El director de Espacio Público, Carlos Correa, asegura que lo que pretende la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional es dividir a la sociedad civil venezolana entre las organizaciones que serán catalogadas como políticas o no.
Correa argumenta que la ley maneja unas restricciones claramente vinculadas a una doctrina que ve a organizaciones dedicadas a la observación del control, manejo y gestión de lo público, como enemigas del estado.
«La generalización que aplica esta ley entre partidos políticos y organizaciones que manejan acciones de carácter social y de derechos humanos es absurda», destacó.
El instrumento legal, que contiene 10 artículos, tiene por objeto proteger el ejercicio de la soberanía política y la autodeterminación nacional de la injerencia extranjera, «que mediante ayudas económicas o aportes financieros destinadas a organizaciones con fines políticos, dedicadas a la defensa de los derechos políticos o personas naturales que realicen actividades políticas, puedan atentar contra la estabilidad y funcionamiento de las instituciones de la República», reza el artículo 1.
El Partido Comunista de Venezuela recibió fondos de la cooperación internacional para mantener sus iniciativas incluyendo su periódico.
«Las multas son una barbaridad. Intentan forzar a las organizaciones hasta catalogarlas como ilegales», destacó.
Básicamente lo puede suceder es que van a tener que desaparecer, o reducir sus servicios. Es imposible mantener el apoyo a las victimas con los recursos que puedan generar a nivel nacional. Es imposible mantener las actividades de capacitación y promoción de los derechos humanos con las restricciones que contiene esta ley asegura el director de Espacio Público.
«Es del tal calibre lo tratan de controlar, que es una gran regresión; controlar uno de los sentimientos más humildes de la humanidad que es la solidaridad… Controlar a quien tú puedes apoyar, a quienes puedes levantar» comentó.
¿Que implica para el ciudadano de a pie?
Si desaparecen las organizaciones de monitoreo, habrá menor información de contraste. Por lo tanto van a tener menos debate y las políticas públicas serán centradas en unidad ideológica.
El ciudadano común no va a tener menos herramientas a la hora de enfrentarse al poder. Cuando sea atropellado no tendrán opciones para realizar denuncias, señaló Correa.
