(Caracas 14.11.12) El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea, considera que el ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, obliga al gobierno venezolano a adoptar medidas concretas que expresen la voluntad de cumplir con el mandato de ese organismo de monitoreo internacional. Con esta incorporación, el país se convierte en una de las 47 naciones responsables del fortalecimiento, promoción y protección de los Derechos Humanos en el mundo.
En coherencia con los propósitos del Consejo de Derechos Humanos y con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Provea exhorta al Estado venezolano a que ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). De esta manera se uniría a países como Argentina, Ecuador, Salvador y Bolivia que ya dieron el paso positivo de su ratificación. Ser parte del Protocolo Facultativo del PIDESC representaría una muestra tangible del compromiso frente a la comunidad internacional de respeto a la indivisibilidad, universalidad e interdependencia de todos los derechos humanos en amparo de las y los ciudadanos de cada Estado.
Provea exhorta igualmente al gobierno de Venezuela a cumplir con los compromisos asumidos en el marco del Examen Periódico Universal. Su presencia en el Consejo la obliga no sólo a monitorear el cumplimiento de las obligaciones en derechos humanos del resto de países integrantes de la ONU, sino a cumplir de manera ejemplar con el compromiso de desarrollar políticas públicas que permitan superar los déficit existentes en materia de derechos humanos en el país.
Una demostración concreta de voluntad de cumplir con los mandatos del Consejo de Derechos Humanos es que el gobierno permita la visita al país de los distintos relatores de naciones unidas tales como el relator sobre el derecho a la alimentación, vivienda adecuada, educación, Salud, contra la tortura, libertad de expresión, situación de defensores de derechos humanos, derechos de niños y niñas, libertad de reunión y asociación, ejecuciones extrajudiciales, entre otros.
Asimismo, el Programa Venezolano le exige al Estado que reconsidere la decisión de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues esta acción es totalmente incoherente con el hecho de haber asumido el compromiso de ejercer la labor de supervisión internacional en materia de derechos humanos y de ser promotora de los derechos humanos.
Provea expresa que uno de los mandatos del Consejo de Derechos Humanos es el diálogo franco de los Estados con la sociedad civil y particularmente con las organizaciones promotores y defensoras de los derechos humanos. En el marco del Examen Periódico Universal países como Brasil, Uruguay y Noruega, exhortaron al gobierno a promover dicho diàlogo.
Por lo tanto, un acto coherente con ese mandato es que el gobierno rectifique su conducta de descalificar a las organizaciones y activistas de derechos humanos y por el contrario abra espacios para el diálogo y trabajo conjunto en distintas situaciones y temas de derechos humanos, particularmente la elaboración de un Plan Nacional de Derechos Humanos.
