El pasado 07 de mayo, un tribunal de la ciudad industrial de Ciudad Guayana, en Venezuela, le negó la posibilidad al Secretario General de Ferrominera, Rubén González, de ser juzgado en libertad. Desde mediados del año 2009, este dirigente sindical se encuentra preso por apoyar una huelga de trabajadores para exigir mejoras en sus condiciones laborales. El 26 de agosto de 2009, Radwan Sabbagh -presidente de Ferrominera Orinoco- en un hecho público y conocido acordó con González la finalización del paro, así como la reactivación de las fichas de empleo de un grupo de trabajadores; asimismo convino no tomar represalias en contra de quienes acataron el cese de actividades; evaluar el pago de los salarios caídos de quienes no laboraron durante los 16 días de manifestación y el cumplimiento de sus reivindicaciones. Sin embargo, días después, González era detenido por su apoyo a la acción de los trabajadores, y acusado de los delitos “agavillamiento”, “instigación a delinquir” y “violación de la zona de seguridad”. Desde ese día se encuentra privado de su libertad y si el fallo del tribunal lo declara culpable, puede ser sentenciado a permanecer entre 5 y 10 años tras las rejas. González es un luchador social de conocida trayectoria en la región y militante del partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El caso de Rubén González es un grave precedente del proceso creciente de criminalización de la protesta en Venezuela. Cifras recopiladas por las ONGs en derechos humanos estiman que existe una cifra mayor de 2400 personas sometidas a regímenes de presentación en tribunales por participar en movilizaciones por demandas sociales. Estos procedimientos legales pueden durar años, en donde otros derechos (libertad de expresión, reunión, manifestación) son prohibidos para los procesados y procesadas.
La Campaña por la Defensa del Derecho a la Protesta Social, promovida por una serie de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos (Provea, Espacio Público, Liga de Trabajadores por el Socialismo, Sintraince, Unidad Socialista de Izquierda, Socialismo Revolucionario, Paso a la Nueva Democracia, Periódico El Libertario, entre otros) considera que Rubén González es un preso político del gobierno venezolano, cuyo castigo intenta desmotivar la organización y lucha autónoma de los sectores laborales, contra sus patronos públicos y privados, para exigir y defender sus derechos.
Rubén González necesita ahora nuestra solidaridad activa más que nunca. Por ello estamos motivando a realizar un acompañamiento cercano de sus días tras las rejas, enviándole mensajes de solidaridad, cartas, postales y materiales escritos con los que pueda mantener en alto su autoestima, su espíritu combativo y su sensibilidad por las injusticias contra los asalariados. Por esta razón hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y populares tanto de Venezuela como de América Latina y el mundo, para que le envíen cartas de aliento y solidaridad.
Existen dos maneras de remitir los mensajes
1) A través del correo electrónico [email protected], en donde semanalmente una persona de Ciudad Guayana los imprimirá y se los llevará a su sitio de reclusión. (Rubén González no cuenta con acceso directo a Internet).
2) Enviando tu postal, carta o publicaciones a la siguiente dirección: Patrulleros del Caroní (A la atención de Rubén González), Parroquia Unare, sector Unare II, detrás de los trailers de CVG Alcasa y frente al hogar Madre Emilia, Municipio Caroní, Puerto Ordáz, estado Bolívar, Venezuela.
Libertad inmediata para Rubén González. Libertad plena a todos los procesados por participar en manifestaciones por derechos sociales en Venezuela
Campaña por la Defensa del Derecho a la Protesta Social
http://protestarnoesundelito.blogspot.com
Más información sobre el caso de Rubén González en https://archivo.provea.org/?s=rub%C3%A9n+gonz%C3%A1lez+ferrominera&x=0&y=0
animo y fuerza ruben, todas las buenas causas al final prevalecen, todos los trabajadores te apoyamos y oramos para que se haga justicia