El proyecto de ley que regula la venta de viviendas en construcción o por construir, fue aprobado ayer por la Comisión Permanente de Administración y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional.
El texto pauta las normativas, requisitos y sanciones que deberán cumplirse para la realización de contratos en el mercado de preventas inmobiliarias.
La regulación establece que los constructores deberán notificar a los compradores sobre los precios de venta al público de la vivienda, así como la fecha exacta de culminación de la obra y el plazo máximo para la protocolización del documento de venta.
Asimismo, el proyecto señala que los compradores tendrán derecho a conocer los requisitos necesarios para el financiamiento de sus viviendas. Se prohíbe, además, las modificaciones unilaterales de los contratos suscritos entre las partes.
El texto también contempla que los retrasos justificados en la fecha de entrega no podrá ser mayor de seis meses. La obra que permanezca paralizada por un lapso mayor de tres meses, podrá ser intervenida a petición de los compradores.
En el caso que se presente demoras en la culminación de la construcción, el proyecto prohíbe el cobro de cargos adicionales, estableciendo indemnizaciones para los compradores.
Igualmente, el documento dispone que los aportes realizados nunca podrán ser utilizados a conceptos distintos a la culminación de la obra.
Piden evaluar obras intervenidas
El arquitecto Rafael Argotty, vocero de la directiva nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela, expresó la necesidad de que se instale una comisión evaluadora de los complejos intervenidos por el Gobierno Nacional.
Argotty, indicó que existen pruebas contundentes de la mala ejecución en la construcción de las edificaciones. “El CIV debe nombrar unas comisiones que determinen si la calidad de los materiales utilizados están en correspondencia con los presupuestos originales presentados”, apuntó.
El arquitecto señaló que, a su juicio, el gremio “no se puede lavar las manos” si se logra determinar que no se cumplieron las normativas técnicas. “Además de la responsabilidad de las constructoras, también hay una responsabilidad técnica de los profesionales que participaron en las obras, y eso también debería ser investigado”.
(Andrés Rodríguez, Ciudad Caracas, 11.11.2010, http://ciudadccs.info/?p=119182)
