(Caracas, 29.01.12) La Secretaría Técnica de esta Comisión Presidencial se hace eco del repudio colectivo ante los hechos denunciados recientemente, en relación con la circulación de una serie de fotografías referidas a un acto ocurrido en la Parroquia 23 de Enero de esta ciudad capital, en la cual aparecen un conjunto de niños y niñas con los rostros cubiertos y portando presuntas armas de fuego de alto calibre.
En tal sentido, acompañamos el pronunciamiento formulado en horas de la tarde del día de hoy, a nombre del Gobierno Bolivariano, por el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y Presidente de esta Comisión, Tareck El Aissami.
En la misma perspectiva, deploramos y condenamos categóricamente todo acto que conlleve la utilización y manipulación de niños, niñas o adolescentes con el fin de promover la violencia y el fetichismo en torno al uso de armas de fuego.
Dichas conductas contradicen y vulneran los principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Convención de los Derechos del Niño, en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) y en otros instrumentos fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico.
El proyecto de transformación social que lidera el Presidente Chávez se funda en principios irrenunciables como lo son la justicia, la solidaridad, la paz, el amor, el respeto a la diversidad y a los derechos humanos de todos y todas. Ninguna individualidad o colectivo que funde sus acciones en la promoción de la violencia y en la vulneración de la integridad física o sicológica de niños y niñas puede considerarse parte de un proyecto humanista como el que estamos construyendo en Venezuela.
Valerse de niños y niñas para propiciar conductas marcadas por los antivalores de la violencia y del uso de las armas constituye un acto ética y moralmente intolerable y una forma de apología delictiva que ninguna sociedad democrática y amante de la paz como la nuestra puede aceptar.
Desde esta Secretaría Técnica apoyamos contundentemente la solicitud formulada por el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, para que se proceda de manera expedita a investigar estos hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar. El Ministerio Público, institución rectora de la investigación penal y parte integrante de esta Comisión Presidencial, ya ha procedido consecuentemente asignando dos fiscales para la apertura de la investigación respectiva.
En el marco de lo establecido en la LOPNNA exhortamos a los organismos competentes a evaluar las responsabilidades que recaen en los padres, madres o representantes de los menores de edad afectados por esta situación, o de terceras personas involucradas en los hechos denunciados.
Hacemos un llamamiento a todos los organismos de seguridad con competencia en la materia a seguir profundizando en la implementación de la política de desarme que impulsa el Estado venezolano, lo que involucra la incautación de armas y municiones en condición de ilegalidad. De igual forma instamos a toda la sociedad venezolana a apoyar las acciones tendientes a lograr un desarme efectivo de la población y a denunciar aquellos hechos que atentan contra la paz, la seguridad y la convivencia entre todos los venezolanos y venezolanas.
