En la carta, Venezuela expone las razones por las cuales denuncia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos:
He aquí un fragmento. «Es inaceptable que un país como Venezuela, que ha dado un salto histórico para poner fin a las violaciones de los derechos humanos que eran sistemáticas antes de 1999, sea emplazado y difamado por razones de carácter político, a través de denuncias infundadas, carentes de sustrato probatorio, provenientes de sectores políticos vinculados a actos contrarios a las leyes y a la Constitución, los cuales reciben atención inmediata y son admitidos por la Comisión y por la Corte aún cuando, en todos los casos vinculados a Venezuela, han reconocido que no se habían agotado los recursos de jurisdicción internos y, en algunos casos, ni siquiera se habían interpuesto ante ellos, violando así el artículo 46.1 de la Convención».
Ante este argumento le recordamos al gobierno venezolano que las ONG no somos partidos políticos ni actuamos bajo ningún concepto de este tipo, así que los casos que hemos presentado tanto en la Corte como en la Comisión ha sido con el carácter que define a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y en pro de que los derechos de todas y todos los venezolanos sean respetados. Y precisamente, estos casos han sido elevados ante estas instancias debido a que las víctimas no consiguen justicia dentro los organismos del Estado venezolano.
Un ejemplo de caso ha sido el de las desapariciones forzadas en la tragedia del estado Vargas en 1999 presuntamente por agentes de distintos cuerpos de seguridad pública. Provea, junto con Cofavic (Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989), Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, llevó el caso a la ComisiónIDH y posteriormente la CIDH lo elevó ante la CorteIDH.
Carta
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