PACHAMAMA (1)CIERRE ARBITRARIO DE FUNDACIÓN PACHAMAMA EN ECUADOR PREOCUPA A COALICIÓN

Costa Rica, lunes 9 de diciembre del 2013. Las organizaciones firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas que trabajamos frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como otras organizaciones aliadas, mostramos nuestra preocupación y rechazo frente al cierre arbitrario de la Fundación Pachamama por parte del gobierno ecuatoriano.

Este pronunciamiento se suma a los de otras numerosas organizaciones, y a más de 9,000 personas en todo el mundo que han firmado la petición de Avaaz en rechazo a la medida del gobierno ecuatoriano.

El 4 de diciembre de 2013, la Policía se presentó en las oficinas de la Fundación Pachamama en la ciudad de Quito, y procedió a clausurar las instalaciones de la organización, informando en ese mismo instante de una Resolución del Ministerio de Ambiente que decide disolver la organización.

La decisión se tomó de manera arbitraria, en tan sólo un día, y sin seguir las reglas mínimas del debido proceso legal.

El Ministerio invocó el artículo 26 del Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, conocido como Decreto 16, por el que se prevé como causal de disolución “desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue constituida la organización”, y “dedicarse a actividades de política partidista (…), de injerencia en políticas públicas que atente contra la seguridad interna o externa del Estado, que afecten la paz pública”.

El Ministerio de Ambiente señala que dichas causales aplican a la Fundación Pachamama, por haber participado en una manifestación en contra de la XI Ronda Petrolera, en la que supuestamente habrían tenido lugar actos de agresión contra autoridades internacionales. Sin embargo, la decisión no ofrece sustento probatorio alguno. La Fundación Pachamama, que efectivamente participó en la protesta contra la XI Ronda Petrolera, ha negado categóricamente su participación en ningún acto violento, por lo que el cierre se percibe como un acto de represalia por su posición.

La emisión del Decreto 16 fue cuestionada por diversas organizaciones de la sociedad civil y actualmente enfrenta varias acciones de inconstitucionalidad, no sólo por lo cuestionable de sus disposiciones, sino también por el alto margen de discrecionalidad que deja en el tratamiento de las organizaciones de la sociedad civil.

Así, su aplicación al caso concreto adolece de vicios jurídicos graves. La decisión se tomó sin que hubiera un expediente administrativo abierto contra la organización, sin informar previamente a la organización de las acusaciones y darle la oportunidad de controvertirlas, y sin sustentar fáctica y probatoriamente las alegaciones.

Recordamos al Estado del Ecuador que, de acuerdo a la “Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores”, “toda persona tiene el derecho individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y la libertades fundamentales”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que los Estados deben garantizar que los órganos competentes para el registro y disolución de organizaciones no cuenten “con un amplio margen de discrecionalidad, ni con disposiciones que tengan un lenguaje vago o ambiguo que genere el riesgo de que la norma sea interpretada para limitar el ejercicio del derecho de asociación”.

Por lo anterior, mostramos nuestra preocupación y solicitamos enérgicamente al Estado ecuatoriano que reconsidere su decisión y garantice a la brevedad que la Fundación Pachamama pueda seguir con su labor de defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, con las garantías para ello. (Prensa CEJIL, 09.12.13)

Organizaciones firmantes:

Amazon Watch, organización internacional

Amnistía Internacional, organización internacional

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización regional

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), organización regional

Luz Marina Monzón, Defensora de Derechos Humanos, regional

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), organización regional

Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), Argentina

Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, Argentina

Conectas Direitos Humanos, Brasil

Servicio Paz y Justicia, (SERPAJ), Brasil

Carlos Rodríguez Mejía, defensor de derechos humanos y profesor universitario, Colombia

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), Colombia

Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI, Costa Rica

Observatorio Ciudadano, Chile

Sergio Fuenzalida B., Coordinador del Programa de Derechos Humanos, Universidad Central de Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Chile

Fernanda Carrera Toscano, Periodista, Ecuador

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), El Salvador

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeon Cañas” (IDHUCA), El Salvador

Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Estados Unidos

Washington Office on Latin America, Estados Unidos

Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia –SEDEM, Guatemala

Fundación Myrna Mack, Guatemala

Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA), Guatemala

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Honduras

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), México

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C, México

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., México

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C (CADHAC), México

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), México

Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C., México

Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, A.C, Litiga OLE, México

Red por los derechos de la infancia en México #REDIM, México

Movimiento Autónomo de Mujeres –MAM, Nicaragua

AGORA Espacio Civil, Paraguay

Tierra Viva, Paraguay

Servicio Paz y Justicia, (SERPAJ), Paraguay

Asociación de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC), Perú

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú

Centro de Derechos y Desarrollo, CEDAL, Perú

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Perú

Comisión de Justicia Social de la diócesis de Chimbote, Perú.

Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), Perú

Instituto Promoviendo Desarrollo Social, Perú

Paz y Esperanza, Perú

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, capítulo peruano, Perú

Acción Solidaria en VIDH/Sida, Venezuela

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela

CIVILIS Derechos Humanos, Venezuela

Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC), Venezuela

Espacio Público, Venezuela

Laboratorio de Paz de Caracas, Venezuela

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Venezuela

Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil, Venezuela

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