La Vicaría de los Derechos Humanos de la Diócesis de Ciudad Guayana, considerando la conmemoración el Día del Trabajador, fecha que recuerda las luchas reivindicativas universales por mejores condiciones de trabajo, al tiempo que llama a la reflexión sobre la protección y garantías del Derecho al Trabajo, ha decidido pronunciarse en torno a una serie de eventos que a la luz de la Constitución Bolivariana de Venezuela y la Doctrina Social de la Iglesia configuran un escenario de riesgos para la plena vigencia de las libertades políticas y civiles de los trabajadores de Guayana y de todo el país.
Antes que nada queremos ratificar como cuerpo eclesiástico que el trabajo humano es muy superior a los restantes elementos de la vida económica, pues estos últimos no tienen otro papel que el de instrumentos. Pues el trabajo humano, autónomo o dirigido, procede inmediatamente de la persona, la cual marca con su impronta la materia sobre la que trabaja y la somete a su voluntad. Es para el trabajador y para su familia el medio ordinario de subsistencia; por él el hombre se une a sus hermanos y les hace un servicio, puede practicar la verdadera caridad y cooperar al perfeccionamiento de la creación divina. No sólo esto. Sabemos que, con la oblación de su trabajo a Dios, los hombres se asocian a la propia obra redentora de Jesucristo, quien dio al trabajo una dignidad sobreeminente laborando con sus propias manos en Nazaret[1].
El Trabajo como hecho social siempre ha sido una fuente de preocupación de la Iglesia en su papel de evangelización de los pueblos y, en ese sentido, exhortamos en el DÍA DEL TRABAJADOR al Estado, a las instituciones de orden público y a la esfera privada a dar estricto cumplimiento a las normas que rigen las relaciones laborales en el país. Más aún a raíz de los últimos acontecimientos relacionados con las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril, donde el pueblo venezolano ejerció masivamente su derecho al voto.
A propósito de la reafirmación de la vocación democrática de un pueblo y al margen de la diatriba por los resultados de las elecciones la cual puede considerarse normal en un sistema de libertades debe privar en las instancias del Poder Público y en la dinámica económica el respeto hacia las ideas y posiciones políticas que manifiesten los trabajadores en libre ejercicio de sus derechos.
Cabe señalar que en un clima de alta polarización política, tan perjudicial para establecer una agenda de entendimiento nacional y promover el diálogo social, las declaraciones con sesgo de revanchismo electoral en nada contribuyen a mantener la estabilidad política. Por el contrario, consideramos que más allá de la natural confrontación de grupos partidistas por el poder político, este es un tiempo propicio para encauzar el desarrollo humano como aspiración legítima de un amplio sector de la sociedad venezolana.
En ese sentido, la Vicaría de Derechos Humanos de la Diócesis de Ciudad Guayana saluda la aclaratoria del Ministerio del Trabajo que, si bien desestimó las denuncias sobre hostigamiento laboral por razones políticas tras los comicios presidenciales, aclaró en un comunicado difundido el pasado 25 de abril que “el ejercicio de los derechos políticos conforme a la Constitución y dentro del marco de las leyes no es una causal de despido”.
Sirva pues la conmemoración del Día del Trabajador para que todos los actores sociales que participan de la actividad económica entablen una discusión sincera, acorde a los valores de un pueblo que ha remarcado con su participación en las recientes consultas electorales la convicción de transitar una ruta pacífica en la resolución de sus problemas.
Apoyamos toda iniciativa, gestión y propuesta que garanticen el bienestar de los trabajadores, así como solicitamos la atención a sus reclamos basados tanto en la legislación laboral vigente (Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras) como en las contrataciones colectivas. Con relación al tema de la negociación colectiva, respaldamos las acciones pacíficas de los sindicatos para exigir la renovación de los conceptos salariales a tono con la realidad socioeconómica del país.
La doctrina social enseña que las relaciones en el mundo del trabajo se han de caracterizar por la colaboración: el odio y la lucha por eliminar al otro, constituyen métodos absolutamente inaceptables, porque en todo sistema social son indispensables al proceso de producción tanto el trabajo como el capital. A la luz de esta concepción, la doctrina social “no considera de ninguna manera que los sindicatos constituyan únicamente el reflejo de la estructura “de clase”, de la sociedad ni que sean el exponente de la lucha de clases que gobierna inevitablemente la vida social”[2]. Los sindicatos son propiamente los promotores de la lucha por la justicia social, por los derechos de los hombres del trabajo, en sus profesiones específicas: “Esta “lucha” debe ser vista como una acción de defensa normal “en favor” del justo bien; […] no es una lucha “contra” los demás”[3].
Por tanto, la Vicaría de Derechos Humanos de la Diócesis de Ciudad Guayana cree conveniente presentar algunas de las propuestas, que en el marco de los Derechos Laborales, el Foro por la Vida presentó en el documento Agenda por la Vida y la Democracia.
- Difundir, respetar y dar cumplimiento a los convenios internacionales de la OIT suscritos por el Estado Venezolano.
- Diseñar e implementar, en consulta con los entes involucrados del Estado de los trabajadores y de los patronos, un Plan Nacional de Empleo, tomando en consideración experiencias internacionales en esta materia.
- Abstenerse de recurrir a la militarización para la solución de los conflictos laborales.
- Adoptar medidas eficaces para disminuir la discriminación en el trabajo por razones de etnia, raza, condición social o de salud, discapacidad, sexo, credo, como de todas aquellas que pretendan anular o menoscabar la igualdad en cuanto a derechos y libertades. Igualmente, garantizar la efectividad de los procedimientos de protección contra actos de discriminación de la mujer trabajadora fundados en su estado de maternidad.
- Adoptar medidas eficaces de protección a los niños, niñas y adolescentes que están en régimen de esclavitud laboral, particularmente en el sector informal y/o como empleados domésticos, contra la explotación económica y el desempeño de cualquier tipo de trabajo que pueda entorpecer su educación y sea peligroso o nocivo para la salud o para su desarrollo integral.
Pbro. Frank Márquez
Vicario Episcopal para los Derechos Humanos.
Juan Campo
Director de la Oficina para los Derechos Humanos.
Osbeira Suarez
Secretaria.
