ha condenado la ley, y Domínguez y otros dirigentes de seis organizaciones venezolanas entrevistados por The Associated Press dijeron que seguirán solicitando el financiamiento extranjero y combatirán cualquier penalización en los tribunales.
“El reto nuestro es cómo no desaparecer”, dijo Marino Alvarado, director de Provea, un grupo de derechos humanos que depende casi exclusivamente del financiamiento foráneo, incluyendo las donaciones de la Unión Europea y de organizaciones no gubernamentales con sede en Estados Unidos, pero no del gobierno estadounidense.
Provea produce informes detallados sobre la situación de los derechos humanos en el país y aquellos casos de alto perfil como los del dirigente sindical Rubén González, encarcelado por cargos penales derivados de una huelga en el 2009, y la jueza María Afiuni, quien ha estado encarcelada durante más de un año al enfrentar cargos por su decisión de liberar a un banquero encarcelado que posteriormente huyó del país.
Provea también publica estadísticas anuales de asesinatos que el gobierno ha dejado de divulgar: 13.985 homicidios reportados a las autoridades en 2010, lo que confirma la situación de Venezuela, y en particular Caracas, como uno de los lugares más violentos del mundo.
Algunos activistas se preguntan cómo responderán los donantes ante la ley, y si se reducirá el suministro de fondos.
El dirigente oficialista Roy Daza dijo que los grupos de derechos humanos no se verán afectados y que las restricciones tienen como destino “aquellas organizaciones que atacan a las instituciones venezolanas”.
Daza mencionó a Súmate, un grupo que critica duramente el sistema electoral y ayudó a organizar un fallido referéndum revocatorio en el 2004 contra Chávez.
Súmate dice que ha aceptado fondos del National Endowment for Democracy en el pasado pero no ha recibido fondos extranjeros en los últimos dos años. “Obviamente lo que se pretende con esta ley es asfixiar cualquier posible fuente de financiamiento”, dijo Ricardo Estévez, un líder de Súmate.
Feliciano Reyna, director de Sinergía, un grupo de 50 ONG venezolanas que se oponen a la nueva ley, manifestó que los grupos que están preocupados abarcan una amplia gama de asuntos, incluyendo defensores del medio ambiente, derechos de las mujeres, organizaciones católicas de caridad y la promoción de la democracia y los derechos humanos.
La organización mundial CIVICUS, con sede en Sudáfrica y que apoya la participación ciudadana, dice que la ley venezolana establece un peligroso precedente en América Latina.
Ya los programas de ayuda estadounidense han sido rechazados en dos regiones de Bolivia, y en Ecuador las ONG advierten que las nuevas regulaciones podrían usarse para aumentar los controles del gobierno y afectan a sus organizaciones.
Chávez, que sobrevivió un breve golpe de estado en el 2002, ha expresado repetidamente su preocupación de que algunas organizaciones podrían estar usando fondos extranjeros en sus esfuerzos para debilitar al gobierno. Desde entonces ha catalogado a algunos activistas críticos de conspiradores, golpistas y peones de Estados Unidos.
Chávez sostiene que todo lo que ha hecho ha sido en cumplimiento de una revolución social que procura cerrar el abismo secular entre ricos y pobres. Insiste en que en Venezuela hay libertad de expresión y señala que sus oponentes pueden expresar sus puntos de vista en la televisión.
“Aquí no hay dictadura ni habrá dictadura”, dijo Chávez en un discurso reciente.
El país todavía tiene periódicos críticos como El Nacional, que tituló con las cifras de violaciones del derecho a la propiedad, así como estaciones de radio y la televisora abiertamente opositora al gobernante, Globovisión. Los venezolanos han participado en elecciones regularmente desde que Chávez fue elegido por primera vez en 1998. El mandatario tratará de ser reelegido por tercera vez el próximo año.
Sus críticos dicen que el método consiste en acciones cuidadosamente calculadas para enfriar la disidencia, presionar a los medios opositores y hacer a un lado a sus oponentes. Varios políticos de oposición han huido del país debido a acusaciones de haber cometido delitos que afirman son falsas, y la televisora RCTV, opuesta al gobierno, se vio obligada a salir del aire. Otro adversario de Chávez, Alejandro Peña Esclusa, fue encarcelado, acusado de esconder explosivos en su casa. El sostiene que los cargos son falsos y tienen motivaciones políticas.
Carlos Correa, quien es líder de la ONG local Espacio Público, que defiende la libertad de expresión, fue retratado en dibujos animados en la televisión estatal el año pasado, saliendo de la embajada de Estados Unidos con un maletín lleno de dólares. Correa expresó que la caricatura era una mentira, pero lo convirtió en un blanco.
A las afueras de la Asamblea Nacional en diciembre, alguien le tiró un cono señalizador en la cabeza. Mientras intentaba bajar la hinchazón con hielo, un hombre se acercó, lo maldijo y lo amenazó de muerte, recordó.
La nueva ley es un medio de intimidación, según Correa, quien comparó su carácter radical con un arma apuntando: “No sabemos si se nos va a aplicar porque es como que sabes, como un gatillo que tú tienes allí, pero no sabes a quién va a disparar”. (Ian James, Associated Press, 31.01.11)
