Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas (la Coalición) así como aquellas que se adhieren al presente pronunciamiento, rechazan la campaña pública de desprestigio del trabajo de las organizaciones y defensores/as venezolanas/os de derechos humanos y exigen el cese de la investigación solicitada ante la Fiscalía General de la República y la campaña sistemática, a través de medios estatales, de descalificación a Espacio Público y al Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).
La Coalición es una red de organizaciones no-gubernamentales y sociales cuya visión es un hemisferio con plena vigencia y respeto de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho. La Coalición trabaja para alcanzar el pleno cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados miembros de la OEA, asegurar la protección a todas las personas y colectivos sujetos a su jurisdicción, garantizar la eliminación de la impunidad en todos los casos de violación de derechos humanos y afianzar un Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos que sea sólido, accesible, reconocido y aceptado por todos los Estados miembros de la OEA.
El 13 de junio de 2010, un integrante del Movimiento Periodismo Necesario[1], solicitó a la Fiscalía General de la República que se inicie una investigación a las organizaciones Espacio Público e Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) para determinar el origen del financiamiento de sus actividades, bajo la premisa que proviene del Departamento de Estado de los Estados Unidos y que presuntamente, este financiamiento está dirigido a medios de comunicación privados y a periodistas en Venezuela.
En diversos medios públicos se mantiene una campaña de ataques personales contra integrantes de Espacio Público, con el objeto de criminalizar el trabajo realizado con apoyo de la cooperación internacional. Así, el lunes 26 de julio de 2010, nuevamente en el programa La Hojilla de Venezolana de Televisión, su presentador Mario Silva, realiza señalamientos en contra de Carlos Correa y Espacio Público, alegando que sus recursos provienen de Estados Unidos, utilizando los documentos presentados por Eva Golinger en el pasado mes de junio[2]. Así mismo, Venezolana de Televisión edita un video en el que se repite una entrevista realizada por Carlos Correa y en el que se presentan los documentos desclasificados[3] señalando que no hay transparencia en los fondos recibidos por Espacio Público, que no hay independencia en la acción de la organización y que la misma sí condiciona el contenido emitido en sus actividades de capacitación.
A su vez, este hecho se inscribe en un patrón documentado de hostigamiento por parte de funcionarios gubernamentales y voceros oficialistas contra las organizaciones de derechos humanos en general[4], y en especial, contra las organizaciones promotoras de la libertad de expresión, periodistas y los medios de comunicación críticos. Este hostigamiento se caracteriza por la descalificación moral y pública ejercida desde los medios gubernamentales, que luego es seguida por la apertura de procesos judiciales[5] y/o la intimidación mediante amenazas públicas.
Carlos Correa, comunicador social, investigador y activista, ha demostrado durante toda su carrera un gran compromiso por la defensa y promoción de los derechos humanos desde diversos ámbitos. Fue coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) 2001-2006 y director del Instituto Radiofónico Fe y Alegría en Venezuela. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de Espacio Público y profesor investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
Por su parte, Espacio Público realiza actividades en la promoción y protección del derecho humano a la libertad de expresión. Sus actividades son legales, públicas y conocidas, se realizan sin ningún tipo de propósito electoral, se ajustan a los diseños y requerimientos que son elaborados de modo autónomo y sin presión alguna por agentes externos o internos. Espacio Público recibe legítimamente cooperación internacional de diversas agencias de cooperación internacionales, que incluyen a gobiernos e instituciones privadas. En este caso lo recibe de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, que es una organización filial de la OEA que a su vez concursa por fondos diversos que incluyen la cooperación del gobierno y pueblo de los Estados Unidos.
Estas actividades responden a su visión de la realidad venezolana y se ajustan a lo establecido en los tratados de derechos humanos ratificados libremente por Venezuela, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y concretamente al artículo 13 de la Declaración sobre los defensores de derechos humanos adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 1998 resolución de la Asamblea General 53/144 que establece el derecho a recibir cooperación internacional. “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales.”[6]
Las organizaciones de derechos humanos rechazan la campaña de desprestigio que realizan distintos medios de comunicación radioeléctricos y electrónicos en contra de la labor de Espacio Público en Venezuela y que han derivado en la apertura de la investigación de dicha organización. Igualmente se rechaza la descalificación personal, y el escarnio público como estrategia para amedrentar a quienes día a día realizan tareas de promoción, defensa y monitoreo de los derechos humanos en el país. En particular, queremos resaltar que la recepción de fondos de cooperación es un acto legítimo que posibilita las tareas de promoción, educación y defensa de los derechos humanos en todo el mundo.
Se solicita al Gobierno venezolano respetar los instrumentos internacionales que resguardan la cooperación internacional, el respeto por la libertad de asociación, el derecho al trabajo y que se eliminen las amenazas a las organizaciones no gubernamentales y a los defensores y defensoras de derechos humanos que hacen vida en el país. Estas acciones tienen como efecto cercenar el libre desarrollo del debate público y la contraloría social, y en consecuencia acarrean un debilitamiento de la democracia al inhibir debates plurales y críticos sobre asuntos de interés nacional.
Argentina
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Bolivia
Oficina Jurídica Para la Mujer
Colombia
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
Ecuador
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) de Quito
El Salvador
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA)
México
Abogadas y abogados para la Justicia y los Derechos Humanos A.C.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Grupo de Mujeres de San Cristobal de Las Casas, A. C
Paraguay
Capítulo Paraguay Foro de Mujeres del Mercosur
Perú
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
Venezuela
Acción Solidaria en VIH/Sida (ACSOL)
Observatorio Venezolano de Prisiones
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC)
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de Caracas
Organizaciones regionales e internacionales
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Global Rights
PIDHDD – Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
Amnistía Internacional –organización observadora de la Coalición
Organizaciones que se adhieren al comunicado de la Coalición
Capítulo Argentina del Foro de Mujeres del Mercosur – Argentina
Centro de Derechos Humanos y Ambiente de Argentina (CEDHA) – Argentina
Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria O.P.» A.C. – México
Centro de Investigación y Promoción Social A.C. (CIPROSOC) – México
AGORA -Centro de Estudios de Estudios para la Promoción y Defensa de los Derechos Fundamentales y Generacionales de Perú – Perú
Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI) – Venezuela
Caritas de Venezuela – Venezuela
Caritas de Los Teques – Venezuela
Comité de Víctimas contra la Impunidad del Estado Lara – Venezuela
Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui – Venezuela
Servicio Jesuita de Refugiados – Venezuela
c.c.
Canciller Nicolás Maduro Moros
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores:
Caracas, Distrito Capital, Venezuela.
Dra. Gabriela del Mar Ramírez
Defensoría del Pueblo
Caracas, Distrito Capital, Venezuela.
Ministro Tarek El Aissam
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (MPPRIJ) –:
Caracas, Distrito Capital, Venezuela.
[1] http://www.youtube.com/watch?v=UBb4PQNcciY
[2] http://www.youtube.com/watch?v=WVX1du-baUM ; http://www.youtube.com/watch?v=WjVWal-R2io
[3] http://www.vtv.gov.ve/videos-especiales-vtv/40539
[4] Así lo señala la CIDH, en el párrafo 588 de su informe sobre Venezuela; Democracia y Derechos Humanos (2009): “La Comisión ha tomado conocimiento de que continúa un clima de hostilidad y amenazas en contra de la vida e integridad física de los defensores de derechos humanos en Venezuela. La información recibida por la CIDH hace referencia a actos estatales dirigidos a deslegitimar y criminalizar la acción de los defensores y de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos venezolanas e internacionales que trabajan en Venezuela. La información recibida por la Comisión también señala que altos funcionarios públicos, incluyendo al Presidente de la República, han acusado públicamente a varias organizaciones de derechos humanos, así como a sus integrantes, de formar parte de una estrategia golpista o de tener vínculos indebidos con países extranjeros que supuestamente planean desestabilizar al gobierno. Más aún, se han llevado a cabo manifestaciones de descrédito profesional a personas que han comparecido ante los órganos de protección del sistema interamericano.”
[5] Los gobiernos suelen servirse del sistema judicial como instrumento de hostilidad y castigo contra defensores de los derechos humanos. A fin de disipar toda impresión de que, en su opinión, la defensa de los derechos humanos sea un acto delictivo, normalmente acusan a los defensores de los derechos humanos de delitos tales como «sedición», «incitación a la rebelión», «tentativa de menoscabar las instituciones» y delitos contra la seguridad del Estado. También es frecuente enjuiciar a defensores de los derechos humanos en base a acusaciones falsas como forma de hostilidad. (Informe de la Relatora, Señora Hina Jilani, Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos, presentado a la Asamblea General las Naciones Unidas en el 57 Período de Sesiones el 2 de julio de 2002).
[6] Declaración sobre los defensores de derechos humanos adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 1998 resolución de la Asamblea General 53/144.
