La criminalización de la protesta, del trabajo de las ONG y la retaliación en centros laborales por cuestiones políticas son hoy por hoy temas que están el tapete.
La conflictividad social y política en Venezuela después del 14A es evidente. No es creación de los medios ni cuentos de camino, es real y la seguimos viviendo a una semana de las elecciones. En este contexto, debemos rechazar todas las acciones violentas y condenar enérgicamente el asesinato de personas que participaban en protestas, así como la gran cantidad de detenidos y heridos.
Esperamos que estos casos no queden cubiertos con el manto de la impunidad y que se establezcan responsabilidades sobre violaciones de derechos humanos por funcionarios públicos y delitos cometidos por ciudadanos comunes. Las autoridades están navegando por aguas muy alejadas -y alejándose cada vez más- del respeto a los derechos humanos y a nuestra Carta Magna.
Los hechos
Las denuncias de irregularidades en el proceso de votación y la rápida proclamación del candidato ganador trajeron como consecuencia protestas y una sucesión de hechos violentos rodeados de un manejo informativo impropio por parte del gobierno.
El llamado al repliegue, por parte de la oposición, de las protestas ciudadanas en la calle tras las manifestaciones del lunes 15, y la prohibición de una marcha en Caracas por parte del gobierno no evitó la detención y procesamiento judicial de más de cien ciudadanos en Valencia y Barquisimeto, la mayoría jóvenes, por protestar, muchos de ellos mientras lo hacían pacíficamente con cacerolas.
En Barquisimeto, la represión de la Guardia Nacional Bolivariana fue excesiva, y en Valencia, muchos de los detenidos denunciaron malos tratos. A finales de la semana fueron puestos en libertad condicional y pasaron a engrosar la ya muy larga lista de ciudadanos procesados, más de 2.500 en la actualidad, por protestar.
En diferentes zonas del territorio nacional surgieron denuncias sobre bandas de motorizados infundiendo terror con disparos en localidades donde los ciudadanos protestaban pacíficamente.
Las agresiones en el hemiciclo de la Asamblea Nacional a diputados, la negación de palabra, por parte del presidente de la AN, a los representantes de la oposición “hasta que no admitan a Maduro como presidente” y la destitución de varios presidentes de comisiones contribuyeron a alimentar un clima de enrarecimiento, confrontación con una clara violación de los derechos.
Llamaron la atención también las múltiples denuncias de amenazas y despidos de trabajadores no afectos al partido gobernante.
El desmonte, por parte de Provea y de ciudadanos a través de las redes sociales, de la supuesta violencia de opositores contra Centros de Medicina Integrales, que generó la respuesta del ministro de Información y de la Defensora del Pueblo a Provea, con la amenaza y la incitación al odio como protagonista, cerraron una semana que, consideramos, tuvo altos niveles de conflictividad y de vulneración de derechos a los ciudadanos.
Conducción de la conflictividad después del 14A
Desde las primeras semanas de enero advertimos en nuestros reportes de conflictividad social sobre el incremento de las protestas por motivaciones políticas.
Destacamos que el aumento o disminución de la conflictividad dependerá en gran medida de la conducción que dirigentes de la MUD y PSUV den a sus seguidores, pues los espontáneos son pocos. Hasta ahora, exceptuando el comienzo de la crisis, la conducción ha sido efectiva, conteniendo a los grupos más radicales de ambos bandos y bajando los ánimos exacerbados a través de acciones pacificas, como cacerolazos y cohetazos. Valoramos positivamente la decisión del candidato Capriles de suspender la marcha del miércoles, fue uno de los momentos más peligrosos y tensos de la semana.
A partir de estos hechos el país entra en una nueva etapa, donde la gobernabilidad será un desafío para el presidente Nicolás Maduro. Tendrá que reconocer que el país está dividido en dos bloques iguales, y que quienes lo adversan han crecido en calidad y cantidad. También que el chavismo ya no es una mayoría abrumadora.
Por otra parte, la oposición tendrá que aportar esfuerzos para fortalecer la institucionalidad venezolana, como lo ha venido haciendo en los últimos años, y reconocer que un gran sector de la población sigue apostando por la consolidación del modelo socialista propuesto por el gobierno.
De esta manera, la salida a la crisis política deberá iniciar con el reconocimiento del otro y la construcción de puentes democráticos que favorezcan el diálogo, la suma de puntos de encuentro y la resta de diferencias excluyentes. Sobran puntos de encuentro, por ejemplo, la voluntad de las mayorías para dirimir sus diferencias a través del voto.
Si el liderazgo político venezolano evalúa la transformación del conflicto más allá de su simple resolución, tendrá en sus manos una oportunidad de oro para iniciar el dialogo y la reconciliación nacional.
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