La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del Equipo Coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA): Rafael Uzcátegui, Esperanza Hermida e Inti Rodríguez así como al excoordinador general y miembro de la Asamblea General de Provea, Marino Alvarado, quien recientemente fue víctima de secuestro, robo y agresiones junto a su menor hijo dentro de su vivienda.
La CIDH solicita al Estado venezolano, de acuerdo al artículo 25 del Reglamento de la Comisión, adoptar las medidas necesarias para preservar la vida e integridad de los cuatro activistas venezolanos y que estos puedan realizar su labor de defensores sin ser objeto de actos de amenaza, violencia y hostigamiento. Por último, solicita al Estado presentar un informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelares.
La comisión considera, tras el análisis de los hechos presentados, que los miembros de Provea se encuentran en una situación de gravedad y urgencia puesto que su vida e integridad personal se encontrarían en riesgo.
Detalla la resolución que el Estado no respondió a la solicitud de información formulada por la CIDH el pasado 05.10.2015 en vista de las posibles situaciones de riesgo que estarían marcadas por dos posibles factores: Primero, la relevancia del trabajo de la organización, en el marco de la elaboración de informes sobre la situación de los DDHH en Venezuela y segundo, las declaraciones públicas realizadas por funcionarios estatales respecto del trabajo de la organización, mediante calificativos que podrían superar el umbral de la opinión sobre la labor que realiza la organización y que podrían constituirse por sí mismos en una fuente de riesgo.
Estas medidas se otorgan en un contexto de permanente ataques contra organizaciones venezolanas de derechos humanos por el hecho de acudir al Sistema Interamericano y Universal de DDHH a denunciar las violaciones cometidas por el Estado venezolano.
La criminalización contra la labor de Provea, encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, a través de medios públicos, arreciaron luego de denunciar las violaciones cometidas por agentes del Estado en el marco de la Operación Liberación del Pueblo.
La solicitud de medidas cautelares fue hecha por 23 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de América Latina, entre ellas la ONG Madres Plaza de Mayo (Línea Fundadora).
A continuación Resolución 36/2015 de la CIDH:
