Si bien es cierto que en los últimos tiempos han bajado los índices de represión a manifestaciones de protesta con los cuerpos policiales o militares, vale la pena destacar que se mantienen los índices de criminalización de la protesta, con nuevas e irregulares formas, por ejemplo, con sometimiento a juicio militar de ciudadanos por protestar.
Hoy por hoy hay más de 2.500 personas sometidas a proceso judicial por protestar. Muchos de estos procesos están paralizados y los encausados, con expedientes abiertos, viven con la espada de Damocles sobre sus cabezas.
En estos próximos días continúan varios de los juicios emblemáticos en esta materia.
El próximo 10 de abril, el sindicalista y Secretario General de Sintraferrominera, Rubén González, que ya sufrió 17 meses de cárcel por la misma acusación, deberá presentarse en Caracas para la continuación, si no vuelve a diferirse, del juicio en su contra. El Comité de Libertad Sindical de la OIT ya se ha pronunciado por este caso y pide que el sindicalista quede en libertad plena.
Ese mismo día, están citados a un Tribunal Militar Alexis Romero y seis capitanes indígenas de la etnia pemón más por los hechos acaecidos en el 2011en La Paragua, cuando retuvieron a efectivos militares, similares por cierto, a la recientes protesta que protagonizaron ellos mismos en Urimán, en febrero de este año.
El próximo 14 de mayo continúa el juicio que le sigue el Tribunal de la LOPNA a Provea y Homo et Natura por solidarizarse con una protesta de indígenas Yukpa frente al TSJ.
El defensor de Derechos Humanos, Luis Ugas, continúa en prisión, por acompañar una protesta de sin techos en Barcelona. Por cierto, este ciudadano ha denunciado maltratos y tortura durante su detención.
Son varios los expedientes que tienen abiertos dirigentes y trabajadores de Bolívar, lugar donde las protestas, por la naturaleza laboral y sindical, son el pan de cada día.
Y en Táchira, varios trabajadores están sometidos, ilegalmente, a la jurisdicción militar, por protestar reclamando derechos laborales a una contratista que realizaba obras para la Misión vivineda en Fuerte Murachí.
El derecho a la protesta, que parece estar siendo respetado, o por lo menos en la mayoría de os casos no es directamente reprimido, está siendo vulnerado cuando se criminaliza a sus actores, buscado quizás castigos ejemplarizantes para que otros ciudadanos se sientan cohibidos. (Marco Antonio Ponce y Mikel las Heras, Conflictove, 02.04.13)
